La trampa del reordenamiento regional y el dilema entre Washington, Ucrania y China

Este artículo complementa el análisis publicado bajo el título “Colombia ante el nuevo orden global: desafíos y prioridades de política exterior” (IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, julio de 2026), que examinó las fracturas del orden internacional, el posicionamiento ante Ucrania, la relación con Estados Unidos, China y el Asia-Pacífico, y el estado de la arquitectura de inteligencia. El presente texto profundiza en la dimensión latinoamericana de ese desafío estratégico.

La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 no fue solo un cambio de gobierno: fue la inserción de Colombia en un reordenamiento regional cuya lógica interna es más compleja y más peligrosa de lo que la lectura inmediata sugiere. En el lapso de tres años, América Latina transitó del eje Petro-Lula-AMLO-Boric —que en su momento más influyente controlaba la agenda regional— a un arco de gobiernos conservadores que incluye hoy a Argentina con Milei, Chile con Kast, Ecuador con Noboa, Paraguay con Peña y Perú con Fujimori. Colombia con De la Espriella completa ese mapa. Brasil y México son las excepciones, y ambos lo saben.

Pero ese reordenamiento no ocurre en un vacío geopolítico: ocurre en el mundo más turbulento desde la posguerra, con la guerra en Ucrania de nuevo en el centro de la agenda global de seguridad y alianzas, con China consolidada como segunda potencia mundial y presente en el hemisferio de formas que van desde la infraestructura portuaria hasta la cooperación militar, y con la Doctrina Donroe de Trump —la renovación del intervencionismo hemisférico bajo el imperativo de que “no necesito el derecho internacional”—redefiniendo las reglas del juego en el continente. Leer el reordenamiento latinoamericano sin ese telón de fondo es leerlo mal.

La ambigüedad estratégica del gobierno Petro ante ese mundo —que no fue incoherencia sin brújula sino una política con dirección geopolítica identificable, sistemáticamente favorable a las posiciones de Moscú en sus efectos prácticos— dejó a Colombia con cuatro años de credibilidad internacional deteriorada, una arquitectura de inteligencia comprometida, el Grupo Egmont perdido y la relación con Washington en su punto más bajo desde la crisis de las pirámides. Ese es el punto de partida real del nuevo gobierno, no el entusiasmo del giro regional.

El triángulo difícil: Brasil, México y Venezuela

Con la llegada de De la Espriella, Lula pierde su último aliado ideológico en el sur del continente. El presidente brasileño había construido con Petro y Sheinbaum un triángulo de resistencia a la Doctrina Donroe que el resultado colombiano desarticuló. Para el nuevo gobierno, esto plantea una ecuación de difícil manejo: si acompaña la presión de Washington sobre Lula en las elecciones brasileñas de octubre de 2026 —Trump apoya explícitamente a Flavio Bolsonaro—, deteriora su relación con la mayor economía de América del Sur, socio comercial de primer orden y país que comparte con Colombia la Amazonia, la biodiversidad y el problema del crimen organizado transnacional. Si se distancia de esa presión, pierde puntos con Washington en el momento en que más necesita reconstruir la confianza destruida por el gobierno anterior.

La posición de Brasil ante Ucrania añade una capa de complejidad adicional. Lula practicó durante su mandato exactamente la misma ambigüedad que Petro: propuestas de mediación que Occidente percibió como favorables a Moscú, negativa a condenar explícitamente la invasión, mantenimiento de relaciones con Rusia en el marco del BRICS. Si Colombia adopta la posición que su propio interés estratégico exige —la condena a la agresión rusa como principio irrenunciable del derecho internacional, la misma posición que el gobierno Duque sostuvo en la OEA y la ONU en marzo de 2022 y que Boric mantuvo aún siendo presidente de izquierda—, la diferencia con Brasilia no es solo ideológica sino doctrinaria. Esa posición no puede modularse en función de la relación bilateral: la credibilidad internacional de Colombia depende precisamente de no hacerlo.

De la Espriella respondió al mensaje de felicitación de Lula planteando una relación basada en “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”, afirmando que su compromiso “no es de ideologías sino de extrema coherencia”. La fórmula es correcta. Pero el contexto la pone a prueba desde el primer día. La relación con México de Claudia Sheinbaum ofrece un modelo más útil que el de la confrontación o la condescendencia: Sheinbaum practicó ante Trump exactamente el pragmatismo diferenciado que Colombia necesita aprender —cooperación fronteriza activa, extradiciones históricas de narcotraficantes, sin aceptar soldados estadounidenses en su territorio—. Ante la victoria colombiana, la presidenta mexicana expresó su deseo de buenas relaciones, señalando que “más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos”. Es un lenguaje de Estado, no de militancia. Colombia haría bien en responder en el mismo registro.

