Cuando el adjetivo suplanta al argumento (réplica)

En la Atenas clásica bastaba escribir un nombre en una teja (un ostrakón) para expulsar a alguien por diez años de la ciudad. No era un juicio: era una suma de murmullos convertida en sentencia social. Hoy, nuestros ostraka son los adjetivos y los hashtags: rótulos que se repiten hasta fijar una verdad impuesta en el imaginario colectivo. Y, para evitar confusiones, lo aclaro desde el inicio: no equiparo contextos; solo recuerdo que en Ruanda una radio demostró, trágicamente, que la repetición de etiquetas deshumanizantes puede preparar el terreno para lo peor. Las palabras que estigmatizan y propagan odio.

De ahí mi sorpresa y preocupación frente a un libreto que se repite en el columnista Ramiro Bejarano: “fascista”, “ultraderechista”, “intrigante”, “lobista”, “delincuente”… Adjetivos que, sin fundamento distinto a sus intereses personales, buscan dolosamente dañar a otros, mientras se enarbolan, paradójicamente, banderas de igualdad y libertad de expresión. No se puede predicar igualdad o tolerancia si se estigmatiza a todo aquel que disiente o representa intereses contrarios; no se defiende la libertad de expresión cuando el ejemplo que se da al ejercerla es el matoneo (verbal y jurídico). Y no, mi “pecado” no ha sido otro que asesorar a la contraparte del columnista en un litigio y plantear preguntas incómodas sobre el uso de la jurisdicción civil para restringir la libertad de opinión.

En dos nuevas adendas, donde me nombra el columnista, se insiste en imputarme un “delincuencial tráfico de influencias” por haber pedido, de forma pública y transparente, una cita en la Defensoría del Pueblo para radicar una solicitud y explicar la relevancia constitucional de un caso. Conviene poner un mínimo de orden: eso se llama atención al ciudadano, no delito; la Defensoría no selecciona tutelas ( puede, a lo sumo, insistir ), no soy funcionaria, no tengo poder sobre esa entidad ni sus funcionarios.

Solicitudes de coadyuvancia también se realizaron en la PGN y organizaciones como DeJusticia o la FLIP, pidiendo seguimiento al caso, que sabíamos podría ser objeto de interferencias por parte del beneficiario de la misma.

El tipo penal de tráfico de influencias para particulares exige beneficio económico indebido. ¿Cuál sería el mío? ¿Cuál es el fundamento para decir que he ejercido tráfico de influencias ante la Corte Constitucional? ¿Si tanto le interesa la libertad de expresión al columnista y no tiene rabo de paja, por qué le asusta que la Corte reafirme y fortalezca su jurisprudencia en la materia? No hay respuesta jurídica, solo adjetivos e impaciencia del columnista al verse descubierto, con ganas de distraer a la opinión. Y los adjetivos, por ruidosos que sean, no reemplazan la prueba.

Pero el punto no soy yo; es el método. El matoneo jurídico-mediático no busca debatir el fondo sino desviarlo. Cuando un columnista que litiga o ha litigado para grandes medios usa la tribuna para estigmatizar a su contraparte, se configura un desequilibrio evidente: quien escribe lo hace con una megafonía que el otro no tiene. Y cuando, en paralelo, se invoca el prestigio de la defensa de la libertad de expresión, lo mínimo esperable es coherencia y transparencia frente a posibles conflictos de interés, que en su caso comparte con miembros de su familia. La ciudadanía tiene derecho a saber desde qué lugar de poder se opina, cuando ese poder tiene interés en el caso del que se opina.

Lo que está en juego es mayor que una polémica personal: es la higiene del debate público y la independencia de la Corte Constitucional. No se puede hablar de “señorío” institucional mientras se sugiere que la Corte actúa “a sus espaldas” o cooptada por un supuesto poder “oscuro”, “especial”, “secreto” y “único”. Ese guion no es control democrático: es presión. Si de verdad nos preocupa la libertad de expresión, entonces cuidemos la distinción entre argumentar y etiquetar. Argumentar es confrontar tesis, precedentes y pruebas; etiquetar es colgar un rótulo para que, como un ostrakón moderno, el lector no escuche nada más.

* Abogada, docente en Derechos Humanos.