Avanzar para construir un diálogo capaz de iluminar el disenso en la universidad pública

La rectoría de Peña finalizará en 2027.

Foto: Camilo Suárez

«El valor es buscar la verdad y decirla; es no someterse a la ley de la mentira triunfante que pasa, y no hacer eco, con nuestra alma, nuestra boca y nuestras manos, de los aplausos necios y de las burlas fanáticas». Con estas palabras, Jean Jaurès, el humanista más íntegro del socialismo francés, terminaba su Discurso a la juventud en 1903. En él, instaba a los ciudadanos a defender la democracia mediante el rechazo a la mentira hoy definida como posverdad y la resistencia a los aplausos fáciles de los fanáticos que buscan, con el estruendo, nublar o permear el pensamiento ajeno. Se trata, ante todo, de un llamado a la serenidad en la acción.

En consecuencia, la universidad no puede ser un espacio de dogmas o de obediencia ciega, sino el escenario donde prevalezcan el rigor y el pensamiento crítico. La verdadera honestidad académica nos exige que cada argumento esté basado en evidencia, alejándonos de la retórica que busca imponerse por la fuerza del ruido. Un universitario digno de ese nombre debe tener la valentía de cuestionar sus propias ideas y creencias, permitiendo que la razón, y no la manipulación externa, se convierta en la brújula de sus acciones. Solo a través de este ejercicio de libertad intelectual podremos garantizar que nuestra universidad siga siendo un faro de conocimiento y no un rehén de intereses particulares, dominado por la violencia simbólica.

Esta autonomía del espíritu que reclamaba Jaurès no puede sostenerse en el vacío; requiere de una base material que la proteja de las presiones externas. Para que la libertad de cátedra y el rigor científico no sean vulnerables a la asfixia presupuestaria o al control político, es imperativo transitar hacia modelos de gestión que garanticen la independencia institucional. No basta con desear una universidad libre; es necesario construir pilares económicos que permitan que esa libertad sea permanente. La historia de las instituciones académicas más prestigiosas nos enseña que la soberanía intelectual nace, precisamente, de la diversificación y solidez de sus recursos.

Hay un momento en la historia de las grandes universidades del mundo en que la pregunta sobre el financiamiento dejó de tener una sola respuesta correcta y se convirtió en una arquitectura. Harvard no es Harvard solo porque el Estado federal la financie, ni el MIT lo es porque el gobierno le transfiera presupuesto cada año. Incluso instituciones con una tradición pública tan profunda como la Sorbonne han comprendido que su prestigio milenario requiere hoy de alianzas estratégicas y fondos diversificados para no quedar rezagadas. Del mismo modo, el University College of London (UCL) se ha consolidado como un referente global por su capacidad para atraer inversión y filantropía que blindan su independencia científica. Y el caso del sistema de la Universidad Estatal de California es particularmente ilustrativo: siendo el sistema universitario público más grande de Estados Unidos, ha logrado ampliar el acceso y fortalecer la movilidad social mediante una gestión audaz de recursos propios y una relación inteligente con el sector productivo.

Estos sistemas universitarios son lo que son porque construyeron una estructura financiera sofisticada donde la transferencia tecnológica, las patentes, los endowments y los convenios no reemplazaron la misión académica, sino que la protegieron y la hicieron sostenible. Esa diversificación les dio autonomía real y les permitió producir conocimiento con continuidad, sin depender de los vaivenes del gobierno de turno. Ese mismo horizonte de estabilidad es el que comenzamos a trazar en Colombia con la aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Gracias al ejercicio político de la comunidad académica, con un protagonismo indiscutible del movimiento estudiantil, el Estado garantiza hoy una base de recursos que permite superar la crisis financiera de los últimos años. Sin embargo, este triunfo legislativo debe leerse como un punto de partida: asegura la supervivencia, pero también nos exige construir sobre esa base una arquitectura financiera más robusta, diversificada y capaz de blindar la autonomía universitaria en el largo plazo con el respaldo de la sociedad y nuestro mayor activo: nuestros egresados y todas aquellas personas que aman su universidad.

