Tras la firma del Acuerdo Final, se desarrolla una campaña creciente de odio y estigmatización que busca derrumbar los cimientos de la paz. Las y los exguerrilleros, firmes en la palabra empeñada, encontramos cada día mayores obstáculos para la reincorporación y la sociedad colombiana ve cómo se aleja la promesa de una paz estable y duradera.
La estrategia de quienes se empeñan en hacer trizas la paz ha desatado una persecución en contra de quienes decididamente nos hemos dedicado a su construcción, pero sin hacer concesiones al gobierno y su política de traición al Acuerdo de Paz. Se valen de montajes e injurias peligrosas para nuestra integridad y seguridad jurídica y física y mantienen el discurso del enemigo interno, con el objetivo de invalidar políticamente a las partes firmantes, con el objetivo de volver ilegítimo el Acuerdo y sus instituciones. Con ello generan un ambiente que justifica e instiga el genocidio contra las y los firmantes de paz, que hoy completa 285 asesinados.
El reciente falso positivo judicial contra Harold Ordoñez es un ejemplo. Como lo documentó El Espectador, Harold fue víctima de un burdo montaje judicial, con acusaciones basadas en pruebas fabricadas y falsos testimonios. Harold, que fue acusado de ser comandante de la disidencia, es un reconocido líder social y de la reincorporación en el Valle, estudiante becado de maestría en la Universidad Javeriana con promedio de 4,8 y contratista de la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle. Pese a lo grotesco del caso y la solidaridad que despertó, el comandante de la Policía Nacional se anticipó a condenar a Harold con anuncios irresponsables ejerciendo una presión indebida sobre la justicia. Sin embargo, la jueza de control de garantías ordenó su libertad tras nueve días de injusta detención.
Desafortunadamente, en este caso se evidenció que la única fuente de estigmatización no eran los organismos estatales. La campaña contra Harold sucedió tras su renuncia al Partido Comunes, por razones de orden ideológico. Vale preguntarse por el impacto que tienen los rumores falaces y temerarios que algunos lanzan contra quienes piensan diferente, en la vida y las condiciones de reincorporación de los firmantes de la paz.
Los entrampamientos y falsas acusaciones son sistemáticos. Yo misma soy víctima de ellos. El pasado 30 de julio radiqué una carta ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP donde informo una serie de recientes eventos graves y recurrentes en clara intención de entrampar la paz. Mi equipo de trabajo y yo hemos recibido llamadas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp procedentes de los Estados Unidos con ofrecimientos de supuesta información delicada, videos de conspiraciones en mi contra, a cambio de sumas de dinero. También me han escrito mensajes intimidantes que pretenden mostrar que estoy permanentemente vigilada.
La misma estrategia fue accionada en contra de Ubaldo Zúñiga, presidente de Ecomún, Cooperativa que agrupa iniciativas para la reincorporación económica, surgida del Acuerdo de Paz, y contra nuestro compañero conocido como Martín Batalla, quien lidera Confecciones La Montaña, una de las iniciativas productivas de firmantes del Acuerdo de Paz con mayor reconocimiento nacional.
Ubaldo, Martín, Harold y yo tenemos características similares: como firmantes del Acuerdo apoyamos de forma decidida la reincorporación social, política y económica de las y los exguerrilleros y trabajamos incansablemente porque el Acuerdo de Paz se implemente de forma integral. Además de lo anterior, hemos sido críticos con las estrategias del gobierno Duque y con las posturas adoptadas por un sector de la dirección del Partido Comunes.
No sabemos de dónde viene este plan. Nos preguntamos ¿quién da la orden?. Firmamos un Acuerdo donde el Estado colombiano se comprometía a abandonar las prácticas de guerra sucia, así como a disponer de las garantías de no repetición. Los entrampamientos y falsos positivos han sido nefastos para la implementación del Acuerdo y deben cesar. Exigimos garantías plenas jurídicas y de seguridad para continuar con nuestro proceso de reincorporación política, económica y social junto a nuestros compañeros, compañeras y familias.
Creo que se puede avanzar en el camino de la paz con el esfuerzo del pueblo colombiano. No podemos callar ni mucho menos aceptar la perfidia adelantada por el gobierno, debemos juntarnos por la paz y por las grandes transformaciones sociales. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo fielmente y con pleno convencimiento nuestros compromisos, porque la paz debe ser el rumbo de Colombia.
* Senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz.
Por Victoria Sandino Simanca Herrera
