El fatídico 30 de julio de 1993, en la puerta de su propia casa y mientras vivía la pasión de servir, ocurrió el magnicidio de Cristian Moreno Pallarez; un suceso que pervive en la memoria de la historia contemporánea y emergente -aun por comprender- del nororiente colombiano. El crimen del carismático dirigente político de 42 años, cabeza del movimiento que en los 80’ y los 90´ reivindicó los derechos políticos de las provincias ante el imperio de los enclaves y elites de Valledupar, fue el “acto de guerra” que más afectó la entidad del ELN, y particularmente del frente Camilo Torres Restrepo, en aquellos tiempos prevalido de presencia y poder desde organizaciones de base en el país santandereano, incluido el sur de Bolívar y la mitad del territorio cesarense; sacrificar aquel hombre les significó fracturar la confianza e interlocución que para entonces les reconocía de hecho toda la institucionalidad local. Las generaciones que vivimos el paro cívico como medio para exigir servicios públicos, vías, salud, educación y tierras, conocimos el talante inspirador de Moreno Pallarez, quien formó una escuela de liderazgo que desde el ejemplo y carácter de su lucha aún pervive; en su trasegar fue vocero de los pueblos asentados en el entorno de la Ciénaga de Zapatosa, el corredor minero, la ladera del Perijá; hizo la tarea de primer alcalde de elección popular para potenciar la voz combativa de Curumaní. Desde la tragedia padecida por la estancia de la guerra en las regiones, es necesario recapitular lo que vivimos en el centro y sur del Cesar sin confundirlo con el Catatumbo. Ahora que el ELN asume carácter político en la coyuntura que el gobierno ha promovido, se hace imperativo revestir de legitimidad y ponderación la participación de la sociedad civil en este nuevo ensayo de acuerdo y negociación; las asimetrías que en oportunidades de intervención del Estado por cuenta de la implementación de lo convenido con las FARC-ep resulta aleccionante, no solo en concentración de recursos, sino en la estratificación de las víctimas, los territorios y sus alegatos. Los nuestros también cuentan; si después del homicidio, también persiste la ignominia del olvido, es mejor borrarnos del mapa. Terminado el tercer ciclo de diálogos para la paz en La Habana, se advierte en los contenidos de los 9 protocolos y el acta complementaria presentadas como preámbulo del Comité Nacional de Participación que sigue el ELN y también el gobierno nacional, indiferentes y ausentes en reconocer expresamente el principio de humanización del conflicto, plataforma de protección de la población civil; es evidente que la guerra a que nos han sometido, demanda además de Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego, la determinación de respetar las visiones y agendas de vida de quienes estamos en los territorios. Los nuestros también cuentan; al homicidio de referentes, subyace en el regazo su visión transformadora. La organización armada del ELN tiene que asumir, si repite el crimen a quienes ejercen el derecho “impajaritable” de los pueblos a resistir el abandono, el oprobio y la muerte, como en el caso de mi papá, Cristian Moreno Pallarez, la respuesta de quienes estemos, será siempre defender la vida y la paz.
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