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Por: José Luis Londoño*
El pasado 29 de abril El Espectador abrió un debate de gran importancia al publicar una propuesta del premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, en la cual invita, si no a eliminar, a modificar el sistema de patentes en materia de salud. Su idea es crear una red global de médicos que vigile la aparición de cepas, y formule vacunas para ponerlas a disposición de todos los que puedan producirlas sin preocuparse por derechos de propiedad intelectual. Cita como ejemplo el éxito del Sistema de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) de la OMS, constituido hace 65 años por una red de médicos que se reúne dos veces al año para tomar medidas de preparación ante la posibilidad de que la gripe se transforme en una pandemia. En 2002 fue dicho sistema, financiado por 114 Estados, el que detectó el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo.
Para Stliglitz, es una alternativa ideal mejor que el actual sistema de patentes, pues en éste prevalece el interés de lucro y las conductas propias de los agentes económicos monopolizadores que hacen imposible el acceso a los medicamentos a los países y sectores sociales con menos recursos.
El problema de lo planteado por Stiglitz es que, como dice el refrán, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Su propuesta tiene en ella misma la contraevidencia y el sustento político y económico que le da sentido al actual sistema de patentes. En el ejemplo que propone hace clara una contingencia, y es que su muy ponderado esquema de vigilancia de la gripe tardó dos años en desarrollar la respuesta al virus A (H1N1) de 2009 y aún no ha la encontrado para este COVID-19, a pesar de haber advertido de su posibilidad hace 18 años. Es decir, se requiere de muchos años y los recursos de 114 países para desarrollar una vacuna para la gripe.
Se trata de una realidad inocultable: los Estados no son tan eficientes como se desea, y no cuentan con todos los recursos necesarios para dedicar a la investigación en salud, porque también tienen que atender muchas más problemáticas. De aquí que surja la necesidad de incentivar a otros para que entren a suplir esta falencia y para lo cual está estructurado el sistema de patentes. La alternativa es que este último aporte una vacuna o medicamento, con sus respectivos precios, o esperar muchos años a que instancias como el SMVRG los provean. La patente significa un reconocimiento a quien logró la solución y puso a disposición de la humanidad soluciones en salud, y la posibilidad de recuperar el valor que se ha invertido en su desarrollo.
El supuesto de que aquel que produce la solución (vacuna o medicamento) se enriquece a costa de la sociedad, desconoce el conjunto de beneficios y la contribución de la innovación. Omite que las industrias intensivas en propiedad intelectual aportan entre el 15 % y el 40 % del empleo, dependiendo de si son países en desarrollo o desarrollados. Por lo demás, utilizan parte significativa de los recursos del éxito de un producto farmacéutico reinvirtiéndolos en investigación de otros posibles medicamentos para enfrentar otras enfermedades. Además, al ser una inversión y generar ganancias, generan el pago de impuestos para que los Estados puedan destinar recursos a la generación de equidad.
Otro hecho para subrayar es que Stilitz, al exaltar al SMVRG, destaca en la lucha contra el COVID-19 la importancia del uso de ventiladores y de medicamentos concebidos en principio para otras enfermedades. Pues bien, estos ventiladores y estos medicamentos se pueden producir hoy en masa porque en algún momento fueron patentados por sus creadores.
Es un error, en consecuencia, amenazar con medidas restrictivas en el mejor de los casos y expropiatorias en otros, a quienes en este momento están haciendo esfuerzos de innovación para desarrollar tratamientos o la vacuna, que frenen la actual situación de pandemia. Se trata de un camino que servirá más para entorpecer el encuentro de una solución, que para estimular procesos como el SMVRG. Este último es útil, pero no por ello se debe eliminar el sistema de patentes.
* Representante de la Inta (Asociación Internacional de Marcas) para América Latina y ex superintendente delegado para la Propiedad Industrial.
