La postpandemia, oportunidad para construir una justicia más rápida

Uno de los retos más relevantes que tiene la sociedad es la resolución de conflictos. Cuando uno de los autores sobresalientes del siglo pasado, Simmel, escribió que “en las relaciones más profundamente motivadas, el conflicto acaba cuando su pulsión sale a la superficie y apacigua las pulsiones contrarias que lo suscitan”, también estaba diciendo implícitamente que el conflicto siempre es algo un poco más complejo que la lucha entre rivales, siguiendo formas y protocolos.

Uno de los retos más relevantes que tiene la sociedad es la resolución de conflictos. Cuando uno de los autores sobresalientes del siglo pasado, Simmel, escribió que “en las relaciones más profundamente motivadas, el conflicto acaba cuando su pulsión sale a la superficie y apacigua las pulsiones contrarias que lo suscitan”, también estaba diciendo implícitamente que el conflicto siempre es algo un poco más complejo que la lucha entre rivales, siguiendo formas y protocolos.

Uno de los grandes pecados de los hacedores de la ley es no hablarse un poco más con la filosofía, la economía y la sociología. Aquellas terminan de alguna manera influenciadas, permeadas por nociones éticas y morales dominantes, pero no existe una infraestructura que las comunique y las implemente. ¡Cuánto más efectivas serían las normas legales que surgieran de un análisis ético, moral, sicológico, sociológico y económico, y no solo de la interacción de intereses en el Congreso de la República!

Muchos hemos comprobado en la experiencia lo que Simmel teorizaba. Hemos visto crecer el conflicto que surgió de nimiedades, avivado por la lucha que debía resolverlos: el litigio. En gran parte, porque encontrarnos en un litigio, por su duración -entre otros factores-, se percibe también como un agravio adicional al ya sufrido. Imaginemos un inquilino que ha dejado de pagar arriendos y además de que no quiere irse, nos hace tener que contratar un abogado para demandarlo y que se vaya; o a alguien que, irresponsablemente, no paga su cuota alimentaria y obliga a la persona que tiene derecho a esta, no solo a redoblar sus esfuerzos para sustentar su economía, sino a presentar denuncias o demandas.

Buena parte de la población quisiera no tener que asistir nunca a una audiencia judicial. Cree que cumpliendo la regla y evitando el escalamiento del conflicto, evade la interacción con la autoridad judicial, que, si no la ha vivido, a veces se la imagina como ha sido plasmada en libros y películas: escritorios llenos de documentos, enredadas formalidades, que en poco o nada atienden el sentido común, personas que intervienen entre sí con el uso de una jerga técnica.

Pero el litigio no debería ser un agravio. El sistema judicial tendría que funcionar de tal manera que sirva como cohesionador social. La gente debería poder buscar el sistema para una solución al conflicto y no para una sentencia. Esa es la realidad.

La verdad es que legalmente el país tiene una buena infraestructura legal procesal. Siempre hay cosas que mejorar, pero nada que sea insuperable o irremediable. Nuestra justicia es medianamente rápida, si la comparamos con otras partes del mundo. El uso de tecnologías ha llegado para quedarse, la virtualidad es una realidad a la que cada vez le encontramos más ventajas y menos bemoles. El cerebro humano le halla cada vez más sentido a este nuevo mundo.

Precisamente esta realidad postpandemia es una oportunidad enorme para aumentar la velocidad en la resolución de diferencias judiciales. Existen variadas herramientas que, conceptualmente, podrían ser muy útiles en el mundo digital, varias de ellas ya utilizadas por algunas autoridades en Colombia y el mundo: (i) uso de formularios, en lugar de demandas tradicionales redactadas en Word y de cero, con espacios predestinados para los elementos de la demanda; (ii) la gestión de flujogramas incorporados en software, que permitan a todos los usuarios del sistema entender en qué etapa está el proceso y hacia dónde se dirige; (iii) la automatización de procesos que corresponden al análisis de elementos formales, son asuntos que deben estar en la agenda de la administración de justicia. No se trata de eliminar a los abogados o a los jueces, sino de aprovechar en su plenitud el conocimiento que se tiene de otras materias.

La era digital también permite la participación remota de diversos expertos en materias como psicología, sociología o economía, pero no solo en la etapa probatoria, en donde esas personas participan en forma de dictamen pericial o testimonio técnico.

Quienes hemos pasado por procedimientos de ingeniería de software por algún motivo, sin ser programadores, hemos notado que ese proceso está compuesto por una amplia cantidad de pasos que permiten cuestionar hasta lo que parece irrebatible en los casos que seguimos. Tal vez sea este el momento oportuno para empezar a construir una sociedad humana más avanzada, más cooperadora y menos violenta. En la que la paz no sea simple ausencia de conflicto, sino también acuerdo colectivo alrededor de una justicia pronta, y oportuna. En la búsqueda de esa quimera tal vez logremos que el litigio no sea un escalador del conflicto sino una herramienta para su solución.

* Profesor de diversas Universidades, Magíster de la OMPI, socio de OlarteMoure.