Venezuela completa el triángulo y es, de los tres, el vértice más urgente. La captura de Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas militares estadounidenses —primera operación de ese tipo desde la invasión de Panamá en 1989— y el reconocimiento posterior por parte de Trump del gobierno de Delcy Rodríguez como interlocutor válido configuran una situación inédita: Washington captura al hombre que gobernó Venezuela durante una década, luego negocia con su heredera, y Colombia queda en medio de esa ecuación sin posición propia definida. El ELN opera desde territorio venezolano con santuarios en Apure y Táchira que el régimen de Caracas tolera o facilita activamente. Los grupos disidentes de las FARC tienen presencia documentada en la frontera venezolana. Y la red de inteligencia rusa que la Operación Enigma de 2020 reveló activa en Colombia usa a Venezuela como nodo de tránsito. Para De la Espriella, la relación con Caracas no es una opción de política exterior: es una variable de seguridad interna que no puede gestionarse ni con la complicidad que practicó Petro ni con la confrontación abierta que Trump preferiría. El modelo que ofrece más utilidad analítica es el de una presión firme, condicionada y verificable: reconocimiento diplomático a cambio de control efectivo de los grupos armados en la frontera, no como gesto de buena voluntad sino como condición explícita del relacionamiento.

La tensión de fondo con Brasil y México no es solo ideológica: es sobre el modelo de inserción en el sistema internacional. La historia latinoamericana enseña que las relaciones con ambos países son demasiado importantes para Colombia —comercial, energética y amazónicamente— para sacrificarlas en aras de la sintonía con Trump. El desafío estratégico no es elegir entre someterse a la Doctrina Donroe o enfrentarla, sino construir valor propio: ser aliado de Washington sin convertirse en instrumento de la presión estadounidense sobre vecinos con quienes Colombia tiene intereses concretos e irreemplazables.

El eje natural: Ecuador y Perú

En contraste con esa complejidad, las relaciones con Ecuador y Perú representan el escenario más favorable del mapa regional para De la Espriella, y el más directamente vinculado con la agenda de seguridad. Daniel Noboa fue uno de los primeros en reaccionar: “Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”. Semanas antes de la elección, ambos dirigentes habían anunciado acuerdos sobre comercio, seguridad y cooperación bilateral que se materializaron con la eliminación de la tasa de seguridad que Ecuador aplicaba a productos colombianos.

La relación con Ecuador tiene una dimensión que trasciende la afinidad política: es una urgencia operacional. Al menos once bandas locales y ocho grupos armados colombianos se disputan en la frontera compartida el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos. El vaciamiento de las capacidades militares durante el gobierno Petro —80 generales retirados en cuatro años, más de $428.000 millones recortados al presupuesto de la Fuerza Pública— tiene consecuencias directas sobre la capacidad de Colombia de asumir compromisos operacionales en esa frontera. La afinidad con Noboa no sustituye la capacidad: la presupone. El excanciller ecuatoriano Patricio Zuquilanda lo advirtió con claridad: “Ecuador no debería diseñar su política exterior únicamente en función de quién gobierne en los países vecinos”. Es un principio que aplica con igual rigor para Colombia.

Con Perú, el panorama es igualmente promisorio. De la Espriella felicitó a Fujimori con un mensaje que apunta a la agenda de cooperación: “Vamos a estar juntos como presidentes. Vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional”. El Pacto Andino, maltrecho durante años, podría encontrar aquí una nueva base operativa. Perú comparte el problema del narcotráfico como eje estructural de su conflicto de seguridad interna y el interés en la cooperación en inteligencia financiera —precisamente el ámbito en que Colombia quedó excluida del Grupo Egmont bajo el gobierno Petro—. Tanto Ecuador como Perú forman parte del Escudo de las Américas desde su fundación en marzo de 2026, lo que hace de la adhesión colombiana una integración natural a una arquitectura donde sus aliados andinos ya tienen posición establecida.

Argentina y Chile: la sintonía ideológica y sus límites

Javier Milei viajará a la posesión de De la Espriella el 7 de agosto, confirmando la formación de un bloque regional de derecha que denomina “marea azul”. La presencia de Milei en Bogotá no es un gesto protocolar: es una declaración de pertenencia a un campo político definido. José Antonio Kast, quien gobierna Chile desde marzo de 2026, completa el cuadro de los aliados ideológicos naturales del nuevo gobierno.

