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En marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió a José Ismael Peña, desconociendo que la consulta interna había respaldado mayoritariamente a Múnera. Aunque el reglamento no obliga a seguir esa votación, ignorar una señal tan clara de la comunidad fue un error político y ético. La ministra de Educación no firmó el acta; el presidente designó un ministro ad hoc, y Peña terminó posesionándose en medio de una tormenta institucional.
La Universidad lo vivió como un golpe a su autonomía. Profesores, estudiantes y egresados protestaron en los campus, emitieron comunicados y cartas de rechazo firmadas por exrectores y figuras académicas. La percepción general fue que el Ejecutivo no solo ignoró la voz universitaria, sino que estaba dispuesto a usar el poder para forzar un resultado a su medida. Para muchos, esto confirmó un patrón: la disposición del Gobierno a intervenir en órganos autónomos cuando sus decisiones no le convienen; una señal preocupante para cualquier institución que aspire a preservar su independencia.
El caso escaló al Consejo de Estado. Varias demandas de nulidad electoral cuestionaron la elección de Peña. En abril de 2025, el tribunal negó el control inmediato de legalidad, pero dejó claro algo crucial: el acto de elección sí nació a la vida jurídica y produjo efectos. No fue una anécdota: fue una decisión con peso institucional, que ahora debe resolverse en juicio completo.
En la práctica, se abrieron dos frentes: por un lado, Peña podría ser restituido si su elección se declara válida; por otro, se debe revisar también el nombramiento de Múnera. El Consejo de Estado advirtió que no tolerará dilaciones y que impondrá sanciones si las hay. Con el cierre de la etapa probatoria, estamos a semanas de un fallo que podría marcar el futuro de la autonomía universitaria frente al poder político.
La Nacional no es solo una universidad: es la institución que marca el tono de la educación superior pública. Controlar su rectoría implica influir en presupuestos, investigaciones, nombramientos y discursos. La imposición de Peña envió un mensaje peligroso: que la autonomía universitaria puede ceder ante la conveniencia política, y el respaldo posterior a Múnera, aunque alineado con la consulta, ocurrió en un escenario manipulado por el Gobierno.
Este no es un pulso entre abogados: es un espejo de lo que puede ocurrirle a cualquier institución pública cuando el poder político decide apropiársela.
Por Carolina Restrepo Cañavera
