Un experto en temas de regulación de salud advierte que lo gastos de administración de la EPS son uno de los grandes problemas del sistema. Dice que $4 billones están en juego anualmente.
Los gastos de administración son los dineros que legalmente utilizan las EPS para administrar los recursos parafiscales de salud y los servicios que prestan. La Ley 1438 de 2011 en su Artículo 23, limitó los gastos de administración al 10% en el régimen contributivo y el 8% en el subsidiado.
Esta medida redujo en parte la gran corrupción existente, prohibiendo de manera expresa prácticas como la inversión de los recursos de la administración de la salud en activos fijos como edificios, clínicas y clubes, así como en otros gastos diferentes a las actividades de prestación de servicios de salud, inversiones que iban en detrimento del pago de gastos como el funcionamiento de los hospitales y los honorarios de los médicos. Esto fue en parte lo que ocurrió con SaludCoop, entidad en la que se utilizaron los dineros públicos con fines particulares, sacrificando los servicios de salud que requerían sus afiliados.
Una vez determinado en la Ley este porcentaje máximo para los gastos de administración, el paso a seguir, para beneficio de lo público, era que Minsalud reglamentara el Artículo 23 de la Ley 1438, definiendo específicamente los gastos de administración que las EPS podían imputar a los dineros de la salud, y cuál era el porcentaje de utilidad por su trabajo de administración.
En este sentido, con ingresos aproximados de $40 billones anuales, lo que las EPS podrían disponer para gastos administrativos es un máximo de $4 billones. Sin embargo, como no existe ni regulación, ni control, ni inspección, ni vigilancia por parte del Estado, ni tampoco está definido exactactamente qué es y qué no es un gasto de administración, en la práctica, las EPS cuentan hoy en día con una suma aproximada de $4 billones de recursos públicos para invertir en actividades que si bien podrían ser de carácter administrativo, no corresponden estrictamente a la prestación de servicios de salud, como los gastos de publicidad, bufetes de abogados, mantenimiento de sedes deportivas y hoteleras, pólizas de seguros y equipos de futbol.
Fue la misma Corte Constitucional, a través de la llamada Súper Tutela de la salud –la T760 de 2008– quien ordenó al Gobierno regular los gastos de administración, al encontrar evidencias de que las EPS estaban imputando, ilegalmente, gran parte de estos gastos al sistema.
En este sentido, los colombianos podríamos estar pagando con recursos de la salud, incluso las multas que impone el Estado a las EPS por violar las normas, y los honorarios de los abogados que las defienden por sus comportamientos irregulares frente al manejo del sistema. Lo que en palabras de la Corte Constitucional “envuelve, no solamente un fraude financiero-contable, sino un enorme detrimento al propio bien público(…)”.
La ley 1438 de 2011, en su Artículo 23, exhortó al Gobierno para que a más tardar el primero de enero de 2013 reglamentara lo relacionado a los gastos de administración de las EPS.
Adicionalmente, ante esta omisión reglamentaria, el 4 de octubre de 2013, la Contraloría General de la República, expresó Función de Advertencia a Minsalud y a la Supersalud (2013EE0119323) en donde establece que: “La no reglamentación del Artículo 23 favorece los manejos irregulares de los dineros de la salud, en detrimento de los recursos públicos de la salud, que en palabras de la Corte Constitucional tenía como objetivo fundamental erradicar prácticas nocivas para el sistema (…)”.
Pese a eso, hoy en día, más de dos años después de esta advertencia, y aunque la misma Ley establece la necesidad de reglamentación, el Gobierno no ha realizado ningún avance.
Mientras las EPS gastan a su antojo aproximadamente $4 billones al año en gastos que nada tienen que ver con la administración de la salud, sin reglamentación, control, inspección y vigilancia alguna del Estado, gracias a las graves omisiones de Minsalud, nuestros hospitales están llegando a la quiebra y los médicos y trabajadores de la salud están sometidos a tratos indignos, que redundan, sin lugar a dudas, en un deterioro progresivo de nuestro sistema, afectando la vida y la salud de muchos colombianos. Incluyendo a niños que como mi hijo, Juan Sebastián, padecen de leucemia y a quienes un sistema de salud mezquino e injusto, los condena junto a sus familias, a la peor de las suertes, porque no hay dinero para pagar su costosa enfermedad, pero sí para que las EPS gasten a sus anchas.
En mi esfuerzo por hacer este artículo de opinión entendible, le pedí a mi hijo Juan Sebastián –quien desde hace un año supera exitosamente su enfermedad- que lo leyera. Después de hacerlo, me miró directo a los ojos y me dijo: “¿Papá, será que a las personas que hacen esto no les duele la conciencia?”.
*Luis Arcesio García Perdomo es abogado, asesor en temas de salud y exasesor de la Contraloría.
