Próximo a terminar su gobierno, el presidente Sebastián Piñera tendrá que enfrentar, además de la inconformidad y la protesta de las nuevas generaciones, a Bolivia, país que decidió presentar demanda ante la Corte Internacional de Justicia para recuperar su salida al océano Pacífico.
El desierto de Atacama, el más árido del mundo, con 105.100 kilómetros cuadrados, no sólo ha despertado ambiciones geopolíticas y geoeconómicas por sus recursos: cobre, oro, plata, hierro, sales de potasio y minerales no metálicos, como litio y nitrato de sodio. Después de innumerables disputas, a partir de los tratados limítrofes de 1866 y 1874, la región pasó a ser oficialmente territorio boliviano.
Sin embargo, el 23 de mayo de 1879, el Estado chileno decidió apoderarse por la vía militar del litoral boliviano, en la Guerra del Pacífico, cuando Chile ganó territorios de Bolivia y Perú, lo que cerró el acceso de Bolivia al mar, sellando la dependencia estructural que Bolivia tendría en el transcurso de los años de los países más representativos de Suramérica. Esta dependencia llevó a Bolivia, pobre, vulnerable y ahora mediterránea, a negociar con sus vecinos la explotación de sus importantes recursos mineros a cambio de puertos para la salida de sus productos de exportación.
El gobierno de Evo Morales, después de varios intentos de aproximación al gobierno chileno, decidió recurrir a la CIJ al no tener respuesta satisfactoria. Para algunos analistas el tema del mar en Bolivia es un dolor de patria y por lo tanto siempre exacerbará el nacionalismo, provocará cohesión y desviará la atención de temas domésticos prioritarios. El gobierno chileno opina que no está obligado a renegociar lo legitimado por el Tratado de 1904: “La soberanía de Chile sobre 400 kilómetros de costa y 1.200 kilómetros cuadrados de territorio antes boliviano”.
A pesar de los encuentros y desencuentros de esa relación bilateral, un nuevo conflicto entre esos países golpearía una vez más la controvertida y difícil integración latinoamericana, aún marcada por los resquicios de las disputas coloniales, sus frágiles primeros años de independencia y los persistentes intereses transnacionales.
Sin embargo, la pregunta que queremos formular es la misma de una carta abierta enviada a 154 intelectuales chilenos y bolivianos: “Bolivia pide un puerto, ¿hay algo más lógico?”. Para muchos no, pero desde Chile, la inteligente Camila Vallejo, símbolo de la nueva generación, pronuncia: “Chile no debe regalar territorio a Bolivia, pero deberá buscar un acuerdo: Chile vivencia una fuerte crisis energética y Bolivia tiene un enorme potencial energético”. La construcción de puentes políticos y de mediadores sensatos podrían buscar una salida al mar para Bolivia, sin dividir el territorio chileno, estableciendo nuevos acuerdos de complementariedad, pero detrás de todo eso está el Atacama.
Próximo a terminar su gobierno, el presidente Sebastián Piñera tendrá que enfrentar, además de la inconformidad y la protesta de las nuevas generaciones, a Bolivia, país que decidió presentar demanda ante la Corte Internacional de Justicia para recuperar su salida al océano Pacífico.
El desierto de Atacama, el más árido del mundo, con 105.100 kilómetros cuadrados, no sólo ha despertado ambiciones geopolíticas y geoeconómicas por sus recursos: cobre, oro, plata, hierro, sales de potasio y minerales no metálicos, como litio y nitrato de sodio. Después de innumerables disputas, a partir de los tratados limítrofes de 1866 y 1874, la región pasó a ser oficialmente territorio boliviano.
Sin embargo, el 23 de mayo de 1879, el Estado chileno decidió apoderarse por la vía militar del litoral boliviano, en la Guerra del Pacífico, cuando Chile ganó territorios de Bolivia y Perú, lo que cerró el acceso de Bolivia al mar, sellando la dependencia estructural que Bolivia tendría en el transcurso de los años de los países más representativos de Suramérica. Esta dependencia llevó a Bolivia, pobre, vulnerable y ahora mediterránea, a negociar con sus vecinos la explotación de sus importantes recursos mineros a cambio de puertos para la salida de sus productos de exportación.
El gobierno de Evo Morales, después de varios intentos de aproximación al gobierno chileno, decidió recurrir a la CIJ al no tener respuesta satisfactoria. Para algunos analistas el tema del mar en Bolivia es un dolor de patria y por lo tanto siempre exacerbará el nacionalismo, provocará cohesión y desviará la atención de temas domésticos prioritarios. El gobierno chileno opina que no está obligado a renegociar lo legitimado por el Tratado de 1904: “La soberanía de Chile sobre 400 kilómetros de costa y 1.200 kilómetros cuadrados de territorio antes boliviano”.
A pesar de los encuentros y desencuentros de esa relación bilateral, un nuevo conflicto entre esos países golpearía una vez más la controvertida y difícil integración latinoamericana, aún marcada por los resquicios de las disputas coloniales, sus frágiles primeros años de independencia y los persistentes intereses transnacionales.
Sin embargo, la pregunta que queremos formular es la misma de una carta abierta enviada a 154 intelectuales chilenos y bolivianos: “Bolivia pide un puerto, ¿hay algo más lógico?”. Para muchos no, pero desde Chile, la inteligente Camila Vallejo, símbolo de la nueva generación, pronuncia: “Chile no debe regalar territorio a Bolivia, pero deberá buscar un acuerdo: Chile vivencia una fuerte crisis energética y Bolivia tiene un enorme potencial energético”. La construcción de puentes políticos y de mediadores sensatos podrían buscar una salida al mar para Bolivia, sin dividir el territorio chileno, estableciendo nuevos acuerdos de complementariedad, pero detrás de todo eso está el Atacama.