La sintonía con Argentina y Chile ofrece ventajas reales: reconstitución de la arquitectura de inteligencia, diversificación de proveedores de defensa, reposicionamiento en el bloque democrático occidental. Es relevante recordar que fue Chile bajo Boric —presidente de izquierda— quien adoptó una posición de condena directa a la invasión rusa de Ucrania, asistió a la Cumbre de Paz convocada por Zelenski y marcó el contraste más nítido con la ambigüedad petrista. Que Kast mantenga esa posición de principio ante Ucrania es un factor de coherencia para la nueva agenda exterior colombiana: la posición ante la guerra no debería cambiar según el color del gobierno, sino responder a principios de derecho internacional que trascienden los ciclos políticos.

Pero hay un riesgo que el análisis no puede soslayar. Milei afirmó que hay un “nuevo despertar” en América Latina y pidió abiertamente que la izquierda pierda en las elecciones brasileñas de octubre de 2026. Si Colombia acompaña ese activismo intervencionista en la política interna brasileña, deteriora de forma innecesaria su relación con el mayor país de la región. La hegemonía suicida —el fenómeno por el que una potencia erosiona las bases de su propio poder por exceso o por abandono de sus alianzas— tiene aquí una aplicación regional: una Colombia que sacrifica sus relaciones con Brasil y México en nombre de la sintonía ideológica practica, a escala latinoamericana, su propia forma de debilitamiento acumulativo.

El Escudo de las Américas: cooperación necesaria con riesgos reales

El 23 de junio de 2026, dos días después de los resultados preliminares, De la Espriella anunció en su cuenta de X: “A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”. El anuncio respondía a la invitación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La celeridad de la respuesta —48 horas después de la victoria— dice mucho sobre las prioridades del nuevo gobierno.

El Escudo de las Américas, formalmente lanzado el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, no es un tratado multilateral ratificado por los Estados ni un acuerdo formal en el marco de una organización internacional. Es una coalición política y militar que coordina intercambio de inteligencia en tiempo real, operaciones conjuntas de interdicción y acceso directo a las capacidades del Comando Sur de EE. UU. Sus miembros —Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Perú, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Guyana, Trinidad y Tobago, entre otros— son en su mayoría gobiernos ideológicamente afines a Washington. Colombia y Perú, con sus recientes victorias electorales, elevan a 15 el número de países del bloque. Colombia había sido excluida de la cumbre inaugural por el bajo nivel de cooperación antinarcóticos del gobierno Petro, que optó por no asistir.

La adhesión tiene para Colombia ventajas reales e inmediatas: acceso a inteligencia militar en tiempo real, coordinación operacional contra el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y el Tren de Aragua, y asistencia directa de EE. UU. contra la infraestructura de los carteles. Es precisamente el tipo de cooperación que puede ayudar a reconstituir las capacidades de seguridad deterioradas durante el gobierno Petro. Pero el Escudo no es solo una coalición antinarcóticos. Al excluir deliberadamente a Brasil y México —con sus gobiernos de izquierda— y al exigir a sus miembros “líneas rojas” que limitan contratos de infraestructura estratégica con China, la coalición opera como un mecanismo de reordenamiento geopolítico hemisférico bajo la lógica de la Doctrina Donroe. Esas restricciones sobre China forzarán al nuevo gobierno a tomar decisiones concretas y urgentes sobre la herencia de la BRI que el gobierno Petro firmó en mayo de 2025 sin un marco estratégico claro.

Aquí reside el riesgo que no puede soslayarse. El Escudo puede evolucionar, según el Centro de Estudios de la Academia de Guerra de Chile, hacia “mayor interoperabilidad, intercambio de inteligencia y eventual apoyo operativo”, incluyendo acuerdos de presencia o acceso operacional de EE. UU. en territorio colombiano —exactamente el punto donde la autonomía estratégica y la soberanía entran en tensión directa con la cooperación en seguridad. El 5 de junio de 2026, el Escudo emitió una declaración conjunta sobre las protestas en Bolivia que constituye, en rigor, una intervención en la política interna de un Estado miembro —el primer uso político explícito del mecanismo más allá del mandato antinarcóticos—. Si Colombia forma parte de ese bloque cuando futuras declaraciones toquen la política de Brasil, Venezuela o la propia dinámica de paz interna colombiana, el nuevo gobierno enfrentará la disyuntiva central de toda su política exterior: construir valor estratégico autónomo o convertirse en instrumento de disputas ajenas.

