En 1933 el Reichstag (sede del parlamento alemán) fue quemado intencionalmente, determinando la consolidación del poder de los nazis y con ello la cancelación de los derechos básicos de los ciudadanos y el fin de la democracia en Alemania. Con la llegada de los aliados y el ejercito rojo a Berlín al final de la segunda guerra mundial, en 1945, el edificio volvió a estar en medio de los acontecimientos políticos cuando los soldados soviéticos entraron en las ruinas del Reichstag y pusieron su bandera en una de sus torres y llenaron las paredes con consignas y mensajes de victoria frente a la derrota del nacionalsocialismo.
A pesar de que los dos eventos representan momentos vergonzosos de la historia para los alemanes (el primero el comienzo de uno de los peores regímenes de la historia universal, el segundo verse derrotados por el enemigo), la decisión que se tomó con relación al edificio fue la de conservarlo, no destruirlo. Años más tarde, cuando el Reichstag volvió a estar en uso como sede del parlamento alemán, se decidió que se explicaría a sus visitantes lo que había sucedido dentro de sus paredes.
Hoy los pasillos del Reichstag y el Bundestag tienen fotos y textos que guían de manera detallada en la historia del edificio y su relevancia dentro de los acontecimientos históricos del país. Incluso las notas escritas en cirílico por los soldados del ejército soviético siguen estando en las paredes como huella de la historia que mantiene viva la memoria.
Cuando yo trabajaba como asesora política de un diputado alemán y ese edificio era mi lugar de trabajo, cada vez que recorría sus pasillos no solo pensaba en la historia de Alemania, sino que ello me transportaba inevitablemente a 1985 y a lo sucedido en la retoma del Palacio de Justicia de Colombia, que también había ardido, incluso con personas adentro, pero además al manejo calculado para borrar todo rastro de lo allí ocurrido.
Por eso la víspera de las elecciones presidenciales en Colombia es una ocasión para fomentar las políticas de la memoria y su democratización en el país. Este asunto no debería faltar en los debates y propuestas de las y los candidatos, pues en la medida en estas busquen orientar a la sociedad, serán verdaderas políticas, del mismo rango que las económicas o cualquiera otra y sería un gran error subestimarlas o no tenerlas en cuenta
Hasta el momento en el país lo que han imperado desde la administración actual y también las anteriores han sido las políticas del olvido, del silencio, de ocultamiento, de negación de acontecimientos indignos y deshonrosos que involucran a sectores políticos y económicos privilegiados con el objetivo explícito de eliminarlos de la memoria colectiva. Y lo han logrado obstruyendo que sean evocados públicamente, eliminándolos de los programas escolares, destruyendo las huellas materiales (edificios, documentos) del pasado y evitando que queden signos visibles que lo hagan recordar. Sus víctimas, por tanto, han sido también relegadas al olvido.
Una de las maneras más eficaces de imponer olvido es a través de la demolición de los lugares de memoria porque para conservar y trasmitir la memoria se precisa de rastros y marcas materiales a las que poder aferrarse. El edificio del Palacio de Justicia y la ausencia de explicación sobre lo sucedido en la casa del Florero ese 6 y 7 de noviembre de 1985 son un evidente ejemplo de la intensión de manipular o directamente borrar estos hechos de la memoria colectiva, aunque no los únicos.
Quienes han experimentado en carne propia determinados acontecimientos difícilmente los olvidarán; pero para quienes no los vivieron personalmente, estos acontecimientos no existieron ni sucedieron si la memoria no es trasmitida de alguna manera.
La amnistía es otro claro ejemplo de forma extrema de política del olvido. La idea es imponer una amnesia social a través del olvido político y jurídico. También el caso de la amnistía para exmilitantes del M-19, junto a la impunidad de militares autores de desapariciones, torturas y ejecuciones así como de civiles que desde el ejecutivo u otros entes estatales fueron cómplices de estos hechos durante la retoma del Palacio de Justicia, son un ejemplo sobre las intenciones de olvido y amnesia social de estas políticas. Es así como los regímenes dictatoriales y Estados con democracias débiles como la colombiana intentan legitimarse manipulando la memoria y/o fomentando el olvido.
Un gobierno que pretenda sacar a su país de un conflicto armado de décadas, debe tener claro cuáles serán las políticas de memoria que establecerá. Es muy importante tratar la verdad histórica con las cuestiones sobre los autores, las víctimas, la culpa y la responsabilidad, para entonces determinar qué se va a conmemorar, qué rituales, qué monumentos se construirán (desplazarán, remplazarán), qué nombre se les dará a plazas, calles o lugares públicos, qué lugares de memoria se preservarán, qué instituciones se crearán o encargarán de la conservación y transmisión de la memoria (archivos, museos, centros de documentación, institutos de investigación), cuáles serán los programas escolares, cuál será la información contenida en los libros de texto, cuál el contenido dentro de programas audiovisuales en los medios públicos, etc.
Colombia se caracteriza por tener una sociedad extremadamente desigual en donde el acceso al poder, incluido al poder de hacer memoria, está muy mal distribuido. En el país hoy priman unos relatos sobre otros.
Sin embargo, no creo que se deba invertir el orden hasta ahora establecido, es decir, que ahora se impongan las voces antes silenciadas sobre las otras, sino que considero que es necesario que el poder de hacer memoria esté distribuido de manera más democrática, es decir de manera más plural y en donde las formas en que recordemos nos humanicen a todos.
Esto solo será posible si se establecen políticas de la memoria que desde el Estado recojan y fomenten los trabajos ya implementados por la sociedad civil en todas las esquinas del país, hasta ahora ignorados, para otorgarles mayor visibilidad y resonancia.
Espero que los candidatos y políticos reconozcan este hasta ahora descuidado, pero esencial, asunto para direccionar el país hacia uno más justo y maduro democráticamente.
Si hay unas políticas de memoria claras, la memoria será tramitada, se mantendrá viva y llevará a la construcción de una identidad más sólida.
Si el poder de memoria dentro de la sociedad es más equitativo y plural se promoverá el diálogo y la democracia se fortalecerá.
* Latinoamericanista
@HelenaUranBideg