Por Sebastián F. Villamizar Santamaría*
Un trayecto que usualmente dura 40 minutos se volvió una pesadilla de casi cuatro horas para cientos de personas que se movilizaban el martes desde Bogotá hacia La Calera. La vía, que sube por la cordillera oriental y desemboca en el valle del río Teusacá, estuvo completamente paralizada por la cantidad de agua que escurría montaña abajo y por los árboles que se cayeron y bloquearon el trayecto.
Lo peor es que no es la primera vez que pasa. Ya en 2018 se había caído un árbol por un aguacero que bloqueó la misma vía durante varias horas. Y como esta carretera atraviesa una zona de reserva en la que la CAR, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Alcaldía de la capital tienen interés, cualquier intervención debe pasar por todos esos filtros.
Además de los desastres ambientales, la vía ha sufrido bloqueos arbitrarios. Varias veces la han cerrado para hacer carreras en bicicleta apoyadas por la capital durante los fines de semana. Esto obliga a que los calerunos se queden encerrados en su propio municipio, porque la única vía alterna está destapada, se demora mucho más y no está tan bien conectada.
Y como todos los dolientes de la carretera no han estado a la altura del problema, incluida la concesión que administra el costoso peaje en el medio, los residentes han tenido que recurrir a distintas acciones para buscar soluciones. Una de las más recientes fue la operación tortuga de 2017, en la que los habitantes intentaron hacer que redujeran el costo del peaje y que las obras de ampliación se realizaran a tiempo.
Esta protesta llegó al final a oídos sordos, pero aun así logró que varios residentes de distintos sectores se organizaran en conjunto para pedirles a las autoridades competentes que mantengan la vía en buen estado. Y es que ese tipo de acciones conjuntas también las han utilizado en La Calera para pedir mejoras en la infraestructura de servicios públicos, especialmente del agua, o frenar impactos ambientales de megaobras en su municipio.
Quizás esa es la lección que otros municipios pueden aprender de La Calera: las formas de acción colectiva. Con ellas pueden enfrentar problemas como la existencia de una única vía de acceso que sufre cada vez que llueve o mejorar algunas condiciones de vida relacionadas con la infraestructura. Así, cuando ocurran eventos como este aguacero, los municipios van a estar mejor preparados para enfrentar los desastres que puedan ocurrir, especialmente pensando en que el cambio climático puede hacer de esas lluvias algo más frecuente.
Lo de La Calera es un ejemplo de cómo se pueden obtener algunas de esas peticiones a través de la movilización social, porque ni el Estado ni las empresas van a hacerlo por su propia cuenta. Y lo bueno es que no hace falta que se caigan más árboles o que haya más inundaciones y bloqueos para tomar cartas en el asunto.
* Candidato a doctor en Sociología en el CUNY Graduate Center.
Por Sebastián F. Villamizar Santamaría*
Un trayecto que usualmente dura 40 minutos se volvió una pesadilla de casi cuatro horas para cientos de personas que se movilizaban el martes desde Bogotá hacia La Calera. La vía, que sube por la cordillera oriental y desemboca en el valle del río Teusacá, estuvo completamente paralizada por la cantidad de agua que escurría montaña abajo y por los árboles que se cayeron y bloquearon el trayecto.
Lo peor es que no es la primera vez que pasa. Ya en 2018 se había caído un árbol por un aguacero que bloqueó la misma vía durante varias horas. Y como esta carretera atraviesa una zona de reserva en la que la CAR, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Alcaldía de la capital tienen interés, cualquier intervención debe pasar por todos esos filtros.
Además de los desastres ambientales, la vía ha sufrido bloqueos arbitrarios. Varias veces la han cerrado para hacer carreras en bicicleta apoyadas por la capital durante los fines de semana. Esto obliga a que los calerunos se queden encerrados en su propio municipio, porque la única vía alterna está destapada, se demora mucho más y no está tan bien conectada.
Y como todos los dolientes de la carretera no han estado a la altura del problema, incluida la concesión que administra el costoso peaje en el medio, los residentes han tenido que recurrir a distintas acciones para buscar soluciones. Una de las más recientes fue la operación tortuga de 2017, en la que los habitantes intentaron hacer que redujeran el costo del peaje y que las obras de ampliación se realizaran a tiempo.
Esta protesta llegó al final a oídos sordos, pero aun así logró que varios residentes de distintos sectores se organizaran en conjunto para pedirles a las autoridades competentes que mantengan la vía en buen estado. Y es que ese tipo de acciones conjuntas también las han utilizado en La Calera para pedir mejoras en la infraestructura de servicios públicos, especialmente del agua, o frenar impactos ambientales de megaobras en su municipio.
Quizás esa es la lección que otros municipios pueden aprender de La Calera: las formas de acción colectiva. Con ellas pueden enfrentar problemas como la existencia de una única vía de acceso que sufre cada vez que llueve o mejorar algunas condiciones de vida relacionadas con la infraestructura. Así, cuando ocurran eventos como este aguacero, los municipios van a estar mejor preparados para enfrentar los desastres que puedan ocurrir, especialmente pensando en que el cambio climático puede hacer de esas lluvias algo más frecuente.
Lo de La Calera es un ejemplo de cómo se pueden obtener algunas de esas peticiones a través de la movilización social, porque ni el Estado ni las empresas van a hacerlo por su propia cuenta. Y lo bueno es que no hace falta que se caigan más árboles o que haya más inundaciones y bloqueos para tomar cartas en el asunto.
* Candidato a doctor en Sociología en el CUNY Graduate Center.