Hay algo profundamente preocupante en la manera como el gobierno de Abelardo de la Espriella está abordando la transición administrativa: una suerte de tribunal de inquisición empeñado en quemar en la hoguera de las redes sociales a los funcionarios públicos según su historia de servicio al Estado.
Haber servido en la administración de Gustavo Petro lo han convertido en una especie de antecedente político, judicial o administrativo. Se olvidan de que muchos de ellos no pertenecían a ningún partido ni movimiento político. Simplemente hicieron su trabajo.
Los funcionarios públicos trabajan para el Estado, no para el gobernante de turno. En una democracia madura, la alternancia política no debería significar la persecución de quienes ejercieron funciones durante la administración anterior. Un cambio de administración no puede convertirse en la muerte política y laboral de quienes sirvieron al gobierno saliente. Se está sembrando fuego en un país que ha vivido en la hoguera de la guerra fratricida. El país está lleno de víctimas; es una desgracia que haber servido al Estado convierta a millones de compatriotas en víctimas de su propio Gobierno.
Eso no es meritocracia. Es revanchismo, además, pretender construir una narrativa de corrupción generalizada alrededor del Gobierno de Petro. El llamado Libro de la Verdad es un libreto vacío de contenido que demuestra el afán de criminalizar a una administración y legitimar el autoritarismo. Ese texto no prueba nada, solo estigmatiza y criminaliza una gestión.
Por supuesto que las actuaciones que puedan constituir faltas disciplinarias, fiscales o delitos deben ser investigadas. Nadie está por encima de la ley. Pero precisamente por eso las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes, mediante investigaciones serias, pruebas y el debido proceso.
No corresponde a los gobiernos, a los funcionarios políticos ni a las redes sociales dictar sentencias.
Si existieron irregularidades, que se investiguen. Si existen responsables, que respondan ante las autoridades. Pero no podemos aceptar que se pretenda convertir la sospecha en una herramienta de persecución política. Y la estigmatización del opositor, en arma presidencial para instigar el odio.
El Gobierno del Cambio rechaza la estigmatización a los miles de funcionarios públicos que contribuyeron a transformar a Colombia. Quienes hoy llegan al poder deberían comprender que también gobiernan para quienes no votaron por ellos y que tienen la responsabilidad de preservar una administración pública profesional, plural y capaz de garantizar continuidad institucional.
Por supuesto, todo sería diferente si el empalme no hubiese sido una oportunidad perdida. Ese espacio reglado por ley se quiso convertir en un juicio político, marcado por la sospecha y el señalamiento. En este escenario, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Ni el periodismo ni el Gobierno pueden sustituir a los jueces.
La Inquisición no puede regresar. La democracia exige algo mucho más difícil que la revancha: aprender a convivir con la alternancia.
Si hay corrupción, que la justicia la investigue. Si hay delitos, que los responsables respondan. Si hubo errores administrativos, que se determinen las responsabilidades correspondientes. La democracia solo sobrevivirá si todos aprendemos a defenderla también cuando el poder está en manos de quienes no piensan como nosotros.
* Exministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
Por Yolanda Villavicencio*
