La economía digital debería estar gravada con impuestos

El Estado sigue creciendo en asignación de bienes públicos, y el objetivo de redistribuir la riqueza requiere importantes gastos de inversión que parecen sucumbir ante una histórica política fiscal de corto plazo, con resultados cuestionables desde la perspectiva de la equidad tributaria y la seguridad jurídica.

De conformidad con el proyecto de presupuesto general de la nación correspondiente a la vigencia fiscal 2026, las necesidades actuales de gasto público ascienden a 557 billones de pesos, y las nuevas fuentes de ingreso tributario que el Gobierno Nacional debe gestionar corresponden 26,3 billones. Ante este panorama, resulta necesario que quienes ostentan la iniciativa y el poder tributario, amplíen el espectro de la hacienda pública, y en tal virtud, consideren a los actores de las nuevas formas de riqueza digital, en particular la inteligencia artificial (IA), como sujetos pasivos de tributación, cuando consumen datos humanos.

Innovar en el diseño de la política tributaria mediante la adopción de tributos que graven a la economía digital no puede ser visto de manera exclusiva como una medida tendiente a recaudar más tributos, sino también, como un imperativo ético para garantizar la salvaguarda de la sociedad y del Estado, pues aunque son varias las ventajas que promete la consolidación de la era digital en términos de productividad, bienestar e, inclusive, como herramienta para abordar los desafíos del cambio climático, la escasez de recursos y las crisis sanitarias, la IA también supone desafíos a nivel global, dentro de los cuales destaco retos asociados con garantías de privacidad y seguridad, transparencia en la información, la inclusión tecnológica mediante fomento de las TIC en países poco avanzados, la neutralización de la huella ambiental derivada del consumo de agua y energía que demanda la infraestructura física de este sistema, los riesgos asociados con la sustitución de la fuerza laboral por la IA y, en general, un desarrollo ético y responsable que respete los valores democráticos y garantice la efectividad los derechos humanos.

La política pública dirigida a contener estos y otros efectos generados por la IA, requerirá de gasto público, luego valdría la pena cuestionarnos sobre la existencia de un fundamento constitucionalmente plausible para no gravar esta nueva manifestación de consumo, consistente en adquirir y explotar los datos humanos, pues en la actualidad, dicha adquisición y enajenación de la conducta humana supone supuestos de no sujeción tributaria, y en algunos casos, exclusiones que impiden el recaudo de impuestos como el IVA.

Sobre la forma como se manifiesta esta capacidad de consumo, la investigadora y profesora emérita de la Universidad de Harvard Shoshana Zuboff, plantea un nuevo hito de la era tecnológica en el que la fuerza laboral pasa a convertirse en materia prima, mediante un proceso extractivo de la experiencia humana, que se constituye en un medio para los fines comerciales de, entre otros, las empresas propietarias de la información, las compañías anunciantes, y por supuesto, las productoras de los futuros bienes y servicios que se ofrecerán en el mercado. Aunado a lo anterior, dicho proceso extractivo también genera riesgos en términos de verdad y estabilidad institucional, justamente por la alta probabilidad que, desde los usos e implementación de la IA, se pueda manipular o se sugiera convenientemente la percepción que sobre la realidad tienen los miles de millones de usuarios que se encuentra en la red. En palabras de Byung Chul Han, esta crisis de la verdad envuelve una nueva forma de control mediante el fomento de la libertad en la red, y su posterior explotación a través de los datos.

No obstante los graves efectos señalados, debemos advertir que la consideración sobre la conducencia que estos actores de la economía digital sean objeto de tributación, no se fundamenta exclusivamente en los efectos sociales adversos que originan estas tecnologías, sino en que se trata de un mercado que de manera inequívoca ostenta capacidad contributiva y de consumo, luego, estando en una posición similar a la de otros consumidores, debería estar igualmente gravada con impuestos. Según datos de la OCDE, las inversiones realizadas en este ámbito de la economía pasaron de 1.300 millones de dólares para el año 2022, a más de 17.800 en el año 2023, y se estima que para el año 2030 sea un mercado de aproximadamente 1,5 billones de dólares, lo cual implicará un importante crecimiento y desarrollo de estas tecnologías en todos los ámbitos de la vida humana, que debería estar relacionado con un incremento de los ingresos tributarios a favor el Estado.

Sobre el particular, es importante aclarar que lejos de querer atribuirle un precio a la experiencia humana, y con ello, viciar la configuración del impuesto mediante la adopción de una técnica legislativa que vulnere los derechos personalísimos e inenajenables (Habeas data), lo que pretendo dejar planteado es que esta actividad de consumo estructure un tributo liquidado sobre la base de la magnitud económica en la transferencia de datos, cuya causación corresponda a la enajenación de la información. De esta forma, podría causarse un impuesto que grave tanto a las compañías que adquieren los datos, como a las beneficiarias de dicha información, siendo el sector financiero responsable de retener el monto que les correspondería asumir a las partes involucradas en el negocio.

Ha llegado el momento de que el poder tributario sea usado en beneficio de la humanidad. Sería un acto poético de la soberanía fiscal.

* Profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia y director de la Maestría en Derecho Tributario de la misma casa de estudios.