Por Fabián Cárdenas*, especial para El Espectador
El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra y se cumple el año que el Acuerdo de París sobre Cambio Climático estableció para su firma. El balance es de 195 signatarios de los cuales 52 aún no han ratificado, siendo Colombia uno de ellos. Estados Unidos, China y la Unión Europea firmaron y aceptaron el Acuerdo, Rusia firmó y está también pendiente de ratificación. El tratado internacional medioambiental que fue firmado el 12 de diciembre de 2015 entró en vigencia desde el 4 de noviembre de 2016.
Los esfuerzos realizados por las diversas delegaciones en Paris fueron titánicos y el simple hecho de haber alcanzado el Acuerdo es de por si un éxito diplomático, logrando la participación de países que se habían mantenido reluctantes a los compromisos medioambientales. No obstante, se hace necesario mirar el texto fríamente y preguntarse que llevó a los disidentes históricos a cambiar de parecer y cuáles son los desafíos que dejó el nuevo enfoque.
La razón por la cual hasta los menos interesados en la gobernanza climática internacional se hicieron parte del Acuerdo fue el cambio de enfoque que se traduce en la inexistencia de metas específicas de reducciones en las emisiones de gases con efecto invernadero. Esto le resulta atractivo a algunos debido a que, ante la carencia de obligaciones jurídicas internacionales de resultado, las posibles alegaciones de responsabilidad internacional derivadas del Acuerdo serían improbables. Mientras que el Protocolo de Kioto de 1997 exigía a los países desarrollados un compromiso concreto de reducción de las emisiones en un 5% frente a los niveles registrados en 1900, lo que era perfectamente cuantificable, el Acuerdo de París contiene una obligación genérica y abstracta consistente en “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC”.
Mientras que el enfoque contenido en Kioto era de arriba hacia abajo, depositando las responsabilidades derivadas del cambio climático en el escenario internacional, el enfoque de Paris –propuesto desde Copenhague 2009- es de abajo hacia arriba, quedando así el destino del clima mundial en manos de los esfuerzos que hagan dentro de cada parte y a través de su institucionalidad interna.
Así, la única obligación concreta que dejó París y por lo cual los grandes emisores se mostraron muy entusiastas, es la de emitir reportes de forma periódica acerca de los diversos esfuerzos que hacen para contribuir a la meta global. En términos de responsabilidad internacional, esto podría traducirse también en un cambio de perspectiva desde la responsabilidad legal internacional propiamente dicha –o responsibility en inglés- hacia un nivel mucho más flexible como el de la simple rendición de cuentas, transparencia internacional –o accountability-.
El problema más evidente que se avizora frente al cambio de perspectiva es que el Cambio Climático podría caer en el dilema propuesto en 1968 por Garrett Hardin conocido como la Tragedia de los Comunes (Tragedy of the Commons), consistente en el destino que afrontan recursos compartidos por varios individuos pero que son finalmente explotados sin límite debido a que ninguno de los mismos lo perciben como totalmente propio. En otras palabras, la Tragedia de los Comunes puede sintetizarse en aquello que es a la vez de todos, pero también de nadie; de todos en cuanto a la explotación egoísta, pero de nadie al momento de proteger su conservación. Según esta mirada, la aspiración común de mantener la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales podría no alcanzarse debido a que siento una meta de todos termina siendo de nadie.
Lo anterior implica que los desafíos ahora se hacen más evidentes y más necesarios al interior de cada una de sus partes. Colombia, y todos los demás países, deben por ende ser conscientes que el deber adquirido en Paris –aunque menos “duro” desde un punto de vista jurídico internacional- termina siendo mayor al que se tenía con el régimen de Kioto, ya que corresponde al Estado, de forma integral y con la participación colaborativa de sectores público y privado, emprender esfuerzos a través de toda la institucionalidad disponible para contribuir a alcanzar unas metas internas de reducción más ambiciosas.
Es por esto que debemos hacer un llamado primero que todo a que bajo el liderazgo del Gobierno se establezcan espacios de diálogo nacional intersectoriales y multidisciplinarios, donde el sector público, la empresa privada, la academia, la sociedad civil y con la participación de abogados, politólogos, economistas, biólogos, ingenieros, ecólogos, etc., se generen estrategias integrales que puedan ser ejecutadas a través de todas las herramientas de la institucionalidad interna existentes a fin de generar contribuciones reales que eviten que las metas de París terminen en Tragedia.
* PhD / Profesor Titular de Derecho Internacional Ambiental UTADEO