Tal vez el mayor sueño de un gobernante es trascender. La forma de lograrlo es a través de las normas que impulsa en el Congreso o como jefe de Gobierno, las cuales tienen vocación de permanencia una vez termina el periodo de turno. Por eso llama la atención la propuesta de eliminar la Procuraduría, tal vez la entidad más importante en el diseño constitucional del país de frente al ciudadano del común, pues el procurador es quien está llamado a asegurar, con autonomía no sujeta a intereses políticos de momento, con carácter eminentemente preventivo, el cumplimiento de las normas que rigen la sociedad y el servicio público.
No hay otra entidad que tenga el poder de escudriñar con visión de conjunto los actos u omisiones de todos los servidores públicos del país, para defender los intereses de la sociedad, proteger los derechos humanos individuales y colectivos, y velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones asignadas a las entidades públicas.
Hablamos de la fortaleza de las instituciones colombianas sin detenernos a pensar cuál ha sido el balance que ha permitido dicha fortaleza. Me atrevo a decir que, en el devenir del país, en los momentos críticos y bajo tranquilidad, siempre ha estado presente la Procuraduría, la mayoría de veces en forma silenciosa, otras veces con rol protagónico para armonizar las actuaciones públicas.
La Procuraduría tiene múltiples funciones, entre estas: las preventivas, las de intervención y las disciplinarias. Las de intervención tienen profunda raigambre en la administración de justicia, tanto ante los jueces como ante autoridades administrativas a quienes se ha atribuido función jurisdiccional, por ejemplo, para conciliar. Tan importante es la intervención reactiva que definen los códigos de procedimiento como la proactiva en defensa del ciudadano. Trascendente es, entre muchos actos, la intervención en los procesos que conoce la Corte Constitucional.
La función disciplinaria ha sido muy criticada cuando ha tenido como efecto la suspensión o destitución de funcionarios de elección popular, con el efecto, en el último caso, de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Parece olvidarse que el efecto fue determinado por la ley como castigo a la corrupción, no por la Procuraduría. La función jurisdiccional también la ejercen las autoridades administrativas bajo estrictos procesos y procedimientos igualmente fijados por la ley, luego la orden dada por el sistema americano de derechos humanos, consistente en que la sanción de destitución fuera tomada por jueces autónomos, ya fue cumplida. No solamente los jueces que juzgan delitos están facultados para determinar penas en el sentido amplio de la palabra. Si las medidas tomadas son insuficientes, podrían ser complementadas.
Con el pretexto de obedecer una orden que ya fue acatada en el nuevo Código General Disciplinario se quiere abdicar la soberanía nacional olvidando la causa del problema, las faltas sancionables que cometen aquellos funcionarios que defraudan la confianza de sus electores y faltan a sus deberes. ¿Quién los va a sancionar en adelante, otros jueces que no dan abasto para administrar justicia?
Con la eliminación de la Procuraduría bajo dicho pretexto, no solamente se hace genuflexión y otorga enorme poder a sistemas extranjeros que desconocen la tradición y realidad constitucional, institucional y jurídica del país; también a quienes han colapsado a la entidad con los miles de faltas que cometen, a los corruptos y a quienes han querido eliminar a sus cabezas –no debe quedar olvidada la muerte de Carlos Mauro Hoyos Jiménez–.
En lugar de eliminar a la Procuraduría, se la debiera fortalecer, para que, por ejemplo, apoyada en estrategias de gobierno digital que se alimenten de los datos en todos los sistemas de información públicos, pueda combatir más efectivamente la corrupción, la desviación de poder, las omisiones y la falta de eficacia en la función pública en general, incluida la de los jueces.
Con argumentos falaces han sido presentadas teorías sobre pérdida de poder de la Procuraduría en recientes reformas y sobre el reemplazo de las funciones de la entidad. Algunas propuestas han sugerido relegar varias funciones a los jefes de control interno de las entidades, a la Fiscalía y a jueces penales. Las funciones de la Procuraduría son administrativas y jurisdiccionales; como tales hacen parte de una especialidad del derecho que no es aquella para la que han sido formados los funcionarios de la Fiscalía y los jueces penales. ¿Acaso la intención es que todo comportamiento alejado de los deberes sea analizado desde la óptica de los delitos? Además, no debe olvidarse que los jefes de control interno son nombrados por quien debe ser controlado; como si lo anterior fuera poco, tampoco debe olvidarse que la Fiscalía y los jueces subsisten bajo gravísima congestión que deslegitima al Estado en su conjunto.
La propuesta de eliminar la Procuraduría desbalancea los poderes y concentra el poder público en el presidente, implica pérdida de la función de control y prevención con visión de conjunto frente a la administración pública y los funcionarios corruptos, congestiona más el aparato judicial y borra la competencia de armonizar los poderes en defensa del ciudadano. No hay nada constructivo en la propuesta que parece sustituir los pesos y contrapesos que hacen parte del diseño constitucional del país. Por todo lo anterior, parecen tener razón quienes afirman que solo una Asamblea Constituyente podría eliminar a la Procuraduría.
Mientras tanto, el cambio propuesto por el Gobierno entrante dispondrá de solo 1.460 días para ser logrado. Muchas propuestas requerirán de todo el ingenio, foco y esfuerzo público para ponerlas en práctica. Malgastar tiempo y esfuerzo en iniciativas perversas no parece ser serio, prudente ni sensato frente a la magnitud del reto e importancia que el cambio propuesto exige.
Eliminar la Procuraduría es un cambio sustantivo, inaceptable e innecesario en la Constitución de 1991, que jurará respetar el nuevo gobierno y que prometió defender en la campaña. Hay muchas otras prioridades de la agenda social propuesta, con las cuales todos podemos ganar. Por el contrario, con la propuesta con tinte vindicativo de eliminar la Procuraduría todos perdemos.
Por Carlos Eduardo Borrero González
