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La reforma a la Ley General de Cultura aborda aspectos urgentes para el sector, pero también plantea desafíos frente a varios retos contemporáneos del ecosistema musical.
El Proyecto de Ley 630 de 2025, que reforma la Ley General de Cultura, ha despertado un comprensible interés en el sector musical colombiano. Por primera vez se reconoce a músicos y compositores como agentes culturales fundamentales y avanza en derechos laborales. Sin embargo, persisten desafíos que limitarán su impacto si no se acompañan de acciones estructurales y recursos concretos.
La iniciativa aborda aspectos urgentes: seguridad social flexible (Art. 42), exenciones fiscales para intérpretes (Art. 50), promoción internacional de la música (Art. 18) y enfoque diferencial para comunidades étnicas y rurales (Art. 9). Todo ello representa avances significativos para un sector históricamente marginado.
Sin embargo, el proyecto plantea desafíos frente a varios retos contemporáneos del ecosistema musical. En un entorno digital donde han cambiado los modelos de creación, distribución y consumo, la ausencia de enfoque frente a la remuneración justa en plataformas de streaming y la inteligencia artificial (Art. 14) se debe atender. También es clave enfrentar retos como la piratería, que, según ACODEM, representa más del 50 % de pérdidas en ingresos.
En lo educativo, el Art. 33 promueve la formación artística, pero aún no define carga horaria mínima de música ni garantiza dotación instrumental en escuelas públicas. Para llenar este vacío se debe reconocer el poder transformador de la educación musical, ampliamente documentado. Como dice Daniel Barenboim: “La música es quizás el único arte que puede dar una visión simultánea del individuo y la sociedad, del yo y del otro. Por eso tiene un potencial enorme para transformar el mundo.”
Bogotá ha demostrado que la música puede ser motor de desarrollo social. El Sistema de Formación Musical de la Filarmónica, que atiende a casi 30.000 niños en colegios públicos y territorios priorizados, ha mejorado indicadores de convivencia, rendimiento académico y cohesión comunitaria. Esta política pública, que articula cultura y educación, es hoy un referente nacional e internacional.
Otros países ya entendieron que la educación musical no es un lujo. Finlandia la incluye como asignatura obligatoria desde la infancia. Corea del Sur invierte desde etapas tempranas como parte de su estrategia cultural y económica. Austria ha integrado el acceso temprano a la música como base de su sistema educativo, consolidando así una potencia musical sin perder sus raíces. Colombia no parte de cero: hay experiencias exitosas en Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Pero para que florezcan en todo el país, el Congreso y el Ministerio de las Culturas tienen la oportunidad de actuar con visión estructural.
Algunas recomendaciones clave son reconocer la música como derecho fundamental en la educación básica, con carga horaria mínima y acceso a instrumentos. Asignar recursos específicos para infraestructura, formación docente y dotación musical escolar. Articular la escuela y el entorno profesional, como ya hace la Filarmónica de Bogotá; Fomentar coordinación entre Cultura, Educación y TIC para políticas coherentes en la era digital y escalar experiencias locales exitosas a nivel nacional. Con estos elementos, la Ley podrá ser un aporte invaluable en el sueño de impulsar un ecosistema musical con gran impacto social.
- Director General, Filarmónica de Bogotá
Por David García*
