Eutanasia o asistencia médica al suicidio: ¿En qué se diferencian?

El caso reciente de Catalina Giraldo Silva, la primera mujer en solicitar la asistencia médica al suicidio en Colombia, nos plantea algunas preguntas frecuentes: ¿qué diferencia hay entre este mecanismo del derecho a morir dignamente y la eutanasia? ¿Por qué ella prefirió dar la lucha por el primero, pero terminó accediendo al segundo? Para algunas personas no hay diferencia alguna; para otras, la diferencia lo es todo.

La Corte Constitucional despenalizó la asistencia médica al suicidio en el 2022, producto de un litigio estratégico liderado por DescLAB. De esta forma, este mecanismo se unió a la eutanasia —despenalizada desde 1997—, a la adecuación del esfuerzo terapéutico —la posibilidad de rechazar tratamientos— y a los cuidados paliativos, como mecanismos para ejercer el derecho a morir dignamente. Pero, a pesar de que los demandantes le pedimos a la Corte ordenar al Ministerio de Salud que modificara la reglamentación vigente sobre la eutanasia para incluir este nuevo mecanismo, la Corte no lo hizo y, de esta forma, creó el limbo contra el cual luchamos Catalina y las organizaciones que la acompañamos: hoy día, los colombianos tienen derecho a acceder a la asistencia médica al suicidio, pero no pueden hacerlo por falta de reglas claras.

¿Y por qué no existe la reglamentación? Por un lado, porque la Corte no la ordenó cuando pudo y debió hacerlo; y por otro, porque el Ministerio de Salud actúa de forma negligente y dice que no está obligado a hacer nada hasta que alguna autoridad judicial o el Congreso se lo ordenen. Esto es claramente falso, el Ministerio puede actuar y debe hacerlo, pero no quiere.

La eutanasia y la asistencia médica al suicidio se diferencian solamente en quién causa la muerte. En la primera es el médico, en la segunda es el ciudadano. Para algunas personas esta diferencia es insignificante, pues se consigue el mismo resultado. Pero para otras la diferencia es vital; se trata de un asunto de libertad y autonomía, lo ven como un acto que reafirma su capacidad de decidir, de poner fin a su vida en sus propios términos. En la asistencia médica al suicidio, el rol del profesional de la salud es el de proporcionar los medios para lograr una muerte segura y protegida.

El derecho a morir dignamente no es igual a la eutanasia. Se trata de la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre el fin de la vida, sobre cómo y cuándo morir. Por eso la posibilidad de elegir está en el centro de este derecho y nadie debe verse obligado a optar por un mecanismo cuando lo que quiere es otro. Esto pasa con mucha frecuencia, como por ejemplo pasa con quienes piden la eutanasia, pero solo les ofrecen cuidados paliativos. Quienes ejercen el derecho a morir dignamente no son pacientes —no son personas que esperan pasivamente a que les digan qué hacer—, sino ciudadanos que deciden y actúan.

El limbo jurídico contra el cual luchó Catalina la limitó a ser paciente y le impidió actuar como ciudadana. Durante más de diez meses luchó para que su muerte sucediera en sus propios términos, como un acto de amor y cuidado con ella misma y su familia que debía suceder a través de la asistencia médica al suicidio. Innumerables veces tuvo que escuchar frases como “solicita nuevamente la eutanasia” “es un camino más sencillo” “no tienes que sufrir y esperar tanto”. Ella decidió esperar lo que más pudo con la esperanza de poder ejercer su derecho.

Esperó a que su caso llegara a la Corte Constitucional, como sucedió a finales de mayo de 2026. Luego de ese momento me preguntó: ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto debemos esperar para que la Corte decida el caso? —Yo le contesté: no sé, Cata, pueden ser cuatro meses, ocho, un año y medio. En una de nuestras últimas conversaciones me dijo: tengo miedo de no haber hecho lo suficiente. Yo le contesté: has hecho lo que has podido y hasta este punto es suficiente.

Cuando solicitó la eutanasia, dejó claro que lo hacía porque no le habían dejado otra opción. Tampoco se quitó la vida de forma insegura y desprotegida como un acto de amor y cuidado a su mamá y a su hermana, no quería que su muerte fuera registrada como un acto violento y someterlas a trámites dolorosos e innecesarios. En nuestra última conversación presencial le pregunté: ¿cómo habrías querido que sucediera? Y me dijo: en mi casa, con mis familiares, con mis mascotas, tomándome yo misma el medicamento. Catalina fue la primera en unirse a DescLAB en la lucha por un suicidio seguro, acompañado y protegido y, por ese camino, ella y su familia pagaron el precio más alto. Como muchas otras personas, pudo haber solicitado la eutanasia, luchar para que se la autorizaran y no invertir tiempo y sufrimiento en tratar de catalizar un cambio social más amplio, pero no lo hizo y, por ello, fue una mujer valiente.

El camino del derecho fundamental a morir dignamente está empedrado con los casos de personas anónimas que no lograron su objetivo, pero cuya lucha les ha permitido a más de mil personas acceder de forma legal, gratuita y en el marco de salud a la eutanasia desde el 2015. Catalina puso la primera piedra para que sea posible a través de la asistencia médica al suicidio. Como dijo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernando Baquero Borda y que consta en un monumento a la memoria del conflicto armado en Medellín (Antioquia): “somos lo que dejamos a los demás”.