El ambiente de navidad y las emociones de la ciudadanía en Curumani fueron impactadas en grado sumo por el regreso con el alba esta semana de Víctor Julio Velázquez Rodríguez, quien estuvo 14 días secuestrado en los confines de la serranía del Perijá. Después de las caminatas y movimientos en filos y laderas, lo llevaron a la estación de policía; aterrizó con los suyos, que lo vieron llegar barbado, alterado y descompuesto, pero con el ímpetu de vida y disposición que siempre advierte. Por ahora la tragedia de la señora Emilce y sus hijos se diluyó con su furtiva presencia.
Los alcances de este nuevo capítulo de secuestro en el contexto del conflicto armado y la inseguridad que habita en la región demandan una valoración del mundo local y sus elementos fácticos que deben ser abordados por el conjunto de la institucionalidad, las autoridades y la propia comunidad sometida a los vejámenes que desde principios de los ochenta ha padecido el territorio. En efecto, la llegada hace más de cuatro décadas de la organización del ELN al centro del departamento del Cesar, en cabeza del entonces legendario cura Pérez, quien recorría la serranía de San Lucas-Catatumbo-Perijá agitando las bases guerrilleras con las doctrinas de la teología de la liberación y la teorías marxistas, incorporó a muchos de mi generación en los frentes de la guerra fratricida que ha sacrificado nuestras familias y degradado la entidad humana con sus múltiples y perversas manifestaciones. Y aún sigue creciendo la pila.
La situación denunciada a las autoridades por la base social demanda los mínimos de respuesta; conozco que desde finales de 2022 varias organizaciones sociales han requerido al gobierno nacional, a la gobernación del departamento y a alcaldes locales, documentando los hechos concretos que afectan la vida, la seguridad y el desarrollo. El ruego de la federación de juntas comunales, la mesa departamental de victimas y defensores de derechos humanos durante el 2023 al departamento del Cesar para instalar la Mesa Territorial de Garantías por cuenta de las denuncias de desplazamientos forzados, despojos de bienes, confinamientos de familias y otras infracciones al principio de distinción y al Artículo 3 común del Protocolo de Ginebra fueron soslayados por el gobierno de la época a pesar del sólido respaldo de la Defensoría del Pueblo. La indiferencia y desprecio de los gobiernos a la seguridad y suerte de los campos y localidades la pagamos con muertos, secuestros, extorsiones, chantajes que están en la rutina de Curumani, Pailitas, Pelaya, Chimichagua y hasta Tamalameque, para no seguir oteando el horizonte.
Los actos de la autoridad territorial no se pueden limitar a repetir los anuncios de “plan candado”, recompensas por información y compromiso de investigaciones exhaustivas; ese cuento del gallo capón se agotó hace rato, pues los jefes de policía y responsables de la seguridad y orden público son las cabezas de los municipios y la del departamento, junto al mismo presidente, por lo que todos ellos deben activar las herramientas y atribuciones que la ley les dispone. La tragedia de la familia Velásquez Rodríguez, derivada del secuestro y las culebras que deriva esa experiencia, es muy próxima a la que padecen, en “silencio obligado” y sin alternativas, muchos de quienes insistimos en seguir la tarea de vivir los años de soledad y violencia, esperando el cambio.
Estamos convocando a la Conferencia Episcopal de Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional, la Misión de Verificación de Naciones Unidas que acompaña la mesa de diálogos con el ELN, para que, con los gobiernos locales y nacional, la fuerza pública, los jueces y sus organismos de investigación, podamos los ciudadanos de este territorio compartir una agenda de trabajo y cooperación que ampare las garantías y derechos para atrevernos a usar el colchón.
Por Cristian Moreno Panezo
