El presidente Petro, desde su campaña y posteriormente durante estos meses, ha insistido en que es fundamental trabajar en la mitigación del cambio climático y ha planteado la necesidad de fomentar y promover las energías renovables no convencionales. Tesis que desde la Asociación de Energías Renovables hemos apoyado, porque consideramos que va en la dirección correcta.
En ese sentido, es importante resaltar lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado al Congreso en días pasados, en el que precisamente uno de sus objetivos es el fomento de las energías limpias. En el artículo 3 se plantea, entre otras cosas, la “diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias”.
Sin duda, la transformación de la matriz eléctrica usando energías renovables no convencionales se ha iniciado en el país. Hay una serie de proyectos en desarrollo que significan casi 3.000 MW, los cuales podrían entrar en funcionamiento antes de finalizar el 2024. Estas inversiones cuantiosas, de más de 3.000 o 4.000 millones de dólares, son lideradas por empresas del sector privado, grandes, pequeñas, nacionales e internacionales.
Por supuesto, el inversionista que se ha comprometido y que participó en subastas realizadas en 2019 y 2021 lo hizo sobre la base de unas condiciones jurídicas vigentes en ese momento. El PND del anterior gobierno estableció una transferencia de estos proyectos para las comunidades y municipios del 1 %, que se subiría al 2 % de sus ingresos brutos en el momento en que se alcanzara un mayor porcentaje en la matriz energética.
Lo curioso pero contradictorio es que este Gobierno, que ha insistido en el impulso de las energías renovables, plantee en el artículo 188 del PND la creación de una transferencia ya no del 1 o 2 %, sino del 6 % de los ingresos. Es preocupante porque es una cifra significativa e implica que estos proyectos puedan quedar con dificultades financieras para su desarrollo e incluso que algunos inversionistas puedan decidir en este momento no hacerlos y abandonar el país.
Las razones que ha manifestado la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para incluir esta transferencia son válidas, claras, sobre todo por el caso de La Guajira, una región con muchas necesidades sociales; sin embargo, en este departamento hace muchos años existen proyectos carboníferos y gasíferos que no pagan transferencias.
Las cosas pueden mejorar y creemos que los recursos que requiere esta región en específico pueden ser más altos que ese porcentaje, pero es importante que el Estado cumpla sus funciones en el territorio y que los recursos adicionales se puedan derivar de diversas fuentes, de tal manera que no se afecte a una industria que apenas está naciendo y que es fundamental para la transición energética.
Resulta incoherente que estemos hablando del momento de las energías renovables, pero a la vez las estemos gravando con más impuestos (demasiado onerosos) y cargas que sin lugar a dudas no hacen atractiva la inversión. La peor situación para las comunidades de La Guajira es que no haya proyectos que generen recursos y empleo.
Somos conscientes de que este proceso se debe hacer con respeto a las comunidades y a los derechos humanos, porque de lo contrario los proyectos no son sostenibles. Nuestro llamado al Congreso es que analicemos este artículo para que se busquen alternativas y no se impacte de manera directa a las energías que están llamadas a ser la base de la transición energética.
* Director ejecutivo de SER Colombia.