¿Cómo gestionar de manera democrática las disputas por las memorias en Colombia?

En torno a los conflictos armados se generan, también, procesos de organización de las víctimas, quienes construyen, entre otras labores, narrativas para comprender lo que les pasó, atribuir responsabilidades, exigir sus derechos y/o poner en público su experiencia y sus reivindicaciones. Sin embargo, es fundamental tener presente que las víctimas no son un sujeto único, homogéneo; por el contrario, son diversas, se organizan de muchas maneras, por formas de victimización, como víctimas de actores específicos, por periodos de tiempo y territorios, entre otras.

Además de la diversidad de su caracterización, también tienen enormes diferencias en cuanto a sus formas de organización, expresión y el contenido de sus narrativas sobre qué les pasó, quiénes son los responsables, por qué les pasó, cuáles fueron los impactos individuales, familiares y colectivos, etcétera; y, claro, también tienen diversas, e incluso contradictorias, demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Por eso, no se puede hablar de una memoria histórica en singular de lo que pasó en un conflicto armado, sino de memorias plurales; y por eso también, es fundamental que el Estado, a través de sus distintos componentes, asuma el deber de memoria desde un enfoque de gestión democrática de los procesos de construcción de memoria que hace la sociedad, evitando a toda costa la producción de memorias basadas en el negacionismo y el revisionismo.

Una gestión democrática en este campo incluye acciones de promoción y garantía para que se evite completamente la pretensión de una memoria única, oficial. Por el contrario, una actuación democrática implica políticas para que se expresen todas las memorias, de todas las víctimas, evitando la polarización entre víctimas buenas y víctimas malas, victimarios legítimos e ilegítimos, modalidades de victimización aceptables y otras reprochables. Especial cuidado requieren las iniciativas de memoria que denuncian la violencia estatal y las acciones conjuntas con grupos paramilitares, ya que estas han sido objeto de un trato institucional, jurídico y mediático estigmatizante y revictimizante.

Además, se debe garantizar una plena autonomía para que las expresiones de las víctimas construyan las narrativas de su experiencia sin ningún condicionante estatal. No es tarea del Estado suplantar a las víctimas en su experiencia como víctimas, ni mucho menos cuestionar o justificar lo que les pasó. Finalmente, debe existir también un respeto sobre la definición de los medios y mecanismos para la puesta en público de sus narrativas. De ninguna manera puede la institucionalidad definir qué es legítimo que se ponga en público y qué no, eso es una conducta que viola los derechos humanos a la libertad de expresión y a la memoria.

Colombia está en un momento de transición de un conflicto armado a un híbrido entre el conflicto armado clásico y otras formas de violencia colectiva, y si queremos construir una nación en paz, esto incluye el reconocimiento de todas las víctimas, de sus experiencias, memorias y demandas. Este es el reto para un Estado que muchas veces no ha estado con las víctimas, sino que, además, en ocasiones ha sido victimario.

* Director Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia