El futuro digital de Colombia está en juego y nadie quiere verlo. Imagínense un país donde solo dos empresas deciden cómo accedemos a internet, cuánto pagamos y qué cobertura tendremos. Un país donde miles de escuelas y municipios seguirán desconectados, condenados a no tener educación de calidad, telemedicina, trámites en línea ni oportunidades de desarrollo. Esa es la amenaza que enfrentamos con la inminente configuración de lo que en la práctica sería un duopolio en el sector de las telecomunicaciones.
Si la fusión entre Tigo y Movistar se aprueba sin condiciones sólidas, el mercado móvil quedará en manos de dos gigantes: Claro, con más del 50 %, y la nueva empresa, que junto al dominante acaparará más del 92 %. El único competidor restante con espectro, WOM, con menos del 8 %, será irrelevante para generar competencia real. Y un mercado así no solo es injusto: es peligroso.
Cuando la competencia real desaparece, los ciudadanos pagamos la cuenta. Los precios suben o se estancan, la calidad se deteriora y la innovación se frena porque no hay incentivos para mejorar. En el campo, un duopolio priorizará zonas rentables, dejando la ruralidad rezagada y desconectada. Las PYMES, los estudiantes, la telemedicina, los emprendedores digitales sufrirán costos más altos, menor conectividad y menos oportunidades. Incluso aumenta el riesgo de “acuerdos implícitos” en precios y condiciones; hace poco Movistar fue sancionada por prácticas anticompetitivas. Arman sus “cárteles” y pagamos todos el valor de sus avionadas.
Esto no es teoría. Desde hace casi cinco años, la CRC declaró la dominancia de Claro. En mi época como congresista, trabajé para que se lograra esa declaratoria, a pesar del miedo o sospechosa negativa del ministerio de la época y de algunos integrantes de la CRC, logro que quedó incompleto: no se impusieron medidas correctivas reales. No hubo regulación de acceso mayorista, ni reglas claras de tarifas, ni incentivos para nuevos competidores.
El resultado: salidas como ETB y DirecTV, la retirada de Telecall (sospechosa), la reorganización de Azteca, WOM debilitado y Tigo que necesitó capital de EPM para sobrevivir antes de la subasta 5G.
El propio Ministerio TIC habla de “crisis profunda”. La fusión no busca más competencia, sino sobrevivir en un entorno dominado por Claro. Y si el Estado no actúa, ese entorno será una trampa para todos.
Un Gobierno progresista debería garantizar equidad digital, abrir la puerta de verdad a nuevos actores —no con anuncios que terminan en nada—, vigilar precios cuando hay abusos y asegurar la conectividad como derecho. Pero vemos inacción: sin sanciones efectivas ni regulación moderna, mientras se permite este duopolio.
No nos engañemos: permitir esta concentración sería hipotecar por décadas el acceso a la educación, el emprendimiento, el empleo y la información libre. El mercado digital se convertiría en un cuello de botella que frenará la competitividad por la que tanto trabajamos.
Por eso, debemos exigirle al Gobierno y a los reguladores: 1. Defender la competencia evitando fusiones que reduzcan el mercado a dos actores dominantes o por lo menos condicionándolas para fomentar una verdadera competencia. 2. Proteger al usuario con reglas claras, sanciones reales y precios justos (activando la declaratoria de dominancia de Claro). 3.Garantizar conectividad plural y de calidad, especialmente en las zonas rurales y apartadas.
Colombia merece más que dos operadores decidiendo nuestro futuro digital. Merece un mercado abierto, competitivo y justo. Y, sobre todo, que sus autoridades actúen, el Congreso le haga seguimiento y la ciudadanía se empodere por los derechos digitales antes de que sea demasiado tarde.
* Excongresista.
Por Mauricio Toro
