10 Mar 2017 - 2:00 a. m.

Colombia debería apoyar las escuelas seguras al nivel global

Por: Cristal Downing*

“Y ahora sí podemos estudiar!” declaró “Pablo”, un niño de diez años de edad, quitándose su cachucha y utilizándola para señalar la estructura de cemento y madera al otro lado del parque. Tomándome de la mano me sacó de un patio cubierto donde estábamos, para llevarme apresuradamente bajo una lluvia torrencial a las tres aulas que esperaban sus primeros estudiantes.

Era marzo del 2011, y este pueblo en la Sierra Nevada de Santa Marta comenzaba su proceso de reasentamiento, resultado de los esfuerzos gubernamentales por apoyar el retorno de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales. Las condiciones de seguridad habían mejorado recientemente y se estaban construyendo varios pueblos en la parte baja de la Sierra, en el cordón ambiental y tradicional desde el cual las comunidades se habían desplazado de manera forzada debido a la violencia derivada del conflicto en años anteriores. Cada pueblo tenía un centro de salud y una escuela. Los niños, que anteriormente habían tenido que caminar durante horas para llegar a la escuela desde sus comunidades desplazadas a las partes altas de la Sierra, ya encontraban su educación al otro lado del parque. Esto, y la disminución de la violencia en la zona, eran claras señales de esperanza para Pablo y sus compañeros.

Un año y medio después, en septiembre de 2012, el Gobierno colombiano anunció que había comenzado negociaciones de paz con las Farc, llenando a las comunidades afectadas por el conflicto con optimismo e ilusión. El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 abrió paso a una nueva fase en la historia turbulenta de Colombia.

¿Qué significan todos estos cambios para niños como Pablo cuya educación fue interrumpida por el conflicto? La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA por sus siglas en inglés) encontró que varias escuelas en Colombia fueron objetivos directos o indirectos de ataques entre 2009 y 2013 como producto del conflicto armado; adicionalmente, cientos de estudiantes, docentes y profesores universitarios recibieron amenazas por parte de grupos armados ilegales durante el mismo periodo. Estos grupos también reclutaron niños de, y en camino a, la escuela, y la información de agencias internacionales indicó que los actores del conflicto ocuparon en varias oportunidades instalaciones educativas.

A pesar de estos retos, el Gobierno colombiano ha trabajado para continuar y fortalecer la provisión de la educación en contextos afectados por conflicto, además de prevenir y responder a ataques y otras manifestaciones violentas que impactan directamente a escuelas, estudiantes y docentes. Especialmente encomiables son los mecanismos de planeación de seguridad y las políticas sensibles al conflicto introducidos por el Ministerio de Educación, además de unas de las órdenes militares más robustas del mundo en cuanto a la prohibición del uso de las instalaciones educativas por las fuerzas armadas. El reclutamiento juvenil, que ha ocurrido dentro y fuera de las escuelas, también ha sido abordado dentro del acuerdo final.

Para concretar este compromiso de proteger a los estudiantes y la educación, y para destacar los esfuerzos de Colombia e impulsar su replicación en otros países, el próximo paso para el Gobierno colombiano es suscribirse al compromiso internacional la Declaración sobre Escuelas Seguras. La Declaración proporciona acciones concretas que los gobiernos pueden tomar para prevenir y responder a ataques a la educación, incluyendo muchas medidas que Colombia ya ha implementado. La Declaración también compromete a los Estados a utilizar directrices que buscan restringir el uso de las instalaciones educativas por las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales.

En el contexto actual de la histórica transición hacia la paz, esta suscripción sería un compromiso simbólico muy significativo a través del cual Colombia se uniría a un grupo de 59 Estados —entre ellos, países tanto en conflicto como en paz— que han prometido su amplio apoyo político a la protección y continuación de la educación durante los conflictos armados. Noruega, que apoyó el proceso de paz colombiano desde su comienzo, y Argentina —un aliado regional de Colombia— conjuntamente lideraron el proceso que resultó en la Declaración. Otros países que ya han firmado la Declaración incluyen nueve países latinoamericanos y otros que han apoyado la paz en Colombia, como España y los Países Bajos. Colombia ya es líder regional y global en varias áreas de construcción de paz y seguridad; este compromiso simbólico con la Declaración conectaría ese liderazgo al tema de la educación y destacaría a Colombia como un ejemplo de cómo las necesidades de las escuelas, los estudiantes y los profesores se pueden abordar aun durante el conflicto. La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques cree que Latinoamérica debería ser la primera región del mundo en donde todos los países estuvieran suscritos a la Declaración, especialmente por la oportunidad para anunciar la suscripción en la Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Buenos Aires el 28 y 29 de marzo. El compromiso colombiano sería un impulso significativo que otros Estados en la región podrían seguir.

Hace unas semanas, los estudiantes en la Sierra y en todas partes de Colombia empezaron el nuevo año académico. La suscripción del Gobierno colombiano a la Declaración sobre Escuelas Seguras reflejaría los esfuerzos que ya se han hecho para asegurar que sus escuelas sean espacios seguros para el aprendizaje, y cristalizaría su compromiso a fortalecer la protección de las escuelas durante la transición hacia la paz.

*Oficial de Programas en la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques.

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