Nada tiene la Iglesia contra los homosexuales o contra el ejercicio de sus legítimos derechos y deberes ciudadanos.
Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su condición, consciente de que —más allá de la orientación sexual e incluso del comportamiento sexual de cada uno— toda persona tiene la misma dignidad ante Dios y ante el Estado.
Nuestro respetuoso desacuerdo con el denominado “matrimonio homosexual” no está fundado en posturas homofóbicas o discriminatorias. Mucho menos en el deseo de “imponer” a la sociedad una moral religiosa al margen del sano pluralismo democrático.
Nuestras razones obedecen a una motivación muy diversa: al respeto que nutrimos por los valores sociales que sustenta y manifiesta la dignidad humana. Uno de esos valores, uno muy importante, es la familia, núcleo y fundamento social.
Es claro que la familia no es una realidad estática. A lo largo de la historia se ha desplegado produciendo diversos modelos de organización. Todos ellos, sin embargo, reflejan la existencia de una estructura esencial: la unión del hombre y de la mujer que además le da origen.
Esa estructura, acogida por el artículo 42 de nuestra Constitución para definir la naturaleza de la familia, no es una imposición religiosa o moral. No responde siquiera a una configuración política o jurídica meramente coyuntural, sino que hunde sus raíces en una realidad antropológica que antecede a la religión, a las culturas, al Estado y a sus leyes. Someter a la familia y al matrimonio a modificaciones artificiosas, a una caprichosa labor de reingeniería es una apuesta política arriesgada cuyas consecuencias no logramos vislumbrar.
Pero se trata además de una apuesta innecesaria. No hace falta “reinventarse” la naturaleza de la familia y del matrimonio para garantizar los verdaderos derechos de las parejas homosexuales. Existen caminos menos radicales e impositivos, menos fundamentalistas, respecto a los planteados por el proyecto de ley sobre “matrimonio homosexual” que hace trámite en el Congreso; caminos que podrían integrar mejor los intereses legítimos de las parejas homosexuales con los intereses —también legítimos— de los demás ciudadanos. El consenso es posible y deseable. Para ello el Congreso deberá trascender la demagógica ficción política del enfrentamiento entre las minorías y las mayorías para encontrar, con equilibrio y justicia, el camino que nos beneficie y nos dignifique a todos.
* Secretario adjunto de la
Conferencia Episcopal de Colombia.
Nada tiene la Iglesia contra los homosexuales o contra el ejercicio de sus legítimos derechos y deberes ciudadanos.
Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su condición, consciente de que —más allá de la orientación sexual e incluso del comportamiento sexual de cada uno— toda persona tiene la misma dignidad ante Dios y ante el Estado.
Nuestro respetuoso desacuerdo con el denominado “matrimonio homosexual” no está fundado en posturas homofóbicas o discriminatorias. Mucho menos en el deseo de “imponer” a la sociedad una moral religiosa al margen del sano pluralismo democrático.
Nuestras razones obedecen a una motivación muy diversa: al respeto que nutrimos por los valores sociales que sustenta y manifiesta la dignidad humana. Uno de esos valores, uno muy importante, es la familia, núcleo y fundamento social.
Es claro que la familia no es una realidad estática. A lo largo de la historia se ha desplegado produciendo diversos modelos de organización. Todos ellos, sin embargo, reflejan la existencia de una estructura esencial: la unión del hombre y de la mujer que además le da origen.
Esa estructura, acogida por el artículo 42 de nuestra Constitución para definir la naturaleza de la familia, no es una imposición religiosa o moral. No responde siquiera a una configuración política o jurídica meramente coyuntural, sino que hunde sus raíces en una realidad antropológica que antecede a la religión, a las culturas, al Estado y a sus leyes. Someter a la familia y al matrimonio a modificaciones artificiosas, a una caprichosa labor de reingeniería es una apuesta política arriesgada cuyas consecuencias no logramos vislumbrar.
Pero se trata además de una apuesta innecesaria. No hace falta “reinventarse” la naturaleza de la familia y del matrimonio para garantizar los verdaderos derechos de las parejas homosexuales. Existen caminos menos radicales e impositivos, menos fundamentalistas, respecto a los planteados por el proyecto de ley sobre “matrimonio homosexual” que hace trámite en el Congreso; caminos que podrían integrar mejor los intereses legítimos de las parejas homosexuales con los intereses —también legítimos— de los demás ciudadanos. El consenso es posible y deseable. Para ello el Congreso deberá trascender la demagógica ficción política del enfrentamiento entre las minorías y las mayorías para encontrar, con equilibrio y justicia, el camino que nos beneficie y nos dignifique a todos.
* Secretario adjunto de la
Conferencia Episcopal de Colombia.