Jesús David Díaz Monterroza tenía 18 años, era estudiante y este año se iba a graduar del grado once. Era alegre, amigable, amante de la danza y pertenecía a una familia humilde desplazada desde Bolívar. José Carlos Arévalo Contreras, de 20 años, se dedicaba al mototaxismo y le gustaba el “Stunt” (acrobacias en moto que incluyen caballitos, paradas y agotamientos). Y Carlos Alberto Ibáñez Mercado era mototaxista y tenía 26 años. Estos tres jóvenes no eran sicarios del Clan del Golfo como querían hacerlos pasar sus asesinos.
Cuando hablamos de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en contra de la población civil, lo primero que viene a nuestra mente es si habrá un debido proceso en donde no reine la impunidad. Y esto porque en Colombia lo normal es que la justicia no opere; es más, estamos en un país donde el Estado ha asesinado a civiles inocentes (falsos positivos) [1], en la mayoría de casos de bajos recursos, para hacerlos pasar por grandes criminales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el 18 de febrero de 2021 a través de un comunicado que “por lo menos 6.402 [2] colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008″. En el 2020, la Fiscalía solo había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles llevadas a cabo bajo esta modalidad entre 1988 y 2014.
Pero en Colombia no solo es atroz la comisión de estos delitos, sino que todo se vuelve espantoso, revictimizante y a todas luces inmundo porque los perpetradores de los crímenes buscan personas específicas, personas que a los ojos del Estado no tienen derechos, pues las escogen por su vulnerabilidad, ya sea por falta de recursos, discapacidad o falta de oportunidades [3]. Según La Agencia EFE [4], el “modus operandi” de los militares implicados consistía en atraer a jóvenes pobres, en situación de discapacidad, con falsas promesas de trabajo, para luego llevarlos a otras regiones del país donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.
De acuerdo a un trabajo de la Universidad Javeriana [5], de una lectura sistemática de algunas sentencias se puede concluir que las condiciones de vulnerabilidad social fueron determinantes a la hora de elegir a las víctimas de los “falsos positivos”: de acuerdo con un informe de la CCEUU, muchas eran “reclusos, marginados o habitantes de la calle, discapacitados físicos o mentales, desempleados, trabajadoras sexuales, y en general, personas seleccionadas para ser ejecutadas en razón de su condición de vulnerabilidad económica y social” [6]. El Informe Soacha: La punta del Iceberg. Falsos positivos e impunidad, realizado por la Fundación Educación y Desarrollo FEDES en 2012, reveló que hubo premeditación en la comisión de estos crímenes, en la lógica de eliminación del enemigo, entendido este como una persona que no tiene derechos y que puede ser ejecutado.
Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo, según la confesión de un patrullero, fueron asesinados por el coronel Benjamín Núñez el 25 de julio y de acuerdo la necropsia preliminar, uno de los jóvenes tenía seis heridas de arma de fuego; y al describir el aspecto general de las víctimas, los médicos advirtieron que los cuerpos presentaban un “mal aspecto” y reseñaron una serie de heridas y lesiones en la cabeza y en el tórax, que si bien no llevaron a la muerte, sí son evidencia de signos de violencia en contra de las víctimas.
Según versiones preliminares de la Policía y de la Gobernación, la muerte de los tres jóvenes se presentó en medio de un operativo en el que fueron vinculados al asesinato del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón. Pero esta última versión ya fue desmentida, ya que los perfiles de las víctimas no coinciden con el aspecto físico del asesino del patrullero que aparece en un video que circula en redes.
Es importante advertir que de acuerdo con la versión de la madre de Carlos Alberto Ibáñez, su casa fue allanada y a su otro hijo le dispararon miembros de la Policía. También fueron allanadas las casas de las otras dos víctimas ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando la Policía en casa de las víctimas? Y esto no es lo peor. Los familiares de Jesús, José y Carlos tienen que soportar la muerte de sus seres queridos, tienen que vivir con miedo porque no saben si algo les puede pasar y, además, tienen que sobrevivir al sinsabor de la impunidad en un país que a los más vulnerables mata, olvida y les da la espalda.
La impunidad en el caso de la masacre de Sucre tiene dos aristas, una que alude al pasado del coronel, quien estuvo involucrado en tres casos de brutalidad policial durante el primer semestre de 2022, pero no fue sancionado ni judicializado. Tal vez si la justicia hubiera operado, hoy esos tres jóvenes estarían vivos. Y la otra arista es la esperanza de que ojalá haya una investigación seria por estos tres asesinatos.
Bajo esta situación y estos retos, debemos admitir que es imperativa una reforma popular a la Policía, una que garantice que las familias no sentirán que en su país no existe la justicia frente los crímenes de miembros de la Policía y una que haga que se sientan seguras de vivir en donde los criminales no están deambulando en las calles cometiendo más delitos. Necesitamos una policía para la paz y no para la guerra. Una policía que cuide la vida y no la destruya.
[1] “Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno”, dijo Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad en un acto en Soacha, población aledaña a Bogotá.
[2] https://www.nytimes.com/es/2022/04/27/espanol/colombia-falsos-positivos-jep.html
[3] Según la JEP, hay dos patrones macrocriminales en el Caso 3 de falsos positivos: el segundo patrón es que “se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo”. “Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte, debido a su marginalidad”
[4]https://www.efe.com/efe/america/sociedad/radiografia-de-los-falsos-positivos-en-colombia/20000013-3985521
[5] “Falsos positivos” diez años después: discursos antagónicos y límites teóricos. Bonilla Mora Alejandra. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales. Bogotá D.C 2017 https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/22317
[6] Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos CCEUU, 2012, pág. 103.
* Concejal de Bogotá