La licencia ambiental otorgada a la empresa Hupecol Operating LLC CO, para el proyecto hidrocarburífero denominado: “Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía” además de presentar un grave riesgo en el equilibrio ecosistémico de una zona con alta sensibilidad ambiental, ubicada entre los municipio de la Macarena y San Vicente del Caguán; es apenas la punta del iceberg de un conflicto social e histórico sobre el uso y propiedad de la tierra, en territorios que estuvieron bajo la influencia de la guerrilla de las FARC. Esta licencia aumenta la inestabilidad e incertidumbre en dos aspectos esenciales de lo que será un futuro cercano del post-acuerdo: a) garantizar el acceso real, formal y estable a la propiedad de la tierra; y b) se refuerza un desarrollo excluyente, sustentado en una economía extractivista que privilegia intereses económicos en detrimento de la economía campesina. Al respecto es preciso recordar que este territorio se ha caracterizado históricamente por un complejo proceso de colonización, habitado por campesinos de carne y hueso, que a pesar de haber ocupado estos terrenos baldíos durante muchos años, hasta el día de hoy no son considerados propietarios. Como un mecanismo para resolver el problema de la ausencia de propiedad, muchos de estos campesinos se organizaron y le solicitaron al INCODER en el año 2012, la constitución de la zona de reserva campesina “Lozada-Guayabero”, que les permitiera no solamente acceder a la propiedad de la tierra sino que buscaba un modelo de desarrollo agrícola con responsabilidad social y ambiental. El más reciente capítulo del conflicto social y agrario de la región fue la resolución 00810 de 2015 del Incoder, que generó varios titulares de prensa, frente el denominado “Baldío de las Farc” de 280.000 mil hectáreas. Este proceso agrario causó sobre los pobladores de este territorio, ocupado por más de 6.000 familias campesinas, una estigmatización como milicianos de las FARC. La posible explotación de hasta 150 pozos petroleros es un gran obstáculo para que las familias campesinas accedan a la propiedad de la tierra. En efecto, la ley 1728 DE 2014 prohíbe adjudicarle baldíos a campesinos a una distancia inferior a 2.500 metros, es decir, que en la práctica las familias campesinas que viven en ese polígono verán gravemente limitada su aspiración de acceso a una titulación por parte del INCODER, respetando la Unidad Agrícola Familiar. Los campesinos que viven en el polígono de explotación tienen un doble obstáculo para acceder a la titulación, por una parte son tildados como colaboradores de las FARC, y por otra, ahora tendrán pozos dentro de su territorio, que dificulta la delimitación de la superficie. Todo lo cual conllevará a un desplazamiento de los campesinos por parte del Estado colombiano, so pretexto de que son parte de las FARC y que la adjudicación no se puede hacer por existir una extracción petrolera que cuenta con todo el aparato estatal a su favor. En últimas lo que se ve venir con este panorama son los planes del gobierno colombiano para territorios que fueron controlados por la insurgencia: un modelo de desarrollo basado en la extracción de hidrocarburos, y en la promoción del latifundio agroindustrial por medio del modelo ZIDRES, excluyendo a los campesinos, con el argumento de ser testaferros de las FARC. *Representante A La Cámara Por Bogotá / Alianza Verde
