Conflictos presupuestales: Obama, Trump y Petro

Tratándose de la negativa del Congreso de la República frente a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, el presidente Petro reconoció que puede aprobarlo vía decreto. Más que plantear un debate respecto de una postura arbitraria del ejecutivo, ese episodio revela la prerrogativa constitucional por la cual el presidente de Colombia ejerce un amplio control sobre el presupuesto nacional en detrimento del equilibrio de los poderes públicos.

Trazando una sustancial diferencia, la Constitución de Estados Unidos le otorga sólo al Congreso la facultad para aprobar el presupuesto nacional. Las fortalezas del sistema estadounidense se pueden analizar a través de dos episodios de la administración Obama y uno del gobierno Trump, subrayando al mismo tiempo algunos contrastes entre las dos arquitecturas constitucionales.

Durante su campaña a la presidencia, Barack Obama incluyó entre sus promesas el cierre de la prisión de Guantánamo. Dos días después de posesionarse como presidente, Obama expidió la orden ejecutiva 13492 en cumplimiento de la propuesta señalada. La ejecución de ese tipo de órdenes, sin embargo, demanda el concurso del Congreso americano en función de la aprobación del presupuesto para la reubicación de detenidos y el cierre de la prisión.

Al amparo de una ardiente oposición, el Congreso rechazó la propuesta inicial de $80 millones de dólares requeridos para el cierre de la cárcel. Tras una prolongada confrontación, el legislativo logró imponerse e impidió que Obama materializara lo que en ese momento era más que un propósito de gobierno. Para él la propuesta había trascendido como una obligación inaplazable por la defensa los derechos humanos de esa población reclusa, indicando incluso que “Gitmo se había constituido en un símbolo de unos Estados Unidos que viola el Estado de Derecho”.

Si bien la imposibilidad de cerrar Guantánamo supuso un fracaso notorio, Obama volvió a desafiar al poder del Congreso en asuntos presupuestales. En desarrollo de la cruenta confrontación en Afganistán, los combatientes talibanes capturaron en el 2009 al sargento del ejército estadounidense Bowe Bergdahl. Con la mística e inescrutable destreza que lo caracteriza, Obama autorizó las negociaciones para intercambiar en el 2014 al sargento por cinco líderes talibanes recluidos precisamente en Guantánamo.

El proceso de intercambio desató una controversia más aguda porque se hizo sin la autorización del Congreso, ejecutando $988 mil dólares en clara contradicción con las restricciones impuestas por los legisladores en el presupuesto del 2014. La decisión de Obama entrañó un fenómeno complejo, en tanto se erigió en una afrenta contra el equilibrio de poderes y el ordenamiento constitucional, entre cuyos verdaderos alcances reside la facultad del Congreso para aprobar o no el presupuesto.

El Gobierno del expresidente Trump también estuvo signado por similares discusiones. Luego de una sonora campaña alegando la construcción de un muro en la frontera con México, el presidente en ejercicio enfrentó la feroz oposición de los demócratas en el proceso de aprobación del presupuesto. Trump pretendía inicialmente $2,6 billones de dólares para el muro, pero el Congreso aprobó $1,5 billones en la ley de apropiaciones del 2018. Posteriormente, el Senado rechazó una solicitud para aumentar el presupuesto a $5,7 billones.

La ausencia de consensos en materia presupuestal generó el cierre del Gobierno por 35 días. Luego de constituirse en el cierre más prologando de la historia estadounidense, el entonces presidente decidió firmar la ley de presupuesto sin el monto requerido para el muro fronterizo. Su estrategia consistió en declarar una emergencia nacional, incluyendo en total $8,1 billones para la referida construcción.

Luego de una nueva e intrincada disputa con el Congreso cuando éste buscó terminar la declaratoria de emergencia nacional, el ejecutivo decidió “reprogramar” o redireccionar recursos para el muro que en principio tenían otra destinación. Decisión que fue demandada y resuelta inicialmente por la Corte de Apelaciones de California en el caso Sierra Club v. Trump. La Corte determinó que el ejecutivo no estaba autorizado para redireccionar ese tipo de recursos, limitando entonces el poder la Casa Blanca. La disputa finalmente se ventiló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero desescaló cuando el presidente Biden asumió una postura diferente respecto al muro.

Al marguen de los devaneos de algunos presidentes estadounidenses, ese sistema revela fortalezas representadas en el poder del Congreso para controlar el presupuesto y limitar el poder que detenta el ejecutivo. En Colombia, por el contrario, el presidente goza de la iniciativa del gasto público y domina ampliamente los asuntos presupuestales sin importar las decisiones del Congreso, evidenciando una preocupante concentración de poder público.