El tiempo, la Corte y la vida de las mujeres

Ana Cristina González Vélez, experta internacional en materia de igualdad de género y derecho a la salud.

Foto: Archivo Particular

Quedan 26 días para que se acabe el año y 2 salas plenas en la Corte Constitucional antes que se inicie la vacancia judicial. Han pasado unos 450 días desde que el movimiento Causa Justo presentó ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad pidiendo que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Faltaban 3 días para que se venciera el término de esta demanda el pasado 19 de noviembre. Ahora, solo pasan los días. Pero no hay hechos. No hay debate ni decisión de fondo.

En esos 450 días y según los promedios que conocemos, han ocurrido cerca de 500 mil abortos, de los cuales solo entre 5 y 60 mil se han realizado en el Sistema de Salud. Esto quiere decir que más de 450 mil mujeres han tenido que acudir a procedimientos ilegales, probablemente inseguros, poniendo en riesgo su salud, su vida y su integridad corporal y moral. Si seguimos estos cálculos, cerca de un tercio de estos abortos han terminado en complicaciones -unas 150.000- y la mitad de estas complicaciones han afectado a las mujeres rurales. A las invisibles mujeres rurales.

Todo esto en un país en el que la pandemia hizo que las mujeres tuvieran menos acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Solo en julio del 2020 estos procedimientos disminuyeron casi un 60% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estas reducciones afectaron especialmente a las niñas de 10 a 14 (el acceso a IVE cayó en total un 20%) y a las mujeres entre 45 y 49 años (con una caída del 29%), y afectaron a las mujeres de departamentos como Vichada (41%), Bogotá (21%), Antioquia (14,6%) y Atlántico (11%). No voy a calcular cuántos de estos son embarazos no deseados en un país donde en promedio más del 50% lo son.

Más aún, considerando las cifras de criminalización en el país, durante este tiempo podrían haber sido perseguidas por el delito de aborto unas 493 mujeres que decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo y ningún hombre habría sido perseguido por obligar a una mujer a abortar. Pero, además, podrían haber sido condenadas unas 32 mujeres y una cuarta parte serían menores de 18 años. 1 de cada 3 de todas las que han sido criminalizadas habría sido víctima de violencia intrafamiliar o abuso, pero solo entre el 1 y 3% de sus victimarios habrían sido condenados. Todas, las perseguidas y las condenadas, sufrieron el castigo de un proceso en el que se las humilló y maltrató cuando acudieron en busca de ayuda a un servicio de salud. Un servicio desde donde la mitad de estas mujeres habrían sido denunciadas violando el secreto profesional. Un proceso que las habrá dejado marcadas como criminales.

Este tiempo transcurrido no es un tiempo vacío. Es un tiempo en el que niñas, adolescentes y mujeres han sufrido, han perdido años de vida saludable, han sido maltratadas por el propio estado y sus instituciones de salud (¿?) y de justicia (¿?). Un tiempo en el que todas ellas se siguen arriesgando a abortos inseguros porque una vez deciden no llevar adelante un embarazo, van a interrumpirlo sin importar cuánto se les amenace o castigue.

Así pues, la Corte tiene la inmensa responsabilidad de tomar una pronta decisión de fondo y eliminar el delito de aborto del Código Penal permitiendo la creación de una regulación sanitaria que sirva para asegurar el acceso a servicios oportunos y seguros. No se puede entender ni aceptar que siga pasando el tiempo y tengamos que escuchar el argumento de que hay que tomar decisiones en otros temas que son muy importantes y urgentes como si este no lo fuera. Y no se entiende tampoco por qué no se resuelven con celeridad los asuntos procesales. Ni se entiende el argumento de que los jueces están muy ocupados y mucho menos se acepta, simplemente que “llega la vacancia judicial”. No es posible creer que la Corte termine el año sin una decisión en esta seria y urgente materia. No es posible creer que no se retomen los términos y en tres días, fallen de fondo sobre un tema para el que han tenido tiempo de sobra. Sobre un tema frente al que no faltan evidencias ni razones en derecho o de salud pública. Sobre un tema que concierne a más de la mitad de la población colombiana, y que debería importar a la totalidad de esta.

Al fin y al cabo, somos sujetos morales con capacidad para decidir basadas en nuestra propia conciencia y merecemos la protección de todos nuestros derechos para vivir como ciudadanas plenas.

El tiempo tiene dos dimensiones decía el gran escritor Amin Maalouf: la longitud, que va al ritmo del sol, y la densidad, al ritmo de las pasiones. El tiempo, en sus dos dimensiones, se convierte en una condena para las niñas, adolescentes y mujeres de todo un país.

Corte, no más dilaciones.