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Las dictaduras y las democracias iliberales en Latinoamérica perfeccionan un nuevo método de control del poder: avasallar el poder judicial para convertirlo en un eficaz instrumento de intimidación y encarcelamiento de sus adversarios políticos. Lo vemos en Cuba, con los juicios y persecuciones a cerca de 300 personas que participaron en las protestas antigubernamentales en julio de 2021 y recientemente sentenciadas a prisión por el delito de sedición; en Nicaragua, con la detención de los candidatos presidenciales de oposición; en Venezuela, con los procesos a opositores; y ahora en Bolivia, con la condena de la expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez. Las técnicas son las mismas, una administración de justicia subordinada al poder político, jueces y fiscales venales que escenifican una farsa jurídica junto a un despliegue intenso de propaganda en los medios oficiales para distorsionar la realidad e imponer narrativas falsas que justifiquen condenas sin sustento jurídico.
En el caso de la expresidenta Añez, después de 400 días de detención preventiva ilegal, en los que fue sometida a tratos humillantes y degradantes, como reconoció el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la condenan a 10 años de prisión por los supuestos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, que en realidad son eufemismos para cubrir la acusación de “conspiración” y “sedición”. Con esa condena, Evo Morales busca reescribir la historia para justificar su renuncia, su apresurada fuga a México y cubrir el fraude electoral en las elecciones presidenciales del año 2019, denunciado luego de una auditoría de la OEA, respaldada por la Unión Europea.
Este juicio que criminaliza la actuación de la expresidenta luego de la renuncia de Morales, en 2019, carece no solo de sustento jurídico, sino que va contra el sentido común. Las bases jurídicas constitucionales que permitieron una transición democrática en Bolivia se dieron ante un vacío de poder originado en una curiosa renuncia en cadena, iniciada por Evo Morales y seguida por el vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. En ese escenario incierto, y ante un inminente peligro de violencia descontrolada, se llevaron las negociaciones entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de Evo Morales, la Iglesia Católica, representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y del Gobierno de España. El resultado de esas gestiones fue el de convocar a Jeanine Añez, para que en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado se haga cargo de la Presidencia del país, respetando la línea de sucesión constitucional, con el encargo de llamar a elecciones a la brevedad posible. La legalidad de ese acuerdo por consenso entre todos los actores políticos nacionales fue certificada por el Tribunal Constitucional boliviano. Ante esa realidad, acusar de conspiración o sedición a alguien que no participó en esas negociaciones porque no se encontraba en la sede de gobierno es a todas luces un absurdo jurídico.
Igualmente arbitrario fue el desarrollo del “juicio express”, tramitado con inusitada rapidez en un país donde los procesos judiciales son eternos y kafkianos. A Añez no le permitieron asistir de manera presencial a su juicio. Fue juzgada en la misma cárcel de Miraflores. No hubo el mínimo respeto al debido proceso ni a los estándares internacionales establecidos, las convenciones de derechos humanos de la OEA y de las Naciones Unidas: se desconoció el derecho a la igualdad ante la ley; la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y público por un tribunal imparcial.
Más grave aún, a la expresidenta se le ha negado el derecho al “juez natural”, ya que el Tribunal Supremo de justicia es la única instancia competente para juzgar a una ex jefe de Estado. Ella fue condenada por jueces ordinarios que no tienen competencia para hacerlo y, por tanto, esa sentencia es nula conforme a la Constitución boliviana que señala expresamente que “los actos o las decisiones de quienes ejercen autoridad sin competencia son nulos de pleno derecho”.
Por otra parte, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, así como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe anual sobre los derechos humanos, han denunciado el caso de la señora Añez como un ejemplo del abuso de la detención preventiva y de la falta de independencia de la justicia en Bolivia. Por si todo esto fuera poco, sorprendentemente, días después de la sentencia, el expresidente Evo Morales confesó públicamente, en su programa radial semanal, que no se inició un juicio de responsabilidades a la expresidenta, porque su partido no contaba con los dos tercios de votos en la Asamblea Nacional y, por tanto, él, junto al actual presidente, el ministro de Justicia y los presidentes del Senado y de diputados “coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”.
El caso de la expresidenta de Bolivia refleja el dilema que enfrentan varios países de la región, cuyos presidentes tienen legitimidad de origen, pero una vez en el ejercicio del poder destruyen la institucionalidad democrática y violan la primera y más importante premisa sobre la que se basó la Carta Democrática Interamericana, de que “democracia, Estado de Derecho y derechos humanos son elementos legales esenciales e interdependientes para la existencia y el funcionamiento de un sistema democrático”.
Todo esto demuestra que, para los que creen en la democracia en América Latina, la verdadera libertad de los individuos no depende de ideologías, ni de buenas intenciones de los gobernantes, sino del respeto a las leyes y de un efectivo equilibrio de poderes.
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