Las actuales directivas impulsan una reforma de la Universidad. Su proceder deja mucho que desear.
La Universidad Nacional no se recupera aún del trauma de los eventos del año pasado. Y, como están las cosas, no tiene pinta de hacerlo. Todo indica que continuarán las controversias políticas y jurídicas acerca de muchas decisiones relativas a su organización y funcionamiento.
De la incertidumbre a la zozobra en la UN
De partida, hay una gran incertidumbre acerca de la decisión que tome el Consejo de Estado respecto de la designación de Leopoldo Múnera como rector. El tema es que esa incertidumbre tiene ahora visos de zozobra pues durante varios meses, en todas las porterías de la Universidad, ha estado puesta una pancarta en el cual el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas invita a desobedecer la decisión del Consejo de Estado.
Según el vicerrector general, lo manifestado en esta pancarta está amparado por la garantía a la libertad de expresión –cabe agregar que un buen número de colegas de mi unidad académica son de ese mismo pensamiento–. Sin embargo, después de que yo le presentara al rector un derecho de petición para que los retirara, éste decidió hacerlo, pero sólo en dos de las porterías de la Universidad, coincidiendo con el plazo de quince días hábiles que tenía para dar respuesta.
El rector ha dicho que respetará cualquier decisión del Consejo de Estado acerca de su designación, pero no ha dado más razones que las de su propio carácter. No hay ni una sola declaración en la cual, con otros motivos, el rector exhorte a la comunidad a obedecer la decisión judicial. Aparentemente, no considera una razón fehaciente el mandato constitucional de que todas las personas que vivimos en Colombia tenemos el deber de colaborar con el buen funcionamiento de las autoridades judiciales. En lugar de ello, se ha limitado a invitar a la comunidad universitaria a que “debata” acerca de las implicaciones de la decisión del alto tribunal. Lo del debate está bien, máxime en una comunidad académica. Lo cuestionable es que deje en el aire la duda de que obedecer la decisión judicial es asunto de debate, en lugar de dar ejemplo, con buenas razones, de que esa decisión, cualquiera que sea, hay que cumplirla.
Y, en relación con el debate, me he encontrado con una comunidad a la que no la caracteriza precisamente la vitalidad de ver las cosas desde varias perspectivas. Con excepción de los foros de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional, a donde fui invitado a discutir, otros colegas han rechazado mi pedido de organizar un debate haciendo gala de la tradición anti-pluralista, de la cual se han nutrido o han declinado por causa del agotamiento que les produce el tema. Es cierto que tenemos una lista de correo de docentes en la cual intercambiamos puntos de vista, y que allí suelen darse múltiples argumentos a favor y en contra. Sin embargo, como se trata de un intercambio no moderado, las discusiones alcanzan, de tanto en tanto, su nivel más bajo. A lo anterior cabe agregar los ejercicios, típicos del monólogo nacional, en los cuales se invita a un colega a disertar sobre un asunto, como las decisiones del Consejo de Estado, cual si fuera el sacerdote cuya prédica hay que escuchar con atención.
El chantaje del paro en la UN
En lugar de ser una institución que lidere la búsqueda de soluciones a nuestros problemas colectivos, la Universidad Nacional muchas veces meramente los replica. Bastaría mencionar que el campus se ha tornado en un lugar poco amable, pues el espacio público no se rige por los reglamentos universitarios sino por la ley del más fuerte. A esta misma ley es a la que apelan quienes amenazan con imponer un nuevo cese de actividades. Se trata de un chantaje que ha calado en varios miembros de la comunidad. Varios colegas se limitan a argumentar que el rector actual debería continuar en su cargo para evitar ese paro. No hay ninguna consideración acerca de la validez o invalidez del procedimiento observado para designarlo.
El chantaje del paro se arropa, sin embargo, de una apariencia democrática. El paro, como la llamada “constituyente” en curso, es visto como la expresión de la voluntad de la mayoría. Sus promotores usan el lenguaje de la soberanía popular, no como fuente de la ley, sino como voluntad por encima de toda ley. De ahí que consideren apropiado desafiar la autoridad del Consejo de Estado y, en general, cualquier otra autoridad. De este modo han consumado una profunda distorsión de la autonomía universitaria y, con ella, también de la democracia. Ésta ha dejado de ser un método para tomar decisiones que incluye la voz de todos los concernidos para convertirse en el comodín de quienes hablan a nombre de una supuesta mayoría. Es en tal representación, y con el aval del Consejo Superior de la Universidad, que promueven una reforma que podría trastocar gravemente su organización y funcionamiento.
La mal llamada “constituyente”
Siguiendo el ejemplo de la Universidad Distrital, en la Universidad Nacional el llamado a una “constituyente” ha resonado con cierta fuerza. El malestar que genera el actual proceso de designación de rector es uno de los motivos. En efecto, después de una consulta no vinculante a la comunidad, el Consejo Superior toma su decisión, la cual, invariablemente, ha sido distinta del resultado en la consulta, excepción hecha de la última designación el año pasado. Mas no es sólo la elección de rector. La “constituyente” es vista como la oportunidad para desmantelar un modelo neoliberal de universidad y reemplazarlo por otro más democrático, una reivindicación en la cual se confunde el razonable cuestionamiento a la desfinanciación de las universidades públicas con el resentimiento hacia la actividad de colegas que prestan servicios de consultoría y obtienen por ello remuneraciones adicionales.
