Empleo: ¿Por qué cada vez más precario?

Columnista invitado EE
17 de junio de 2020 - 08:09 p. m.

Por: Juan Carlos Matamoros López*

En medio de las normas de subsidio a las nóminas decretadas por el Gobierno Nacional como parte de la emergencia por el COVID-19, se han venido abriendo paso otra serie de medidas que podrían constituir una especie de reforma laboral por decreto, que deben mirarse con recelo o francamente con temor, pues parecen parte de otra andanada de normas que, escudándose en buscar una mayor flexibilidad laboral, terminarán en una mayor precarización del empleo en Colombia.

Esta triste historia de precarización del empleo comenzó con la Ley 50 de 1990 que salió adelante con la excusa de que el país y nuestras empresas tenían que prepararse para la apertura económica y que nuestro marco de derecho laboral era demasiado rígido y tenía como efectos una baja propensión de las empresas a contratar nuevos empleados, una estructura de costos laborales que no le permitía a nuestros productos competir en el mercado internacional y una barrera de entrada a inversionistas extranjeros. Así las cosas, se aprobó esta ley que echó por la borda décadas de lucha por la reivindicación de los trabajadores colombianos.

Se modificó el régimen de cesantías, acabando con la retroactividad de las cesantías, fueron creados fondos de cesantías para que los bancos administraran el ahorro que antes era mantenido por los empleadores para el desarrollo de la empresa, se eliminó la pensión sanción para empleados con más de 10 años de trabajo, se les dio luz verde a contratos laborales de corto plazo y se generó la práctica del “salario integral” para quienes devengaban más de 10 salarios mínimos, quienes en la práctica (de ahí para adelante) se quedaron sin primas y sin cesantías. En resumen, se flexibilizaron todas las condiciones laborales a favor de las empresas, en contra de los empleados, con la promesa de que, ahora sí, las empresas iban a generar empleo, y llegaríamos a lo que los economistas llaman un mercado de “pleno empleo”. Por supuesto, eso no ocurrió.

Pasaron los años y los empleados colombianos, como seres humanos que somos, nos acomodamos al nuevo régimen laboral. Pero la flexibilidad del mercado laboral aun no era suficiente para nuestro sector empresarial, así que se presentó y se aprobó la Ley 789 de 2002 por medio de la cual se redujeron los recargos nocturnos, las horas extras nocturnas y se redujeron de manera importante las liquidaciones de indemnización por retiro sin justa causa. ¿Qué se ofrecía a cambio? Lo mismo del año 90, que las empresas así tendrían menos temores a contratar, que podrían tener más jornadas sin la carga de las horas extras nocturnas, que habría una mayor movilidad del trabajo, etc. Y por supuesto, todo eso tampoco ocurrió.

Y no sé en qué momento en particular fue que se presentó el desborde de los contratos de prestación de servicios, tanto en el sector privado como en el sector público, que lo único que hacen es eliminar por completo la seguridad de un empleo para el trabajador. Recuerdo en épocas no tan lejanas cuando se hablaba peyorativamente de las “nóminas paralelas” en el sector público colombiano, e incluso los candidatos a alcaldías y gobernaciones y a la Presidencia prometían acabar con esa práctica. Pues hoy, los contratos de prestación de servicios en el sector público son el pan de cada día y, aunque no existen cifras exactas, pueden representar el 40 % de quienes trabajan para el Estado (excluyendo la Fuerza Pública). Todos ellos están sin contrato laboral, tienen que pagar su salud y su pensión sin el aporte del contratante, no tienen primas ni cesantías y, aunque en teoría no son empleados, deben cumplir con horarios de trabajo y fechas límite de entrega, o de otra manera les liquidan el contrato. Y al final de cada contrato deben sufrir la tramitología oficial para renovarlo, sin que necesariamente sean cobijados por los aumentos de salario de quienes son empleados y sin certeza alguna sobre su estabilidad futura.

En estas últimas semanas se han venido presentando medidas tan descabelladas como aquella que permitió que las empresas no pagaran la prima de mitad de año antes de junio 30, mediante acuerdos “voluntarios” con sus empleados para pagarla en cuotas hasta diciembre. Me pregunto si en diciembre les permitirán entonces hacerlo en cuotas hasta junio. Y así, casi sin darnos cuenta, van a desaparecer las primas legales cuya oportunidad de pago tiene un sentido. Pero más descabellada aún es la propuesta que pretende ampliar la figura de “salario integral” a los empleados que ganen un millón de pesos al mes. Ya vimos que en la práctica el salario integral lo que logra es eliminar las primas y las cesantías para quienes se acogen a la figura. Sería totalmente arbitrario e injusto con el 45% de nuestros trabajadores. Sólo espero que nuestros políticos de centro y de centroizquierda y las centrales obreras y sindicatos no permitan que ocurra semejante desafuero.

Y así, como quien no quiere la cosa, se vuelve a plantear que se popularice el empleo por horas, el empleo por días, las figuras legales en las que nuestros profesionales tendrán que ver cómo tienen tres, cuatro o más patrones para lograr solventar el nivel de vida de sus familias, como ya les ocurre a muchos profesionales de la salud. Para no hablar de esas brillantes ideas de definir salarios inferiores al salario mínimo. Y estas propuestas se escuchan como parte de un esfuerzo por formalizar la economía, cuando en verdad lo que lograrían, en mi opinión, sería la precarización del empleo de la clase media de este país, que a este paso no verán otro camino que engrosar los contingentes de Rappi y Uber.

Nunca deberíamos olvidar que cada paso que se da hacia una mayor flexibilización del mercado laboral es un paso hacia una menor seguridad social y estabilidad de quienes trabajan. Y que no nos vengan con los mismos cantos de sirena del año 90 y del año 2002, las empresas no van a contratar ni más ni menos empleados de los que necesitan. Y ojalá que no acabemos, de nuevo, derrotados por quienes se creen los dueños del país.

* Miembro de la Tertulia Cervantina 1977. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor

 

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