Trump consiguió lo que parecía imposible: unir a la mayoría de los líderes políticos del mundo en el mismo rechazo, sin importar sus diferencias ideológicas. La actuación de Estados Unidos fue condenada casi de manera unánime porque constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
La entrada de tropas extranjeras, las detenciones arbitrarias y las “extracciones” ilegales no son simples excesos: son actos que vulneran directamente la soberanía de los Estados y pisotean los principios básicos consagrados en los artículos 2.1 y 2.4 de la Carta. Pretender justificar estas acciones bajo el argumento de capturar a un gobernante acusado de violaciones a los derechos humanos es abrir la puerta a la arbitrariedad y al abuso. Si aceptamos que la fuerza sustituya a la ley, el sistema internacional deja de ser un orden jurídico y se convierte en un campo de imposiciones donde manda el más fuerte.
El respeto al derecho internacional no es un lujo ni una formalidad: es la base misma de la paz y del Estado de derecho. Sin él, las normas dejan de tener sentido y los derechos fundamentales quedan expuestos a la voluntad de quienes detentan el poder militar o político. Estados Unidos, al actuar de esta manera, no solo erosiona su credibilidad, sino que debilita aún más los organismos multilaterales y siembra desconfianza en la comunidad internacional.
Pero mientras el mundo se escandaliza con razón por estas violaciones, otro hecho igual de grave se mantiene en la sombra: Nicolás Maduro sigue sin enfrentar la justicia por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y los crímenes que se continúan cometiendo hoy en Venezuela.
La represión no se detiene, y las cifras son elocuentes: el 5 de enero la ONG Foro Penal reportaba 805 personas presas políticas: 175 militares, 105 mujeres y un adolescente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) contabiliza 23 periodistas detenidos arbitrariamente, más de 60 medios bloqueados en internet y un clima de censura que asfixia cualquier intento de periodismo libre y que se extiende a la ciudadanía, a la cotidianidad reprimida y autocensurada por el miedo diario.
El lunes 5 de enero, durante la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional, 14 periodistas —en su mayoría de medios internacionales— fueron detenidos, se les prohibió transmitir, grabar o incluso tomar fotografías. Aunque fueron liberados horas después, el mensaje es inequívoco: en Venezuela informar es un delito y la represión es política de Estado.
Ahora, ante este ambiguo panorama la pregunta es inevitable: ¿será prioridad en las conversaciones entre Estados Unidos y el ahora gobierno de Delcy Rodríguez la construcción de una transición que siente sus bases en el Estado Social de Derecho y en la garantía de los derechos fundamentales de los venezolanos? ¿Cuál de los actores traerá realmente esto a la mesa? Porque hasta ahora no se ha mencionado nada sobre democracia ni derechos humanos: la prioridad ha sido económica, centrada en el control del petróleo.
Si este proceso de “transición”, impulsado por Trump, se levanta sobre bases que ya violan el derecho internacional, lo que se está construyendo no es democracia, sino una nueva forma de impunidad. Y para la estabilidad mundial, el primer acto debería ser claro y urgente: poner fin a la represión y liberar a todas las personas presas por motivos políticos. Solo entonces podrá hablarse de un verdadero camino hacia la justicia y la paz, y no de un simulacro que perpetúa el abuso y la arbitrariedad.
* María Pía Alvira es directora de América Latrina de Civil Rights Defenders.
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Por María Pía Alvira
