Por: Camilo A. Enciso V.[*]
Sebastián Montoya Mejía, el funcionario competente para liderar las acciones que debe adelantar la Contraloría General de la Nación relacionadas con el nuevo escándalo de las chuzadas del Ejército, trabajó entre el 7 de julio de 2015 y hasta el 19 de octubre de 2018 en el Ministerio de Defensa, tal como se puede constatar en su hoja de vida. Un monumental conflicto de interés.
Por un lado, Montoya detenta el cargo de contralor delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad. Por el otro, durante su paso por el Ministerio de Defensa, cumplió el papel de coordinador de Asuntos Legislativos, tal como evidencia una carta de 31 de mayo de 2018, firmada por el general Alberto José Mejía y “preparada” por Montoya, dirigida al secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (ver Imagen 1)
El mismo día de terminación de su vínculo con el Ministerio, fue contratado por la Contraloría con el grado de Asesor II. Catorce días después, el 2 de noviembre de 2018, fue ascendido al cargo de contralor delegado, sin aclarar de qué área. El 29 de abril de 2019, aparece una nueva anotación en su hoja de vida, que reporta un nuevo cargo con una descripción idéntica a la anterior, contralor delegado. Tampoco es claro de qué área. (ver Imagen 2) Pero al ver los perfiles directivos publicados por la Contraloría se puede concluir con certeza que Montoya es en la actualidad el contralor delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.
Según la página web de la Contraloría el contralor delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad “vigila los recursos que pertenecen a tres sectores, lo que incluye el control fiscal a los dineros que se invierten en la justicia, además en la construcción, mantenimiento y servicios de los centros carcelarios del país y la gestión de los recursos públicos en las fuerzas militares y policía.” (ver lista completa de funciones acá) (la subraya es mía)
Es decir, el contralor Montoya debe vigilar la ejecución cumplida y ajustada a la ley de los recursos del Sector Defensa. Debe auditar los procesos, los contratos y los recursos que se adelantaron, suscribieron e invirtieron bajo el liderazgo de sus antiguos jefes, tanto de la administración Santos como de la administración Duque. El conflicto es de por sí bastante evidente, pero lo es aún más si se tiene en cuenta el papel que cumple un coordinador legislativo (como Montoya) en un Ministerio.
Los coordinadores legislativos le cuidan la espalda al ministro para el que trabajan en su interacción con el Congreso, sirven de enlace con otras entidades, son personas de su absoluta confianza, y se involucran mucho con la gestión de la institución. Ese nivel de acceso y responsabilidad se debe a que para hacer bien su trabajo requieren saber qué está haciendo la institución, qué normas impulsa, cómo está invirtiendo los recursos, cuáles son sus principales estrategias, proyectos y contratos.
Por consiguiente, para el caso que nos ocupa, es evidente que haber trabajado de la mano de uno o varios ministros de Defensa y sus equipos puede afectar la imparcialidad del contralor delegado a la hora de ejercer el control fiscal sobre dicho sector. ¿Qué garantía de imparcialidad puede haber si el contralor encargado de auditar, vigilar y sancionar el gasto del Sector Defensa trabajó en él, tuvo asiento en reuniones en las que se tomaron decisiones importantes, en las que vio qué se hizo y qué dejó de hacerse? ¿Y si –además– tuvo una relación profesional y personal prolongada con los principales tomadores de decisiones?
El conflicto de interés que acá se denuncia es preocupante, especialmente en un momento en que el Ejército está sumido en una inmensa cantidad de denuncias por abusos, chuzadas y actuaciones delictivas, que muy posiblemente fueron financiadas con recursos públicos. Revista Semana informó en días pasados que la Contraloría enviaría una “comisión para que revise si el 'dinero que se usó para hacer esos seguimientos y para financiarlos era en efecto de los gastos reservados'.”[1] ¿Quién liderará esa comisión? ¡¿Montoya?!
El contralor general haría bien en remover o reubicar al señor Montoya y designar en el cargo a alguien que le dé plenas garantías de imparcialidad al país en el desarrollo de su función, particularmente en el marco de una investigación de tanta importancia para la salvaguardia de la democracia.
P.S.: Algunas personas han adoptado la costumbre de excusar sus conflictos de intereses afirmando que no existen porque no están cubiertos por la ley. El conflicto de interés es más que una categoría jurídica. Es un hecho que se verifica cuando colisionan las lealtades que una persona debe guardar simultáneamente con dos partes o más que tienen –o pueden tener– intereses contrapuestos. Con ley o sin ella, existe si se dan las condiciones para ello, y debe ser evitado, manejado y denunciado.
@camiloencisov / camiloenciso@encisovanegas.com