Un experto en temas de regulación de salud advierte que lo gastos de administración de la EPS son uno de los grandes problemas del sistema. Dice que $4 billones están en juego anualmente.
Los gastos de administración son los dineros que legalmente utilizan las EPS para administrar los recursos parafiscales de salud y los servicios que prestan. La Ley 1438 de 2011 en su Artículo 23, limitó los gastos de administración al 10% en el régimen contributivo y el 8% en el subsidiado.
Esta medida redujo en parte la gran corrupción existente, prohibiendo de manera expresa prácticas como la inversión de los recursos de la administración de la salud en activos fijos como edificios, clínicas y clubes, así como en otros gastos diferentes a las actividades de prestación de servicios de salud, inversiones que iban en detrimento del pago de gastos como el funcionamiento de los hospitales y los honorarios de los médicos. Esto fue en parte lo que ocurrió con SaludCoop, entidad en la que se utilizaron los dineros públicos con fines particulares, sacrificando los servicios de salud que requerían sus afiliados.
Una vez determinado en la Ley este porcentaje máximo para los gastos de administración, el paso a seguir, para beneficio de lo público, era que Minsalud reglamentara el Artículo 23 de la Ley 1438, definiendo específicamente los gastos de administración que las EPS podían imputar a los dineros de la salud, y cuál era el porcentaje de utilidad por su trabajo de administración.
En este sentido, con ingresos aproximados de $40 billones anuales, lo que las EPS podrían disponer para gastos administrativos es un máximo de $4 billones. Sin embargo, como no existe ni regulación, ni control, ni inspección, ni vigilancia por parte del Estado, ni tampoco está definido exactactamente qué es y qué no es un gasto de administración, en la práctica, las EPS cuentan hoy en día con una suma aproximada de $4 billones de recursos públicos para invertir en actividades que si bien podrían ser de carácter administrativo, no corresponden estrictamente a la prestación de servicios de salud, como los gastos de publicidad, bufetes de abogados, mantenimiento de sedes deportivas y hoteleras, pólizas de seguros y equipos de futbol.
Fue la misma Corte Constitucional, a través de la llamada Súper Tutela de la salud –la T760 de 2008– quien ordenó al Gobierno regular los gastos de administración, al encontrar evidencias de que las EPS estaban imputando, ilegalmente, gran parte de estos gastos al sistema.
En este sentido, los colombianos podríamos estar pagando con recursos de la salud, incluso las multas que impone el Estado a las EPS por violar las normas, y los honorarios de los abogados que las defienden por sus comportamientos irregulares frente al manejo del sistema. Lo que en palabras de la Corte Constitucional “envuelve, no solamente un fraude financiero-contable, sino un enorme detrimento al propio bien público(…)”.
La ley 1438 de 2011, en su Artículo 23, exhortó al Gobierno para que a más tardar el primero de enero de 2013 reglamentara lo relacionado a los gastos de administración de las EPS.
Adicionalmente, ante esta omisión reglamentaria, el 4 de octubre de 2013, la Contraloría General de la República, expresó Función de Advertencia a Minsalud y a la Supersalud (2013EE0119323) en donde establece que: “La no reglamentación del Artículo 23 favorece los manejos irregulares de los dineros de la salud, en detrimento de los recursos públicos de la salud, que en palabras de la Corte Constitucional tenía como objetivo fundamental erradicar prácticas nocivas para el sistema (…)”.
Pese a eso, hoy en día, más de dos años después de esta advertencia, y aunque la misma Ley establece la necesidad de reglamentación, el Gobierno no ha realizado ningún avance.
Mientras las EPS gastan a su antojo aproximadamente $4 billones al año en gastos que nada tienen que ver con la administración de la salud, sin reglamentación, control, inspección y vigilancia alguna del Estado, gracias a las graves omisiones de Minsalud, nuestros hospitales están llegando a la quiebra y los médicos y trabajadores de la salud están sometidos a tratos indignos, que redundan, sin lugar a dudas, en un deterioro progresivo de nuestro sistema, afectando la vida y la salud de muchos colombianos. Incluyendo a niños que como mi hijo, Juan Sebastián, padecen de leucemia y a quienes un sistema de salud mezquino e injusto, los condena junto a sus familias, a la peor de las suertes, porque no hay dinero para pagar su costosa enfermedad, pero sí para que las EPS gasten a sus anchas.
En mi esfuerzo por hacer este artículo de opinión entendible, le pedí a mi hijo Juan Sebastián –quien desde hace un año supera exitosamente su enfermedad- que lo leyera. Después de hacerlo, me miró directo a los ojos y me dijo: “¿Papá, será que a las personas que hacen esto no les duele la conciencia?”.
*Luis Arcesio García Perdomo es abogado, asesor en temas de salud y exasesor de la Contraloría.