Los impuestos no solo sirven para financiar el funcionamiento del Estado y sus inversiones; también son un incentivo o desincentivo a ciertas actividades. Digamos que, si en una actividad comercial los impuestos corresponden al 45 % y en otra actividad comercial al 10 %, es probable que un emprendedor, empresario o inversionista prefiera la actividad comercial al 10 %. Desde luego, no solo los impuestos influencian esa decisión; también existen factores sicológicos, sociales, de retorno y rentabilidad, emocionales y estructurales que pueden afectarla.
Lo que sí es cierto es que los impuestos son una herramienta que puede guiar el consumo y el desarrollo industrial. No de otra manera se explica la mudanza masiva de empresas de California a Texas en Estados Unidos durante la pandemia; o la existencia de zonas con tratamientos tributaros especiales en todo el mundo. En Colombia tenemos varios ejemplos en frontera y puerto y algunos municipios que ofrecen mejores condiciones para ciertas actividades industriales y comerciales.
Cuando sin mayores justificaciones se habla de eliminar todas las exenciones -que también son incentivos-, no se hace sino demagogia. Eliminarlas por completo, implicaría una renuncia del Estado a fijar reglas que modifiquen el comportamiento económico. Incentiven o desincentiven conductas, actividades o industrias. A veces una exención es una forma de inversión social indirecta en actividades que pueden generar más renta en el futuro. En otras ocasiones, la necesidad de crear ecosistemas que atraigan los flujos para reemplazar potencialmente las llamadas actividades extractivas, requieren de sacrificar recaudo a corto plazo.
En el sector cultura hay un gran ejemplo. Los incentivos tributarios que se han desarrollado para la atracción de filmaciones en el país han logrado desarrollar un ecosistema de producción audiovisual, que involucra toda la infraestructura creativa y logística asociada. Gracias a esos incentivos, existe un flujo de recursos, pero también de conocimiento que progresivamente va generando una industria local en la materia. Sus beneficios van más allá de lo económico, porque proveen un medio para el despliegue de la creatividad, y permiten un ahorro progresivo en bienes intangibles, como son los derechos de propiedad intelectual sobre las obras originales que hacen productores locales con las utilidades o remanentes que quedan de vender sus servicios de producción a los inversionistas extranjeros. Como es lógico algo de la propiedad intelectual se va para el extranjero, pero el productor local puede reinvertir su renta en proyectos nacionales que no tendrían fuentes de financiación de otra forma.
Pero tal vez el cambio más relevante que trae este beneficio se verá con los años. La industria audiovisual permite el desarrollo intelectual del país, la expresión cultural como fuente de recursos y reinversión y la libertad de expresión como escenario de cuestionamiento y control al poder y a las estructuras. Hoy alguien puede soñar con dedicarse al cine en Colombia y no pensar que estará resignado a hacerlo solo por amor al arte, sino que podrá proveerse como persona y realizarse por medio de lo que le gusta.
Las ventajas, sin ser exageradas, no paran allí. La creación de este tipo de ecosistemas es un negocio para el país y para su gente. En el caso de Colombia, se calcula que por cuenta de la industria audiovisual hija de este tipo de incentivos, al país ingresan cerca de 1 billón de pesos en divisas extranjeras. Si se tiene en cuenta que estamos en tensos momentos mundiales en donde los inversionistas están buscando lugares seguros para sus divisas, mandar el mensaje equivocado puede generar un impacto enorme a la cultura. Ese billón de pesos no se va en utilidad, en su mayoría se gasta en el pago de salarios, gastos logísticos y administrativos; son recursos que se quedan en el país y se multiplican porque alimentan la economía, permiten el crecimiento de pequeñas empresas y con ello también el recaudo final.
Tras el éxito de los incentivos de la industria audiovisual, se han venido implementando programas afines que no deberían parar sino profundizarse. En el camino viene, por ejemplo, el programa CoCrea que toma prestadas algunas de las ideas exitosas de la industria audiovisual para otros proyectos de economía creativa.
Con los vientos de cambio que claman por la derogatoria generalizada de incentivos tributarios, bien vale la pena recordar que no todo en ellos es malo y que son una herramienta de política pública que no vale la pena prejuzgar.
* Abogado y profesor de diversas Universidades, magíster de la OMPI, socio de la firma OlarteMoure