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2 Jun 2022 - 4:12 p. m.

Cuando el Cartel de Cali quiso tomarse la prensa

Jorge Emilio Sierra Montoya*

Esa noche, a mediados de 1994, estaba viendo el noticiero de televisión, como solía hacerlo por ser editor general del diario La República -¡del que también era subdirector!-, tomando nota para hacer los últimos cambios a la edición del día siguiente, según instrucciones que habría de darle poco después al redactor de turno, John Jairo Ocampo.

Pero una noticia en particular llamó mi atención. Y no era para menos: allí se revelaba, con los apartes debidos de una grabación telefónica, cómo cierto periodista famoso (cuyo nombre no era mencionado) hablaba con un presunto jefe del llamado Cartel de Cali sobre los aportes que este grupo criminal, vinculado al narcotráfico, había hecho a la reciente campaña electoral de Ernesto Samper Pizano, quien se disponía a asumir la Presidencia de la República en el siguiente cuatrienio, de 1994 a 1998.

¡Era una bomba!, según suele decirse en la jerga periodística. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue uno de los apartes de la grabación, donde se aseguraba que la compra de La República -¡sí, de La República!- venía en camino, como si esto fuera parte de una estrategia para tomarse no solo el poder político sino también la prensa nacional, empezando por nuestro diario económico, el cual tenía enorme influencia en los principales círculos empresariales y financieros del país.

Más aún, al oír atento la grabación, me di cuenta, sin mayor esfuerzo, que el comunicador en cuestión era, tenía que ser, Alberto Giraldo, uno de nuestros columnistas, cuya sección política aparecía de lunes a viernes con su firma y las acostumbradas “chivas” en las más encumbradas esferas sociales, partidistas y de gobierno, donde él se movía como pez en el agua.

Reconocí su voz de inmediato, pues en numerosas ocasiones la había escuchado por la radio y, claro, en sus continuas llamadas telefónicas a mi oficina, donde siempre revisaba su columna antes de publicarla.

“Mañana temprano hablaré con el director”, me dije, bastante preocupado.

Al día siguiente, cuando recién amanecía, llegué al periódico. Fue entonces cuando pude leer, en otro diario de la capital, la transcripción de aquella grabación completa de la citada charla telefónica, donde salía precisamente la información sobre la venta de La República al Cartel de Cali, uno de cuyos voceros era el interlocutor de nuestro amigo y colega Alberto Giraldo.

De ahí que, con página en mano, a la seis y media de la mañana, cuando llegó el director general y propietario del periódico, Rodrigo Ospina Hernández, lo estaba esperando ansioso por conocer sus explicaciones al respecto, las mismas que el país entero comenzaba a exigir, tal como se sugería en las distintas emisiones radiales, encabezadas por el programa “6 a.m. - 9 a.m.” de Caracol, dirigido por Yamid Amat.

A decir verdad, Ospina no estaba enterado de lo ocurrido. Pero tan pronto se informó y fue consciente de las graves implicaciones de tales hechos, entró en cólera, maldijo -¡con palabras de grueso calibre!- a Alberto Giraldo y negó, a pie juntillas, que la supuesta propuesta de compra se hubiera planteado, pues él, solo él, en su condición de accionista mayoritario y jefe supremo de su empresa periodística, no estaba siquiera enterado de algo parecido, ni nadie tenía por qué ponerse, en su lugar, a hacer negocios con semejantes individuos, cuyas acciones delictivas condenábamos, casi a diario, en notas editoriales.

“¡Eso es falso!”, repetía, salido de casillas, como nunca antes lo había visto, ni volvería a verlo así.

Al calmarse y aclarar los hechos, decidimos elaborar un comunicado de prensa -redactado por mí-, donde negamos, con firmeza, la validez de lo dicho por Giraldo, a quien expulsamos de inmediato como columnista, presentando las correspondientes aclaraciones a la opinión pública.

“Encárguese usted -me dijo el director, todavía apesadumbrado- de atender a los medios cuando pidan más explicaciones sobre ese comunicado”.

Fue lo que hice a continuación, durante varios días.

Muerte y expropiación

Lo que vino después es bien conocido: dichas grabaciones (que Andrés Pastrana, candidato derrotado en las elecciones, entregó en los llamados “narcocasetes”) dieron origen al histórico Proceso 8.000, relacionado con la cuantiosa financiación -al parecer, por cinco mil millones de pesos- de la campaña presidencial de Samper por parte del Cartel de Cali, según acuerdos previos con sus jefes máximos: Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, extraditados luego, por narcotráfico, a Estados Unidos.

Alberto Giraldo, por su parte, fue sentenciado en 1998, por enriquecimiento ilícito, a ocho años de cárcel, condena que no alcanzó a cumplir por haber fallecido, tras las rejas, en septiembre de 2005.

Como él mismo declaró en sus memorias, sus ansias de poder lo llevaron a esto, pasando de la cima del éxito al fracaso absoluto, tanto que ahora, mientras uno de sus jefes, Gilberto Rodríguez Orejuela, fallecía en una prisión norteamericana, seguía avanzando la expropiación de sus bienes al Estado, como las tres fincas que fueron de su propiedad, fruto de los generosos regalos del Cartel de Cali a quien pasaría a la historia como su relacionista público.

A una de esas fincas, en Cajicá, Alberto me invitó varias veces, generosas ofertas a las que nunca atendí, lejos de imaginar en qué honduras andaba metido el otrora querido y célebre periodista antioqueño. De lo que me salvé, por lo visto.

* Exdirector del periódico “La República”

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