Parece inminente la nueva intrusión al galeón San José, esta vez de la mano del gobierno Petro. Un capricho que se activó cuando el presidente, recién posesionado en 2022, se reunió con el viejo cazatesoros cubano americano Roger Dooley, reconocido por haber saqueado numerosos naufragios en el mundo (ver https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/la-agenda-privada-de-petro-vicky-davila-ex-m19-y-pocos-lideres-sociales/).
La orden para la extracción del contenido del galeón San José no se hizo esperar. El 4 de noviembre del 2022 el mandatario afirmó “se enfocarán en rescatar los tesoros que viajaban dentro del navío, porque del barco ya no queda rastro” (ver (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/petro-sobre-el-galeon-san-jose-si-hay-planes-de-extraer-el-tesoro-715208). Lastimosamente lo afirmaba desde su desconocimiento, quizás porque no le interesaba, quizás porque sus asesores no le habían presentado toda información. Les preciso, buena parte de la nave se encuentra conservada bajo el sedimento que lo ha mantenido durante los últimos tres siglos.
Para ello se desplegó un equipo de funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes -MinCulturas-, otros tantos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, liderados por la Armada Nacional y la Dirección General Marítima -DIMAR-. Este equipo, denominado Mesa Técnica Interinstitucional, de espaldas a la ciudadanía, se ha encargado de la redacción del Plan de Manejo Arqueológico del pecio, una tarea pendiente desde su declaratoria como Bien de Interés Cultural en enero de 2020.
Dicho plan, que tiene dos versiones preliminares, parece haber sido aprobado ya por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural a finales de abril, sin haber sido debidamente evaluado por especialistas en el tema. Un proceso acelerado que comenzó en diciembre de 2023, con un improvisado documento, al que pronto se le agregaron numerosas páginas para nuevamente “socializarlo”, a inicios de abril de este año, y parece haber sido velozmente aprobado aunque la ciudadanía desconozca su versión final. Las oportunas críticas a esa incompleta última versión fueron detalladas por el especialista en patrimonio y planes de manejo, Manuel Salge, en la Silla Vacía (https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-social/una-brujula-sin-norte-la-nueva-version-del-plan-de-manejo-arqueologico-del-galeon/).
Mientras tanto, el gobierno Petro ha desplegado todas sus capacidades mediáticas para promocionar este capricho, haciéndolo ver como un proyecto científico, descolonizador, de cooperación sur-sur y antipatriarcal, despilfarrando cuantiosos recursos en numerosas contrataciones, invitados internacionales sin experiencia en arqueología de profundidad y tratando de montar a la carrera un laboratorio de conservación de patrimonio cultural sumergido, a cargo de la DIMAR. Como lo afirmó hace unos días el ministro Correa, “es la apuesta en esta ciudad de un laboratorio científico para que los niños populares tengan la posibilidad de tener una profesión afín a su territorio, que es el mar” (ver https://x.com/mincultura/status/1788283120283734500) .
También se ha planteado la idea de crear un museo en Cartagena, desconociendo la dramática situación que viven los museos en esa ciudad, prometiéndole a uno de los grupos indígenas bolivianos, los Qhara Qhara, sin la revisión jurídica correspondiente lo siguiente: “Los dividendos del museo que salgan cada año –que es de lo único que podría hacerse ganancia– una parte iría a la comunidad de Bolivia” (ver https://www.infobae.com/colombia/2023/05/02/tesoro-del-galeon-san-jose-por-que-gustavo-petro-estaria-dispuesto-a-entregarle-una-parte-a-una-comunidad-indigena-en-bolivia/).
Ahora se suman otras tres comunidades indígenas a la reclamación, los Killacas, los Carangas y los Chichas, pero se desconoce si el gobierno los tendrá en cuenta también en esta propuesta presidencial de repartición de dividendos sur-sur (Ver https://www.infobae.com/colombia/2024/03/29/pueblos-indigenas-de-bolivia-reclamaron-que-el-galeon-san-jose-sea-considerado-patrimonio-compartido/).
El panorama no puede ser más desolador; el Estado colombiano debe atender una demanda de otra empresa de cazatesoros, la Sea Search Armada, que dice tener derechos legales sobre este naufragio y ha conseguido que la Corte Permanente de Arbitraje acoja la demanda que tendrá que asumir el país a través de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, que sigue sin dirección en propiedad. Nada menos que 10.000 millones de dólares en juego. Por ahora el argumento más sólido de nuestra defensa es la de catalogar la reclamación como “frívola”, que a efectos legales, no sé si sea lo suficientemente contundente (ver https://www.wradio.com.co/2024/04/24/esta-en-riesgo-el-tesoro-del-galeon-san-jose )
Finalmente tenemos la denuncia de una posible intervención ilegal del naufragio, entre el 2015 y el 2016, de la empresa de cazatesoros que recibió el permiso del gobierno Santos para buscar el San José (ver https://www.elespectador.com/judicial/abren-investigacion-a-juan-manuel-santos-por-presunto-saqueo-a-galeon-san-jose/). En ese proyecto estuvieron involucrados un exdirector del ICANH y un exprofesor de la Universidad Externado de Colombia. ¡Oh Sorpresa! Ahora esos dos individuos hacen parte del proyecto del gobierno Petro e insisten en afirmar, sin pruebas, que el contexto arqueológico no ha sido intervenido.
Mientras la denuncia hace trámite a paso de tortuga en la Comisión de Acusaciones y en la Fiscalía General de la Nación, parece inminente la nueva e improvisada intervención, desconociendo las recomendaciones que han hecho especialistas nacionales e internacionales, la Veeduría Ciudadana y los que alguna vez fuimos llamados “ciudadanos preocupados” y hoy somos conocidos como “voces críticas” de un gobierno que parece no aceptar puntos de vista diferentes y es incapaz de concertar proyectos en donde está en juego el patrimonio arqueológico de la Nación y los casi 18 mil millones de pesos del erario público.
* Araqueólogo y profesor universitario.