En todos estos temas, ha sido reina la demagogia, comenzando con el mismo término de “constituyente”. Los promotores de la reforma actual saben que todo cambio tiene que darse dentro del marco de principios y reglas ya constituidos, y que no pueden ir más allá. No obstante, no han dejado de invocar el referido término pues sus resonancias emocionales son un gran mecanismo movilizador.
Con un mismo espíritu enardecido y un tono moralista, se proclama que el conocimiento no se vende, pero los “revolucionarios” que esto afirman olvidan que los servicios profesionales se prestan a cambio de una remuneración monetaria. En su afán de pureza, querrían cortar todos los lazos de la Universidad con agentes no académicos, especialmente, con las empresas, cuando lo que necesita el país es que la academia contribuya a la innovación científica y tecnológica para escapar a la llamada “trampa de los ingresos medios”, esto es, la trayectoria económica mediocre de limitarnos a importar soluciones productivas de otros países.
No hay duda alguna de que la opacidad que caracteriza a Rotorr, la corporación creada por la anterior rectoría, encarna todo lo contrario del modo transparente como debería operar la Universidad. El tema es que este engendro se convirtió en la excusa para demonizar no sólo todo tipo de consultoría sino también a todos los críticos de la “constituyente”.
Procedimientos amañados en la UN
Luego de cuestionar la manipulación de los procedimientos establecidos para la elección de rector, las directivas actuales no han tenido empacho alguno en manipular la participación de la Universidad mediante cuestionables procedimientos de conformación de la “constituyente”. En efecto, la asamblea encargada de deliberar y decidir qué reformas le propondrá al Consejo Superior ha sido establecida con una conformación muy particular. La representación de los diferentes estamentos fue definida, numéricamente, del siguiente modo: 89 profesores, 78 estudiantes, 21 egresados y 40 trabajadores administrativos.
Es notable el cálculo milimétrico que aplicaron las directivas, y que avaló el Consejo Superior, para asegurarse una mayoría favorable a su proyecto: los representantes de los estudiantes y de los trabajadores administrativos, los sectores más activos durante el pasado cese de actividades, tienen el 51,7 % de la llamada “mesa constituyente”.
Un examen pormenorizado confirma los sesgos de su conformación. Bastaría con llevar a cabo esta comparación: los institutos de investigación de la Universidad tienen tres representantes; los estudiantes foráneos, otros tres. No hay ningún criterio que justifique esta distribución. La inferencia que uno puede hacer es que las directivas han querido inclinar la balanza contra el profesorado, estamento que perciben más reacio a su proyecto. El tema es que es el profesorado, con su experiencia y su vinculación permanente a la Universidad, el más directamente llamado a defender una visión de largo plazo, y el más reticente a los cantos de sirena de demagogos que quisieran transformarlo todo.
La manipulación no termina aquí. El Consejo Superior aprobó un proceso de inscripción de candidaturas y de elección de representantes cuya legalidad es muy discutible. Quisiera mencionar lo ocurrido con la elección de representantes de los institutos de investigación. Después de un acelerado proceso de inscripción, quienes hacemos parte de los institutos fuimos llamados a escoger quién nos representaría. Para comenzar, sólo una plancha de principal y suplente fue debidamente acreditada. Lo más ominoso, sin embargo, es que el vicerrector general, quien realizó la convocatoria a esta votación, esperaba que escucháramos las propuestas de las personas candidatizadas y que votáramos ahí mismo. La elección tuvo lugar, además, con una muy baja participación. Un fenómeno similar ocurrió en las demás elecciones de representantes de los profesores (20,1 % de los de carrera y 9,1 % de los llamados ocasionales) y de los estudiantes (7,2 % de los de pregrado y 1,1 % de los de posgrado). En contraste con esta bajísima participación, la de los trabajadores administrativos fue más alta (44,4 %), pero está en niveles similares a los de la abstención en el país. Nada de esto, sin embargo, ha sido obstáculo para que las directivas consideren legítimo este proceso.
En casa de herrero…
Uno esperaría que todos estos problemas e irregularidades fueran puestas en discusión, en primer lugar, por quienes estudiamos la vida política. Lo que hemos aprendido acerca del modo de tomar decisiones debería haber servido para ponerles la lupa a estos procedimientos amañados. Empero, ocurre que muchos de mis colegas no comparten mi opinión o simplemente no les importa. De otro modo, habrían concurrido a la elección de representantes de los institutos. Hasta ahora las críticas a la falta de información sobre la “constituyente”, su conformación y la baja participación de la comunidad han sido expresadas principalmente por colegas en ingeniería y en el área de ciencias, como biología.
No creo que las directivas quieran dar marcha atrás ni mucho menos someter a aprobación de la comunidad lo que la “mesa constituyente” apruebe. Así las cosas, no quedará más remedio que llevar esta causa ante las autoridades judiciales pues el atropello es grande y el daño que este simulacro de democracia puede hacer es peor.
* Abogado y doctor en ciencia política. Profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
Por Juan Gabriel Gómez Albarello*
