El lado oscuro de Clara María González, candidata a fiscal
"Clara María González orquestó una estrategia deliberada y sistemática
para violar el derecho al acceso a la información pública"
Por: Camilo Enciso *
El pasado 26 de septiembre la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González –incluida recientemente en la terna de candidatos a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación– convocó a los secretarios generales de 37 entidades del gobierno nacional a una reunión muy peculiar en la Casa de Nariño. El objetivo de la reunión era instruirlos sobre la forma en que debían responder una petición de información radicada por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) a esas entidades.
Uno de los proyectos del IIEA, una ONG dedicada a combatir la corrupción y promover la transparencia y la integridad en Latinoamérica, consiste en lanzar un portal digital con un registro abierto de las citas que sostienen altos dignatarios del Estado –incluyendo a funcionarios de la Presidencia, Vicepresidencia, ministros, viceministros y directores de departamento administrativo– con particulares, gremios y congresistas; y también publicar los viajes, viáticos y regalos recibidos por los funcionarios. De esta forma, el portal pretende ser una herramienta de consulta en datos abiertos y de libre uso para veedores, periodistas y la sociedad civil en general.
Para poder publicar esa información, es evidente que primero hay que conseguirla. Por lo anterior, el 13 de septiembre el IIEA solicitó estos datos a varias entidades del gobierno, actuando bajo el amparo del derecho fundamental a pedir información a las autoridades, y bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En consideración al volumen de información pedida, el IIEA supuso que las entidades podrían solicitar más tiempo para responder. Sin embargo la respuesta fue sorpresiva.
El 26 de septiembre de 2019 el IIEA recibió una comunicación firmada por Clara María González, en la que responde que la Presidencia no haría entrega del material requerido, con el insólito argumento de que estábamos abusando del derecho a solicitar información. La principal premisa del comunicado era que la recopilación de la información solicitada no sólo tomaría a la Presidencia al menos seis meses, sino la dedicación exclusiva de varios funcionarios. Argumento a todas luces falso, puesto que Presidencia, organismo en el que laboré varios años, posee plataformas informáticas en las que se encuentra toda la información requerida, incluyendo los regalos, viajes, viáticos, incluso los ingresos a Palacio, por lo cual la información solicitada puede organizarse y entregarse sin mayor dificultad.
No obstante, Clara María González no sólo obstaculizó el acceso a información pública, sino que orquestó una estrategia deliberada y sistemática para violar ese derecho, al citar a los secretarios generales y directores jurídicos de las 37 entidades gubernamentales señaladas, con el fin de extender los argumentos de Presidencia a estas entidades, sin evaluar la capacidad de cada una de ellas de encontrar, organizar y entregar la información.
Al día siguiente de la mencionada reunión, en la cual –según testigos– se les dijo a los presentes que desde Presidencia se esperaba que siguieran las instrucciones “al pie de la letra”, adicionando la advertencia de que “nadie saliera con ‘chistecitos’”, a eso de las 3:02 pm, el señor Jaime Porras Cortés, actual funcionario de la Presidencia de la República, envió un correo institucional a los funcionarios de las entidades convocadas, incluyendo a todos los ministerios, departamentos administrativos, agencias especiales del gobierno nacional e incluso la Vicepresidencia. Los términos del mensaje fueron los siguientes:
“Buenas tardes a todos: De acuerdo con el compromiso adquirido el día de ayer, por instrucciones de la secretaria jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, remito en archivo Word y PDF la respuesta dada al peticionario del asunto, para que de manera atenta procedan a contestar sus derechos de petición de conformidad con las instrucciones impartidas el día de ayer.” (El subrayado es nuestro).
Esta comunicación deja en evidencia que la Dra. González participó de manera directa en el diseño de una estrategia específicamente hecha para restringir el derecho que tenemos los colombianos a acceder a información pública, en este caso relacionada con las reuniones que sostienen los funcionarios, los viajes que realizan, sus gastos y los obsequios y honores que reciben en el ámbito nacional o de gobiernos extranjeros. Esta información es pública y debe ser entregada a quien la solicite, a lo que ningún funcionario puede negarse, a menos que se configuren los elementos previstos en la ley para tal efecto. La conducta de la Dra. González no sólo demuestra que el promocionado compromiso del actual gobierno con la transparencia es falso, sino que genera serias dudas acerca de su idoneidad para ser elegida fiscal general de la Nación.
Ninguna entidad debería estar tan interesada como la Presidencia en apoyar la lucha contra la corrupción,facilitando a los colombianos, no sólo a una entidad especializada como el IIEA, el tipo de información que el gobierno, bajo la coordinación de González, se ha negado a entregar. Las normas mínimas de transparencia que la Dra. González ha demostrado despreciar, encarnan la mejor herramienta que tiene la sociedad civil para combatir la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés.
Al margen de las dudas que la situación debe suscitar en los magistrados encargados de designar al futuro fiscal general, ¿qué estarán pensando el día de hoy, en el cual se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, la OCDE, los actores nacionales e internacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, los integrantes de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones comprometidas con la transparencia y la lucha contra la corrupción, de las cuales Colombia hace parte?
