Para cumplir un sueño el mero deseo no basta: hace falta la acción. Sobre todo, si el anhelo es la paz. Que los gobiernos se comprometan en abstracto a trabajar por la reconciliación no es suficiente. Es necesario que esa promesa se materialice en hechos concretos. Y hoy el movimiento que necesita la paz es la asignación de recursos destinados a restaurar y reparar a miles de víctimas del conflicto armado en Colombia.
En septiembre, la JEP emitió sus primeras sentencias restaurativas. Una contra siete exjefes del último Secretariado de las extintas FARC-EP por la comisión de más de 21.000 secuestros; la segunda, contra 12 exintegrantes de la fuerza pública por asesinar a 135 víctimas para luego presentarlas como dadas de baja en combate. Nunca antes en el mundo dos partes de un conflicto armado habían reconocido públicamente sus crímenes ante la justicia y aceptado recibir una sanción.
Las sentencias de la JEP no invitan a la quietud de quienes cometieron estos crímenes, sino al movimiento para contribuir a reactivar los proyectos de vida interrumpidos por la violencia. Esa dinámica comenzó con los reconocimientos y aportes de verdad de los comparecientes; ahora falta que con sus propias manos trabajen en favor de las víctimas. Para lograrlo, es imperativo que el Gobierno Nacional cumpla su parte con lo acordado en el Acuerdo Final de Paz y desembolse los recursos necesarios.
Las sentencias de la JEP ordenan que los comparecientes realicen proyectos relacionados con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas —en el país hay más de 132.000—, el desminado humanitario y la recuperación del medio ambiente, así como actos de memoria.
En estos años hemos trabajado en una ruta de colaboración con el Gobierno Nacional para lograr acuerdos que permitan al Estado cumplir con la imposición de las Sanciones Propias. Como parte de este proceso, se creó una instancia de coordinación interinstitucional y firmamos un acuerdo que definía compromisos concretos. En este contexto, hemos mantenido un diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda para analizar la posible normatividad que asegure la priorización de recursos.
Tras ese proceso de diálogo, en las primeras sentencias se emitieron 77 órdenes dentro del caso de la fuerza pública y más de 100 en el de las FARC-EP. De esta forma, el Tribunal de Paz asignó responsables para que las decisiones no se quedaran en el papel.
La ejecución de estos proyectos requiere 121.858 millones de pesos. La cifra no es alta si se tiene en cuenta que busca saldar una deuda histórica de la justicia y avanzar en la restauración del daño. Pero también si se considera que estos proyectos —y los que vienen— pueden servirnos a todos para caminar sin miedo a pisar una mina antipersonal, para acabar con la incertidumbre de miles de familias y para contar con infraestructura para las comunidades.
De momento, se han asignado 20.000 millones de pesos. Sin embargo, aún falta el 84 % de los recursos necesarios. Por eso, la JEP insiste en invitar al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales a convertir sus compromisos con la paz en acciones concretas. Solo así será posible transformar el dolor de las víctimas en esperanza y al país en lo que desean los colombianos: la paz.
* Presidente de la JEP.
Por Alejandro Ramelli
