Ambientalismo desde otra orilla

Durante los mandatos de Álvaro Uribe, tras la expedición del Código de Minas en 2001, se disparó la expedición de títulos mineros en el país, con más de 9.000 otorgados, triplicando los del gobierno de Pastrana y quintuplicando los de Samper. En respuesta, el movimiento ambientalista se movilizó en todo el país, con especial énfasis en los páramos, una discusión que aún persiste.

Se argumentó que, aunque la minería tenía garantías constitucionales y el gobierno podía orientar su desarrollo, no podía hacerlo vulnerando los mandatos de protección ambiental, especialmente el principio de descentralización y autonomía territorial del artículo 1 de la Constitución. En este sentido, los jueces defendieron en múltiples ocasiones las competencias municipales en el ordenamiento territorial frente a la política nacional.

En esta lucha, figuras valiosas como el actual viceministro de Ambiente, el director de la ANLA y el del Servicio Geológico Nacional desempeñaron un papel clave en la protección ambiental ante la amenaza de la minería descontrolada. A ellos se les debe, en gran parte, la defensa de los territorios. Sin embargo, la minería criminal y la falta de formalización de la minería artesanal siguen siendo un problema.

Por ello, resulta llamativo que ahora el propio Ministerio de Ambiente promueva una norma que, amparándose en la Ley 99 de 1993 y en la protección constitucional de la naturaleza, pretenda desconocer el principio de descentralización y autonomía territorial. Este principio garantiza que las entidades territoriales y comunidades locales decidan sobre el uso del suelo, una prerrogativa que no es exclusiva de los pueblos indígenas. Asimismo, la participación de los municipios en decisiones que los afectan no puede limitarse a ser invitados a una mesa de diálogo sin un documento concreto sobre el cual trabajar.

El sector ambiental cuenta, además, con otra salvaguarda: la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y su rol en el ordenamiento territorial. El Ministerio de Ambiente solo tiene la competencia residual de formular orientaciones, pero no la potestad de delimitar polígonos sin respetar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y el proceso de concertación con la CAR.

Esta posición frente al proyecto de resolución que establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, no pretende apoyar a los “volteadores de tierra”, como se ha expresado en un debate sobre simplificado y polarizado. Creo en una ciudad más compacta, mejor planificada, con un uso eficiente del recurso hídrico, mejor infraestructura de transporte y más espacios verdes y biodiversos para mejorar entre otras la calidad de vida y del aire. Sin embargo, ello no justifica que el gobierno nacional asuma la potestad de decidir sobre el uso del suelo de los municipios. La democracia hoy más que nunca requiere de salvaguardas como la separación de poderes o la autonomía territorial. Si debilitamos la descentralización, mañana un gobierno depredador podría imponer decisiones perjudiciales para los territorios.

Jerónimo Rodríguez*

*Ex subsecretario de Ambiente de Bogotá