Esta realidad ya se experimenta, además, en nuestra Universidad Nacional: el aporte económico de la Secretaría de Educación de Bogotá, y de otros municipios, para apoyar a estudiantes de las zonas rurales en programas como el PEAMA Sumapaz demuestra que es posible recibir recursos sin interferencias en nuestras decisiones académicas. Asimismo, la participación en proyectos de regalías o de extensión brinda a nuestros estudiantes una experiencia laboral y un aprendizaje académico que difícilmente obtendrían en otros entornos. Esta relación con organizaciones públicas y privadas que financian proyectos de investigación en todas las áreas del conocimiento no es una traición a lo público; es su forma más robusta de existir.

Una visión que exija que los recursos sean exclusivamente estatales, aunque comprensible a la luz de las restricciones presupuestales acumuladas, le cierra a la universidad colombiana posibilidades que las mejores instituciones del mundo han aprovechado sin perder su esencia.

Las patentes, por ejemplo, no son instrumentos de mercantilización, sino mecanismos de protección y valorización del saber producido con recursos públicos. Una universidad que desarrolla una semilla resistente a la sequía o un sistema de biorremediación no traiciona su misión al proteger ese hallazgo mediante propiedad intelectual; al contrario, asegura que ese conocimiento no sea apropiado gratuitamente por actores privados y genera recursos para reinvertir en la investigación. Lo mismo ocurre en las ciencias sociales: una investigación sobre conflicto territorial o economías campesinas puede convertirse en insumo para políticas públicas, retornando recursos a la institución, además de fortalecer la construcción de conocimiento en estudiantes y profesores que lideran dichos proyectos, sin que la agenda científica se subordine a intereses particulares.

En esa misma lógica, la salud pública universitaria muestra con claridad por qué la arquitectura de financiación no es un capricho, sino una condición de posibilidad. Dos de nuestros esfuerzos más ambiciosos, la reapertura del hospital San Juan de Dios y la segunda fase del hospital universitario, requieren el apoyo decidido de la nación, de la Ciudad de Bogotá y del departamento de Cundinamarca, pero la magnitud del sueño solo será posible si juntos construimos modelos que les den viabilidad, protejan su misión de servicio y permitan que el conocimiento clínico, la docencia y la investigación no dependan de coyunturas, sino de una estructura estable y responsable.

Esto no significa exonerar al Estado de su responsabilidad. Todo lo contrario. El argumento es que la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual deben complementar la financiación estatal dentro de esa arquitectura robusta que ahora podemos edificar gracias a la nueva ley. Una universidad que solo depende del presupuesto público es vulnerable a ciclos políticos y restricciones fiscales; una que combina el apoyo estatal con ingresos generados por su excelencia es una institución más libre y estable. Se ha dicho que existe una lucha entre dos modelos excluyentes, pero estoy convencido de que no es así: existen múltiples formas en las que la sociedad se beneficia de la investigación y la extensión, y estas deben coexistir. Justamente eso es la universidad: el lugar donde conviven diversas formas de ver el mundo.

La Universidad Nacional de Colombia tiene hoy la oportunidad de liderar este debate desde adentro, con la solvencia de quien conoce sus propias capacidades, formula las preguntas necesarias, incorpora nuevos espacios de reflexión, implementa y construye un nuevo relato de país, acorde con los cambios civilizatorio y epocal de nuestro tiempo y además incorpora los nuevos lenguajes y desarrollos científicos y tecnológicos como la IA en todas las disciplinas, acordes con la Humanidad Digital. La pregunta que queda abierta es si estamos dispuestos a construir juntos esa universidad más libre, sólida, autónoma y respetuosa de las ideas contradictorias, o si preferiremos seguir discutiendo en qué bando estamos, mientras el país sigue esperando el conocimiento que todavía le debemos, ahora mismo cuando nuestros ciudadanos requieren que los debates políticos y la elección presidencial acompañen con urgencia esta conversación que marcará sin duda, de manera preponderante, el futuro de la nación colombiana.

* Rector de la Universidad Nacional de Colombia.