“Hambre de racionalidad”. Así se tituló un artículo publicado en Colombia antes de que en los años 90 del siglo XX empezáramos a construir una red de gasoductos, pieza clave para que, en lugar de seguir quemando en teas el gas que se produce en los campos petroleros, lo usáramos para cocinar, calentar agua, movernos en un taxi o generar energía eléctrica a un costo menor al de otras opciones. Desafortunadamente no recuerdo quién fue el autor de ese artículo, a quien nombraría gustoso como reconocimiento a su aporte para impulsar la construcción de esa red que tanto les ha servido a los colombianos y para excusarme por copiar su título para este artículo, con la pobre adición de un “bis”.
La racionalidad que se invocó entonces nos hace falta hoy –mucha falta– en relación con el manejo del riesgo COVID-19. Tenemos que tomar medidas para reducir la velocidad de propagación de la pandemia, pero deben ser racionales, es decir, que con base en el mejor conocimiento disponible, resulten útiles a un costo aceptable.
Desafortunadamente pululan decisiones y propuestas irracionales, como la que recomienda usar el tapabocas en la propia vivienda aunque nadie en ella esté enfermo –de la que menos mal no se ha vuelto a hablar–, o la de usarlo en el carro cuando se viaja sin nadie más a bordo, o cuando se camina en la calle sin nadie alrededor, o la de usarlo mientras se hace ejercicio exigente –que tiene consecuencias negativas considerables como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud–, o la de impedir que los niños vayan al colegio o los muchachos a la universidad pero que, al mismo tiempo, hordas de compradores puedan ir a almacenes a comprar –con o sin IVA- sin guardar distancia física.
Las irracionalidades sobre la mitigación de la velocidad de propagación de la pandemia que más me preocupan son sin embargo otras: las de los protocolos que ahora se hacen con frenesí para que las autoridades dejen operar a una empresa o algunas actividades como, por ejemplo, jugar tenis. Yo no practico ese deporte, pero el protocolo que ha preparado la Federación Colombiana de Tenis y aprobado el Ministerio del Deporte mediante la Resolución 632 de 17 de junio de 2020, que en general parece bien, incluye unas medidas que no son solo irracionales sino además paranoicas, como por ejemplo que los jugadores deben abandonar la sede de la práctica en el menor tiempo posible una vez finalizada la sesión, cuando podrían quedarse en ella guardando distancia física de dos metros o usando tapabocas si es menor durante más de 15 minutos, o contradictorias como la que plantea que la distancia física debe ser de mínimo 5 metros en lugar de 2.
Tampoco juego golf, pero el protocolo que preparó la federación de ese deporte, que se aprobó en la misma resolución, incluye también medidas paranoicas como la que establece que los caddies no deben cargar las talegas ni tocar tacos ni banderines pese a que, a la vez, especifica que todos esos elementos deben ser desinfectados.
Pero, dejando a un lado los deportes, los negocios, en especial los pequeños, se convierten en víctimas de los asesores que les recomiendan elaborar protocolos de dimensiones descomunales convencidos, de buena fe, de que los funcionarios de la Alcaldía sólo se los aprobarán si son largos, redundantes y perturbadores, como el de la peluquería a la que fui ayer, en la que trabajan tres personas, que tuvo que elaborar un protocolo de 49 páginas.
Yo, por mi parte, creo que los funcionarios de la Alcaldía aprobarían felices protocolos cortos y acotados a medidas racionales, que además tienen la ventaja de resultar comprensibles y por lo tanto aplicables y fácilmente verificables. De nada sirve un protocolo enorme, porque resulta imposible de entender y por lo tanto de implementar. Salvo, claro, para que algún funcionario público atormente a un pequeño negocio que no cumple alguno de los innumerables requisitos de un documento que, por contera, puede ser inútil para reducir el ritmo de propagación de la pandemia.
Las medidas útiles para prevenir ese riesgo están expresadas con claridad en varios documentos, entre los cuales se destaca la Resolución 666 de 2020 aprobada por el Ministerio de Salud: lavarse bien y frecuentemente las manos con agua y jabón, distanciamiento físico (me parece que la expresión “distanciamiento social” es desafortunada) de dos metros, uso de tapabocas si la distancia es menor durante más de 15 minutos, teletrabajar todo lo que se pueda, desinfectar las superficies de contacto frecuente, preferir espacios ventilados (¿se les ocurre que habría algo mejor que trotar, caminar, patinar, montar en bicicleta, jugar golf o tenis?), controlar el aforo de recintos cerrados, registrar síntomas en CoronApp, usar guantes sólo en labores de aseo, identificar factores de riesgo en comorbilidades de los trabajadores –lo que ya debería haberse hecho en virtud de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo–, monitorear temperaturas y la llamada “etiqueta respiratoria”. Y no usar tapabocas cuando se hacen ejercicios exigentes (no lo dice la Resolución 666, pero sí la Organización Mundial de la Salud).
Coda: ¿Y las piscinas? ¿Por qué no se pueden usar las piscinas si el cloro es desinfectante?
Por José Rafael Unda Bernal
