Por: Alberto López de Mesa
Desde la ciudad de Córdoba en Argentina, un joven colombiano decidió volver a su país en bicicleta. En un viaje feliz de seis meses atravesó la pampa, llegó a Paraguay, subió a Bolivia, bajó a chile, recorrió Perú, ya en Ecuador sus padres le suplicaron que a Colombia no llegara en bicicleta. Advertidos de que aquí habían asesinado a excursionistas extranjeros y porque la policía del sur del país no aconsejaba su travesía por esos lares, le pagaron un pasaje en avión de Quito a Bogotá.
Ahora mismo me estoy enterando del asesinato de siete personas en Argelia, Cauca. También que mataron a seis líderes sociales en las dos últimas semanas de junio, con ellos sumarían 230 asesinatos desde que se firmaron los acuerdos de paz. El año pasado la policía capturó en flagrancia a dos miembros del clan Úsuga que opera y se ensaña en pueblos del nordeste antioqueño, la fiscalía ha comprobado que el ataque es sistemático contra defensores de derechos humanos, activistas LGBTI, miembros de organizaciones campesinas, representantes de comunidades indígenas y líderes comunitarios. Es difícil llamar ideología el impulso mental de estos criminales, más bien es una discriminación irracional contra todo pensamiento ajeno a la obediencia al orden impuesto por poderes oscuros, hasta ahora no se han hecho capturas sustanciales y el origen y la motivación de los homicidios no se ha caracterizado a favor de una persecución real de los autores de las muertes.
En las ciudades capitales y particularmente en Bogotá se registra un aumento de la inseguridad en el trasporte público, en las calles, en los barrios. Ha aumentado el robo de celulares, el atraco callejero, el raponazo, la extorsión, los asaltos a tiendas y el robo a supermercados. Esta es la inseguridad urbana y aunque los motivos y los modos son distintos entre los delitos regionales y los capitalinos, los emparenta el caos creciente que ha propiciado la inequidad, lo excluyente del capitalismo salvaje y el auge tanto del narcotráfico como del negocio interno de drogas ilícitas.
Ya Estados Unidos y su presidente Trump denunciaron el aumento en territorio colombiano de cultivos de cultivos de coca, por lo mismo advierte las represalias en caso que no practiquemos la fumigación con glifosatos y demostremos acciones militares contra los cultivadores, los fabricantes y los traficantes.
Esta advertencia se verá reflejada en todas las medidas de seguridad que tomará el nuevo gobierno tanto en el campo como en las ciudades. De hecho, el presidente electo Iván Duque ya había dicho desde su campaña que empezaría por penalizar la dosis mínima, para que los jíbaros no tuvieran excusas, también propuso el refuerzo del pie de fuerza de policía y ejército, lo cual aprobaran con beneplácito la mayoría de los alcaldes.
Total, lo que se viene es una práctica de seguridad similar a los ocho años del gobierno de Uribe. Donde la prevención y las acciones estructurales para curar el caos social que se vive a lo largo y ancho del país importan menos que el negocio en sí de la seguridad: Compra de tecnología, cámaras, armas, vehículos, sistemas blindados, contratación de mercenarios, toda la parafernalia para aparentar que se va a solucionar la delincuencia.
Lo de menos será ofrecer a los jóvenes una educación de calidad, ofertas laborales, alternativas para el buen uso del tiempo libre. Menos se fortalecerá las industrias agrícolas para que los campesinos remplacen los cultivos de coca por productos con opciones en el mercado
El negocio de la seguridad irá de la mano de políticas obedientes a los antojos del Imperio gringo, que en la práctica es el proveedor de todos los insumos para combatir el delito.
Mucho me temo que lo que se ha democratizado es la inseguridad y todo avisa el inicio de nuevas guerras.
Por: Alberto López de Mesa
Desde la ciudad de Córdoba en Argentina, un joven colombiano decidió volver a su país en bicicleta. En un viaje feliz de seis meses atravesó la pampa, llegó a Paraguay, subió a Bolivia, bajó a chile, recorrió Perú, ya en Ecuador sus padres le suplicaron que a Colombia no llegara en bicicleta. Advertidos de que aquí habían asesinado a excursionistas extranjeros y porque la policía del sur del país no aconsejaba su travesía por esos lares, le pagaron un pasaje en avión de Quito a Bogotá.
Ahora mismo me estoy enterando del asesinato de siete personas en Argelia, Cauca. También que mataron a seis líderes sociales en las dos últimas semanas de junio, con ellos sumarían 230 asesinatos desde que se firmaron los acuerdos de paz. El año pasado la policía capturó en flagrancia a dos miembros del clan Úsuga que opera y se ensaña en pueblos del nordeste antioqueño, la fiscalía ha comprobado que el ataque es sistemático contra defensores de derechos humanos, activistas LGBTI, miembros de organizaciones campesinas, representantes de comunidades indígenas y líderes comunitarios. Es difícil llamar ideología el impulso mental de estos criminales, más bien es una discriminación irracional contra todo pensamiento ajeno a la obediencia al orden impuesto por poderes oscuros, hasta ahora no se han hecho capturas sustanciales y el origen y la motivación de los homicidios no se ha caracterizado a favor de una persecución real de los autores de las muertes.
En las ciudades capitales y particularmente en Bogotá se registra un aumento de la inseguridad en el trasporte público, en las calles, en los barrios. Ha aumentado el robo de celulares, el atraco callejero, el raponazo, la extorsión, los asaltos a tiendas y el robo a supermercados. Esta es la inseguridad urbana y aunque los motivos y los modos son distintos entre los delitos regionales y los capitalinos, los emparenta el caos creciente que ha propiciado la inequidad, lo excluyente del capitalismo salvaje y el auge tanto del narcotráfico como del negocio interno de drogas ilícitas.
Ya Estados Unidos y su presidente Trump denunciaron el aumento en territorio colombiano de cultivos de cultivos de coca, por lo mismo advierte las represalias en caso que no practiquemos la fumigación con glifosatos y demostremos acciones militares contra los cultivadores, los fabricantes y los traficantes.
Esta advertencia se verá reflejada en todas las medidas de seguridad que tomará el nuevo gobierno tanto en el campo como en las ciudades. De hecho, el presidente electo Iván Duque ya había dicho desde su campaña que empezaría por penalizar la dosis mínima, para que los jíbaros no tuvieran excusas, también propuso el refuerzo del pie de fuerza de policía y ejército, lo cual aprobaran con beneplácito la mayoría de los alcaldes.
Total, lo que se viene es una práctica de seguridad similar a los ocho años del gobierno de Uribe. Donde la prevención y las acciones estructurales para curar el caos social que se vive a lo largo y ancho del país importan menos que el negocio en sí de la seguridad: Compra de tecnología, cámaras, armas, vehículos, sistemas blindados, contratación de mercenarios, toda la parafernalia para aparentar que se va a solucionar la delincuencia.
Lo de menos será ofrecer a los jóvenes una educación de calidad, ofertas laborales, alternativas para el buen uso del tiempo libre. Menos se fortalecerá las industrias agrícolas para que los campesinos remplacen los cultivos de coca por productos con opciones en el mercado
El negocio de la seguridad irá de la mano de políticas obedientes a los antojos del Imperio gringo, que en la práctica es el proveedor de todos los insumos para combatir el delito.
Mucho me temo que lo que se ha democratizado es la inseguridad y todo avisa el inicio de nuevas guerras.