La adhesión al Escudo es, en suma, una oportunidad y una trampa simultáneas. La oportunidad es real: cooperación en inteligencia, capacidades operacionales, reconstitución de la relación con Washington. La trampa también lo es: sin agenda propia negociada, sin marcos bilaterales que protejan la soberanía colombiana en los puntos sensibles y sin límites explícitos a la participación en operaciones que excedan el mandato antinarcóticos, Colombia puede pasar de la cooperación a la satelización sin que nadie lo haya decidido explícitamente.

El contexto asiático: China, Japón, Corea del Sur y el peso del Indo-Pacífico

El reordenamiento latinoamericano que acompaña la llegada de De la Espriella no puede leerse sin su dimensión asiática. China es hoy la segunda potencia económica y militar del mundo, con presencia en América Latina que va desde la infraestructura portuaria y las telecomunicaciones hasta la cooperación militar explícita que el tercer documento de política china hacia la región —publicado en diciembre de 2025— sistematizó por primera vez como «Programa de Paz». Ese programa incluye formación de oficiales militares latinoamericanos en academias chinas, cooperación en ciberseguridad y tecnología de vigilancia. Colombia, que bajo el gobierno Petro se adhirió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en mayo de 2025 sin un marco estratégico claro, hereda esa adhesión como una decisión urgente que resolver: ¿mantenerla, renegociarla o revertirla? El Escudo de las Américas —del que Colombia formará parte desde el 7 de agosto— impone a sus miembros «líneas rojas» que limitan contratos de infraestructura estratégica con China, lo que significa que la adhesión a la BRI y la membresía en el Escudo son, en su estado actual, difícilmente compatibles.

La posición de China ante la guerra en Ucrania añade la capa más compleja a ese cuadro. Beijing practicó durante el conflicto lo que analistas del Carnegie Endowment denominaron el «Beijing straddle»: apoyó a Rusia mediante tecnologías de doble uso, insumos industriales y respaldo financiero, pero se negó a venderle armas directamente porque preservar el acceso a los mercados occidentales es más importante para China que cualquier vínculo económico con Moscú. Esa lógica —Beijing apoya a Rusia hasta donde puede sin comprometer su propio acceso al sistema financiero internacional— es exactamente la que Colombia debe comprender al gestionar su propia relación con China: Beijing no es un aliado incondicional de Moscú, pero tampoco es un actor neutral. Para Colombia, que necesita tanto la cooperación con Occidente como los vínculos comerciales con China, la única respuesta coherente es la diferenciación explícita: posición de principio ante el derecho internacional en los foros multilaterales, cooperación económica con reglas claras, y auditoría rigurosa de los contratos de infraestructura crítica que los aliados occidentales han señalado como vulnerabilidades de seguridad.

Japón y Corea del Sur son los actores asiáticos más relevantes para Colombia en términos de cooperación concreta. Ambos países viven en carne propia la misma tensión estructural que Colombia debe gestionar: alianza de seguridad con EE. UU., dependencia económica de China, competencia industrial con China. El análisis publicado por Le Grand Continent en junio de 2026 documentó el «segundo choque chino» sobre las economías asiáticas: Corea del Sur tiene el 52 % de sus exportaciones en categorías que compiten directamente con productos chinos —la mayor exposición entre los países desarrollados—, y en 2025 Hyundai solo vendió 128.000 vehículos en China frente a 502.000 en 2020. Japón y Corea respondieron a ese choque con política explícita: la «máxima flexibilidad» coreana —alianza estratégica con Occidente, cooperación económica con China con guardarraíles— y la redefinición japonesa de su Asistencia Oficial al Desarrollo hacia objetivos de seguridad y multilateralismo. Colombia, que enfrenta los mismos interlocutores y los mismos dilemas, aunque con capacidades radicalmente distintas, tiene en esas experiencias un referente de política que puede adaptar.

La cooperación con Japón tiene además una dimensión operacional concreta que suele ignorarse en el debate colombiano: JICA opera ya en Colombia con programas de desminado en el departamento de Bolívar. Esa presencia no es abstracta ni futura: es institucional, técnica y sostenida. Japón es también el miembro del G7 que más consistentemente defiende el orden internacional basado en reglas —incluyendo la condena a la agresión rusa en Ucrania— desde la perspectiva de una potencia mediana que comprendió antes que nadie que la invasión de Ucrania era un precedente para Asia, específicamente para Taiwán.

