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Antes del 21 de noviembre, el Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Superintendente Cielo Rusinque, tendrá que decidir si autoriza o no la adquisición de Movistar por parte de Tigo. De permitir que Tigo absorba a Movistar, Colombia se convertiría en el país con mayores niveles de concentración en telecomunicaciones de Latinoamérica y de la OCDE.
Durante el último trimestre de 2024, los ingresos de los operadores móviles por servicios de internet alcanzaron los 2,7 billones de pesos. La mayor porción de la torta se la llevaron las tres empresas más grandes: Claro (59 %) —reconocida ya como dominante—, Tigo (19 %) y Movistar (15 %).
Autorizar un duopolio en manos de Claro y Tigo-Movistar genera riesgos de cartelización, límites a la competencia y posibles acciones coordinadas, con efectos lesivos sobre los usuarios y menores incentivos a la ampliación de la oferta en conectividad y calidad de los servicios. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que Colombia es el país de la OCDE con menor cobertura, reportando sólo el 63 % de hogares con acceso a internet —según el documento “Acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por los hogares” (OCDE, 2023)—, a pesar de que la ley 2308 de 2021 definió la internet como un servicio público esencial. Para estudiar, socializar y hasta para recibir atención médica, hoy se requiere conexión a la red.
Los conceptos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y del MinTIC advierten la necesidad de evitar desequilibrios competitivos y garantizar la pluralidad de agentes en el mercado. Autorizando la integración de Tigo-Movistar, el índice HHI —que indica una mayor concentración en el mercado entre más cerca esté de 10.000— se elevaría hasta los 6.258 puntos. Con este panorama, y teniendo en cuenta que dos de los cinco cupos en la CRC responden al Ejecutivo, resultaría contradictorio que la superintendente Rusinque —también designada por el presidente— avalara la formación de este duopolio.
¿Qué podría justificar entonces que Petro y Rusinque aprueben la integración? Que el Gobierno aquí actúa como juez y parte. Para que Millicom, el accionista principal de Tigo, pueda comprar Movistar debe hacer una doble oferta: a Telefónica España, dueña del 67 % de las acciones y a la Nación, que aún conserva un 33 % de participación, después de la privatización de Telecom en el Gobierno Uribe.
Millicom ya venía avanzando en la compra de la participación de EPM en Tigo para controlar el 100 % de la compañía. Una coincidencia entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro: la privatización del mercado de las telecomunicaciones.
Permitir un duopolio en las telecomunicaciones prácticamente liquida a los operadores minoritarios que no llegan ni al 1 % del mercado como la ETB. Los ingresos de la empresa pública de Bogotá vienen en picada y cayeron un 11 % para diciembre del mismo año, en comparación con el año anterior. Proteger a ETB no solo requiere de un compromiso de la administración distrital con su carácter público y de un equipo directivo con una visión clara sobre cómo competir —sin dejar a un lado el sentido social de la compañía—: también necesita que la SIC, entidad encargada de fomentar la competencia y cuidar al usuario, contemple los efectos de un duopolio sobre el patrimonio público.
Urge atender las recomendaciones del MinTIC y la CRC, y que la SIC tome condicionamientos sólidos para evitar posibles efectos coordinados entre Tigo-Movistar y Claro, lo que podría aumentar los precios de los planes y recargas, la calidad del servicio y en el bienestar de las y los consumidores. Adicionalmente, el Gobierno de Petro debe crear una política pública nacional de telecomunicaciones que busque medidas de fortalecimiento de estas empresas.
* Representante a la Cámara del Partido Dignidad y Compromiso.
Por Jennifer Pedraza Sandoval
