La patente y el bien común

La nueva encíclica papal incluye las patentes entre las nuevas formas de propiedad que deben pensarse a la luz del destino universal de los bienes. Las menciona junto a algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas y datos. Ese llamado merece ser tomado en serio. Pero precisamente por eso conviene explicar por qué el sistema de patentes, desde su concepción, incorpora un profundo sentido social.

Una patente no es igual a un algoritmo, ni a una plataforma digital, ni a una base de datos. En rigor, una patente no es la invención misma, sino el derecho temporal que se concede sobre una invención: un producto o un procedimiento que cumple ciertas condiciones legales. Y en su diseño más elemental, ese derecho no es una invitación a esconder conocimiento. Es, más bien, una forma jurídica de revelarlo y ponerlo al servicio de la sociedad.

El sistema de patentes nació sobre un pacto sencillo: el inventor recibe una exclusividad temporal y limitada; la sociedad recibe, a cambio, la divulgación técnica de la invención. Quien patenta no puede simplemente decir “inventé algo” y pedir protección. Debe explicar cómo funciona, cómo se reproduce y cuál es la mejor manera conocida de llevarlo a la práctica. En otras palabras: el Estado concede un derecho, pero exige una confesión técnica. La patente protege, sí, pero también revela.

Esa diferencia es relevante. Las patentes y el secreto empresarial cumplen funciones distintas y legítimas. Hay conocimientos cuyo valor depende de su confidencialidad y que no necesariamente encajan en la lógica de una patente. Pero cuando una invención se patenta, el sistema produce algo singular: transforma un conocimiento técnico privado en información pública, consultable y destinada, con el tiempo, a enriquecer el dominio público. Sin ese incentivo, algunas invenciones no verían la luz; otras tendrían menos posibilidades de convertirse en conocimiento acumulado.

Por eso, más que oponer la patente y el secreto como categorías morales, conviene entender la función específica de la patente: crear un puente entre protección privada y divulgación pública.

Las patentes han creado una inmensa Biblioteca de Alejandría de la invención humana. Allí están descritos procedimientos, máquinas, compuestos, mejoras, soluciones parciales, avances modestos y grandes saltos tecnológicos. No es una biblioteca perfecta, ni siempre fácil de consultar, ni siempre escrita en lenguaje amable. Pero existe. Y existe porque el sistema permitió que una parte sustancial del conocimiento técnico protegido quedara documentada, publicada y disponible para futuras investigaciones. Cada patente es, al mismo tiempo, una protección y una publicación.

Esa doble naturaleza suele olvidarse. En el debate público se habla de las patentes como si fueran meros candados. Y pueden serlo, desde luego, cuando se usan mal. Pero también son mapas. Les dicen a otros investigadores qué se ha intentado, qué funcionó, dónde hay una frontera tecnológica y dónde queda espacio para mejorar. La patente no solo premia al primero que llega; también deja señales para quienes vienen detrás.

Hay otro punto que merece atención, especialmente en países como Colombia. Una economía que no remunera el conocimiento termina remunerando casi exclusivamente la escala, la intermediación o la mano de obra barata. Si el único valor reconocido es la manufactura, la competencia se traslada rápidamente a quién produce con menores costos, menores salarios o menores estándares. La patente, en cambio, permite que también se remunere la invención: la idea técnica, la solución, el método, el riesgo intelectual.

Eso importa para los inventores individuales, para las universidades, para los centros de investigación y para las pequeñas empresas que no tienen fábricas gigantes ni redes globales de distribución, pero sí conocimiento. Una patente puede permitirles licenciar una tecnología, negociar con una empresa mayor, atraer inversión o recibir reconocimiento por una contribución concreta. No es solo un activo económico. Es también una forma de decir: alguien resolvió un problema y la sociedad reconoce ese aporte a cambio de divulgación, recompensa a cambio de conocimiento, protección a cambio de dominio público futuro.

Por todo ello, la patente es probablemente más parte de la solución que del problema. No porque sea perfecta, sino porque conserva una idea poderosa: la invención privada puede convertirse, con reglas adecuadas, en patrimonio común. La patente no debería ser una caja fuerte. Debería ser una biblioteca con fecha de apertura.

* Director regional de ClarkeModet para el norte de Latinoamérica y el Caribe y director para Colombia. Experto en Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Derecho del Entretenimiento y en Resolución de Conflictos