Taiwán es precisamente el escenario de mayor impacto potencial para la política exterior colombiana en el mediano plazo, aunque sea el menos discutido en el debate doméstico. Es el punto donde la rivalidad sinoestadounidense puede dejar de ser competitiva para volverse bélica. La lección que China extrajo de las sanciones a Rusia —documentada por analistas del Carnegie Endowment y del Tesoro estadounidense— es que la vulnerabilidad de Beijing no es económica sino diplomática: China puede ejercer una influencia formidable sobre sus socios individuales, pero no dispone de una coalición equivalente a la occidental para movilizar. Esa asimetría de coalición es simultáneamente una vulnerabilidad ofensiva y defensiva, y explica por qué Beijing actúa con cautela en Ucrania: un conflicto sobre Taiwán que desencadene una respuesta de coalición occidental equivalente a la que se aplicó contra Rusia podría tener consecuencias económicas sin precedentes para China. Colombia, que heredó una adhesión a la BRI y una posición ambigua entre los dos grandes bloques, quedaría en la posición más vulnerable posible si ese conflicto se materializa: sin ser reconocida como aliada por Occidente ni tener garantías reales de China.

La conclusión que se desprende del contexto asiático para la política exterior latinoamericana de Colombia es precisa: el pragmatismo diferenciado con China —cooperación económica sí, riesgo en infraestructura crítica no, posición de principio en el derecho internacional siempre— no es solo la respuesta correcta en abstracto. Es la respuesta que los propios aliados asiáticos de Colombia practican, la que el Escudo de las Américas exige implícitamente y la que la dinámica de Taiwán hace urgente. La sintonía con Corea del Sur y Japón en materia de seguridad y cooperación tecnológica envía además una señal que la sola adhesión al Escudo de las Américas no puede enviar: que Colombia no solo se alinea con Washington por conveniencia coyuntural, sino que comparte una arquitectura democrática de largo plazo con actores que han demostrado que esa arquitectura es compatible con el pragmatismo económico que el mundo multipolar exige.

Una lectura de conjunto

Lo que emerge de este mapa regional es la paradoja central del gobierno De la Espriella en política exterior latinoamericana: tiene aliados naturales con quienes la cooperación en seguridad y comercio puede avanzar rápidamente —Ecuador, Perú, Argentina, Chile—, pero el peso real del sistema regional sigue pasando por Brasil y México, con quienes la relación es ideológicamente tensa y materialmente indispensable.

El contexto global agrava la ecuación en dos dimensiones que el análisis latinoamericano no puede desconectar. La primera es Ucrania: la guerra vuelve a estar en el centro de la agenda global de seguridad y alianzas. La posición de principio ante ese conflicto —la condena a la agresión rusa como principio irrenunciable del derecho internacional, la misma que sostuvo Duque y que Boric mantuvo aún siendo de izquierda— diferencia al nuevo gobierno de la ambigüedad petrista y es condición de credibilidad ante el bloque democrático occidental del que quiere formar parte. Esa posición tendrá consecuencias en las relaciones con Lula y con otros gobiernos latinoamericanos que practicaron neutralidades similares. No es un precio a evitar: es el costo de la coherencia. La segunda dimensión es China: las restricciones del Escudo de las Américas sobre infraestructura china forzarán decisiones sobre la herencia de la BRI que afectarán tanto la relación con Beijing como la posición colombiana en la competencia sinoestadounidense que redefine el orden global. El pragmatismo diferenciado —cooperación económica con China sí, riesgo en infraestructura crítica no, posición de principio en el derecho internacional siempre— es la única respuesta coherente a esa tensión.

En cualquier escenario, la política exterior colombiana hacia América Latina no puede reducirse a la gestión de afinidades. La prueba de madurez del gobierno De la Espriella no será la calidad de sus relaciones con los aliados ideológicos: será la calidad de su relación con quienes no lo son. Mark Carney lo formuló en Davos con una frase que aplica con precisión al dilema colombiano: “La nostalgia no es una estrategia”. La afinidad con el bloque conservador regional es real y útil. Pero Brasil es el principal socio comercial de Colombia en América del Sur, comparte la Amazonia y el problema del crimen organizado transnacional, y su peso en el sistema regional no desaparece por el color de su gobierno. El desafío no es elegir entre Washington y Brasilia, entre el Escudo de las Américas y la autonomía, entre Ucrania y China: es construir una agenda propia con la que Colombia pueda relacionarse simultáneamente con todos ellos sin perder la coherencia, que es la única fuente duradera de poder para un país de tamaño medio en un mundo de conflictos múltiples.

* Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).