El contrato cafetero en riesgo

El pasado 16 de agosto, el mismo día en que sesionaba el Comité Nacional de Cafeteros con la presencia de tres ministros, el jefe del DNP y 15 dirigentes gremiales elegidos por el Congreso de Cafeteros, el presidente Petro planteó en Pitalito, principal municipio cafetero de Colombia, la posibilidad de quitarle el manejo del Fondo Nacional del Café a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). En dicho escenario exigió que la FNC se “reestructure”, término fácil de pronunciar pero de difícil interpretación, para garantizar la continuidad de la administración del fondo parafiscal. Aunque es claro que la FNC debe seguir evolucionando para enfrentar nuevos retos, diversos observadores aseguran que esta “amenaza” en realidad surge por su insatisfacción con el proceso de elección del actual gerente de la FNC que, a pesar de cumplir con todos los procesos estatutarios del gremio, no resultó en el nombre de sus preferencias.

Al presidente le vendieron la idea, o se la vendió a sí mismo, de que su cargo implica la capacidad de veto o nombramiento de los interlocutores con el gobierno, como es el caso de las Cámaras de Comercio o de los diferentes gremios agrícolas que tienen a su cargo recursos parafiscales. No es claro hasta dónde llegaría el desarrollo de esa visión del ejercicio del poder, y si esta se limitaría a ciertos gremios o se busca extender a otros dirigentes del sector privado. Lo que sí es cierto es que exigir dirigentes gremiales adeptos al gobierno de turno desnaturaliza su capacidad de representación de los intereses privados, restándoles legitimidad y representatividad, y reduce su capacidad de cuestionamiento e interlocución.

Por supuesto, la noticia que trascendió no fue el avance o resultado del escenario institucional de concertación entre el gobierno y el gremio, sino lo planteado por el presidente ante lo que él llama “cafeteros de base”. Dijo el primer mandatario en Pitalito que el “(expresidente) Santos nos enseñó cómo se hace porque lo hizo con Fedegan”, recordando lo sucedido cuando el Fondo Nacional del Ganado pasó a la administración de una dependencia del Ministerio de Agricultura.

Olvidó el presidente Petro mencionar que uno de los principales argumentos utilizados por el entonces ministro de Agricultura para quitarle el manejo del fondo parafiscal a Fedegán fue su supuesta falta de representatividad dentro del gremio ganadero. Algo que no está en duda en el caso de la FNC, cuyas elecciones cafeteras se llevan a cabo cada cuatro años para elegir, de la base cafetera de cerca de 340.000 cafeteros cedulados, a los dirigentes gremiales e interlocutores con gobiernos municipales, departamentales y nacionales. La legitimidad y representatividad de los dirigentes cafeteros electos no está en duda, y proviene del principal evento democrático del país ejecutado por un gremio, con porcentajes de participación que siempre han superado el 55 % a lo largo de este siglo y que han incluso alcanzado el 67 % en algunas oportunidades. Esta cifra es extraordinaria al compararla con procesos electorales oficiales de Colombia y otros países, más aún si se tiene en cuenta que la democracia cafetera tiene lugar en un contexto rural que hace difícil el desplazamiento y la participación de los votantes. Es entonces claro que los representantes de los cafeteros de base existen y han sido elegidos para interactuar con el gobierno. Para eso son las instituciones.

Ahora bien, también olvidó mencionar el presidente Petro las consecuencias de improvisar en materia institucional. No fue casualidad que, en el año 2017, algo más de un año después de que el Ministerio de Agricultura asumiera la responsabilidad de proveer los servicios y bienes públicos sectoriales a los ganaderos financiados con el Fondo Nacional del Ganado, Colombia perdiera su estatus de país libre de aftosa alcanzado en el 2009, truncando así un proceso que había tomado más de 22 años y que se tradujo en el cierre de diferentes mercados de exportación y la pérdida de competitividad del ganado colombiano. Las consecuencias para ese sector de improvisar en materia institucional incluyeron la caída de más del 50 % en el volumen de exportaciones en el 2018 y 2019, indicadores que repuntaron a partir del 2020 cuando el personal técnico de Fedegán había retomado sus labores en el Fondo Nacional Ganadero. Quedó claro en aquel momento que es más fácil criticar y exigir restructuraciones que desarrollar programas y llevar bienes públicos a las regiones.

El caso de Fedegan ilustra que los humanos no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Seguramente los cafeteros “de base” reunidos en Pitalito que aplaudieron al presidente tendrán un sentimiento muy distinto si los diferentes programas que ejecuta la FNC se suspendieran y quedasen en manos del inoperante Ministerio de Agricultura. En ese momento extrañarán el profesionalismo y experiencia de centenares de colaboradores de la FNC que aparentemente deberían ser “restructurados” o despedidos por ser percibidos como una burocracia inoperante, y que sin embargo hace posible la ejecución de centenares de iniciativas financiadas de diferentes fuentes, no solo estatales.

El presidente seguramente ignora que su discurso también está poniendo en riesgo no solo la ejecución de los proyectos del Fondo, sino, entre otros, diferentes programas de financiación y cooperación con terceros, de investigación de largo plazo o de diferenciación y calidad, así como las líneas de crédito y financiamiento del Fondo el Café, el interés de actuales y futuros franquiciados de las tiendas Juan Valdez® y de los clientes de café verde y liofilizado, y una multitud de iniciativas y acciones que se han basado a través de los años en una solidez institucional. El presidente también desperdicia la oportunidad de unir fuerzas con uno de sus mejores socios para enfrentar los retos del desarrollo rural en Colombia. No cabe duda de que el gobierno del cambio, de ejecutar sus amenazas, cambiaría sustancialmente a la Colombia rural y cafetera. La cambiaría para mal.

@lfsamper