En momentos en que todo lo relacionado con la minería es blanco o negro, bueno o malo, y los debates son más emotivos que técnicos, es importante reflexionar acerca de un sector que, aunque muchos lo nieguen, ha sido protagonista de la historia de Colombia. Nuestros libros de historia, pasajes de la Colonia, y hasta las reliquias que aún adornan nuestros museos, son testigo de esto.
Hoy el protagonismo de esta actividad sigue vigente, ya que convive diariamente con comunidades —e incluso con otras actividades productivas— en departamentos como La Guajira, Córdoba, Boyacá, Cesar, Antioquia y Cundinamarca. Para muchos de estos departamentos, la minería, en sus diferentes escalas, es la principal fuente de ingresos, siendo claros los beneficios, ya que genera desarrollo y trabajo y financia proyectos para la región.
Adicionalmente, buena parte de los proyectos mineros que se encuentran en esos departamentos cumplen las normas técnicas y de seguridad, manejan eficientemente los impactos en el ambiente, pagan sus obligaciones económicas, garantizan la seguridad social y el trabajo responsable con las comunidades del entorno donde se desarrollan. Esa es la minería que queremos para el país.
Hoy por hoy, la minería representa en promedio el 2 % del PIB de nuestro país, genera 350.000 empleos directos, otros 900.000 indirectos y en los últimos años ha contribuido con regalías cercanas a los $10 billones.
Desde el 2010, el Gobierno Nacional ha generado los lineamientos para tener un sector minero organizado, incluyente, competitivo y legítimo. Empezó por la reestructuración de la institucionalidad minera y ambiental, fortaleciéndola y modernizándola. Se determinó que la minería debía clasificarse para darle y exigirle a cada uno de los tipos de proyectos según su escala. Y finalmente se construyó la política pública que se concentró en seis pilares para darle una hoja de ruta de mediano y largo plazo al sector y a cada tamaño de minería, incluyendo la de subsistencia, otra de las realidades de la industria en nuestro país.
Está claro que tenemos una tarea inmensa por cumplir y debemos velar desde las instituciones de Gobierno para que todos los proyectos mineros que se realicen en nuestro país lo hagan respetando el medioambiente, las comunidades y las autoridades locales, y cumpliendo con toda la normatividad, como lo podemos ver en ejemplos de gran minería en Santa Rosa de Osos y de pequeña minería en Iquira. Este sector merece ser visto con otros ojos que reconozcan que la minería bien hecha sí puede ser una realidad.
* Viceministra de Minas.
En momentos en que todo lo relacionado con la minería es blanco o negro, bueno o malo, y los debates son más emotivos que técnicos, es importante reflexionar acerca de un sector que, aunque muchos lo nieguen, ha sido protagonista de la historia de Colombia. Nuestros libros de historia, pasajes de la Colonia, y hasta las reliquias que aún adornan nuestros museos, son testigo de esto.
Hoy el protagonismo de esta actividad sigue vigente, ya que convive diariamente con comunidades —e incluso con otras actividades productivas— en departamentos como La Guajira, Córdoba, Boyacá, Cesar, Antioquia y Cundinamarca. Para muchos de estos departamentos, la minería, en sus diferentes escalas, es la principal fuente de ingresos, siendo claros los beneficios, ya que genera desarrollo y trabajo y financia proyectos para la región.
Adicionalmente, buena parte de los proyectos mineros que se encuentran en esos departamentos cumplen las normas técnicas y de seguridad, manejan eficientemente los impactos en el ambiente, pagan sus obligaciones económicas, garantizan la seguridad social y el trabajo responsable con las comunidades del entorno donde se desarrollan. Esa es la minería que queremos para el país.
Hoy por hoy, la minería representa en promedio el 2 % del PIB de nuestro país, genera 350.000 empleos directos, otros 900.000 indirectos y en los últimos años ha contribuido con regalías cercanas a los $10 billones.
Desde el 2010, el Gobierno Nacional ha generado los lineamientos para tener un sector minero organizado, incluyente, competitivo y legítimo. Empezó por la reestructuración de la institucionalidad minera y ambiental, fortaleciéndola y modernizándola. Se determinó que la minería debía clasificarse para darle y exigirle a cada uno de los tipos de proyectos según su escala. Y finalmente se construyó la política pública que se concentró en seis pilares para darle una hoja de ruta de mediano y largo plazo al sector y a cada tamaño de minería, incluyendo la de subsistencia, otra de las realidades de la industria en nuestro país.
Está claro que tenemos una tarea inmensa por cumplir y debemos velar desde las instituciones de Gobierno para que todos los proyectos mineros que se realicen en nuestro país lo hagan respetando el medioambiente, las comunidades y las autoridades locales, y cumpliendo con toda la normatividad, como lo podemos ver en ejemplos de gran minería en Santa Rosa de Osos y de pequeña minería en Iquira. Este sector merece ser visto con otros ojos que reconozcan que la minería bien hecha sí puede ser una realidad.
* Viceministra de Minas.