@camiloencisov
* Abogado penalista y director del @instanticorrup
"Clara María González orquestó una estrategia deliberada y sistemática
para violar el derecho al acceso a la información pública"
Por: Camilo Enciso *
El pasado 26 de septiembre la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González –incluida recientemente en la terna de candidatos a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación– convocó a los secretarios generales de 37 entidades del gobierno nacional a una reunión muy peculiar en la Casa de Nariño. El objetivo de la reunión era instruirlos sobre la forma en que debían responder una petición de información radicada por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) a esas entidades.
Uno de los proyectos del IIEA, una ONG dedicada a combatir la corrupción y promover la transparencia y la integridad en Latinoamérica, consiste en lanzar un portal digital con un registro abierto de las citas que sostienen altos dignatarios del Estado –incluyendo a funcionarios de la Presidencia, Vicepresidencia, ministros, viceministros y directores de departamento administrativo– con particulares, gremios y congresistas; y también publicar los viajes, viáticos y regalos recibidos por los funcionarios. De esta forma, el portal pretende ser una herramienta de consulta en datos abiertos y de libre uso para veedores, periodistas y la sociedad civil en general.
Para poder publicar esa información, es evidente que primero hay que conseguirla. Por lo anterior, el 13 de septiembre el IIEA solicitó estos datos a varias entidades del gobierno, actuando bajo el amparo del derecho fundamental a pedir información a las autoridades, y bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En consideración al volumen de información pedida, el IIEA supuso que las entidades podrían solicitar más tiempo para responder. Sin embargo la respuesta fue sorpresiva.
El 26 de septiembre de 2019 el IIEA recibió una comunicación firmada por Clara María González, en la que responde que la Presidencia no haría entrega del material requerido, con el insólito argumento de que estábamos abusando del derecho a solicitar información. La principal premisa del comunicado era que la recopilación de la información solicitada no sólo tomaría a la Presidencia al menos seis meses, sino la dedicación exclusiva de varios funcionarios. Argumento a todas luces falso, puesto que Presidencia, organismo en el que laboré varios años, posee plataformas informáticas en las que se encuentra toda la información requerida, incluyendo los regalos, viajes, viáticos, incluso los ingresos a Palacio, por lo cual la información solicitada puede organizarse y entregarse sin mayor dificultad.
No obstante, Clara María González no sólo obstaculizó el acceso a información pública, sino que orquestó una estrategia deliberada y sistemática para violar ese derecho, al citar a los secretarios generales y directores jurídicos de las 37 entidades gubernamentales señaladas, con el fin de extender los argumentos de Presidencia a estas entidades, sin evaluar la capacidad de cada una de ellas de encontrar, organizar y entregar la información.
Al día siguiente de la mencionada reunión, en la cual –según testigos– se les dijo a los presentes que desde Presidencia se esperaba que siguieran las instrucciones “al pie de la letra”, adicionando la advertencia de que “nadie saliera con ‘chistecitos’”, a eso de las 3:02 pm, el señor Jaime Porras Cortés, actual funcionario de la Presidencia de la República, envió un correo institucional a los funcionarios de las entidades convocadas, incluyendo a todos los ministerios, departamentos administrativos, agencias especiales del gobierno nacional e incluso la Vicepresidencia. Los términos del mensaje fueron los siguientes:
“Buenas tardes a todos: De acuerdo con el compromiso adquirido el día de ayer, por instrucciones de la secretaria jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, remito en archivo Word y PDF la respuesta dada al peticionario del asunto, para que de manera atenta procedan a contestar sus derechos de petición de conformidad con las instrucciones impartidas el día de ayer.” (El subrayado es nuestro).
Esta comunicación deja en evidencia que la Dra. González participó de manera directa en el diseño de una estrategia específicamente hecha para restringir el derecho que tenemos los colombianos a acceder a información pública, en este caso relacionada con las reuniones que sostienen los funcionarios, los viajes que realizan, sus gastos y los obsequios y honores que reciben en el ámbito nacional o de gobiernos extranjeros. Esta información es pública y debe ser entregada a quien la solicite, a lo que ningún funcionario puede negarse, a menos que se configuren los elementos previstos en la ley para tal efecto. La conducta de la Dra. González no sólo demuestra que el promocionado compromiso del actual gobierno con la transparencia es falso, sino que genera serias dudas acerca de su idoneidad para ser elegida fiscal general de la Nación.
Ninguna entidad debería estar tan interesada como la Presidencia en apoyar la lucha contra la corrupción,facilitando a los colombianos, no sólo a una entidad especializada como el IIEA, el tipo de información que el gobierno, bajo la coordinación de González, se ha negado a entregar. Las normas mínimas de transparencia que la Dra. González ha demostrado despreciar, encarnan la mejor herramienta que tiene la sociedad civil para combatir la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés.
Al margen de las dudas que la situación debe suscitar en los magistrados encargados de designar al futuro fiscal general, ¿qué estarán pensando el día de hoy, en el cual se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, la OCDE, los actores nacionales e internacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, los integrantes de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones comprometidas con la transparencia y la lucha contra la corrupción, de las cuales Colombia hace parte?
@camiloencisov
* Abogado penalista y director del @instanticorrup