La tercerización que mata en Colombia: el caso de la UNP

"A los escoltas de la UNP no les gusta trabajar para líderes sociales porque, en nuestro caso, no tenemos recursos para subsidiar sus viáticos al momento de tener que viajar": David Pérez.

La muerte del precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay; el atentado contra el senador, Julio César Triana, y el asesinato de 96 líderes sociales en Colombia durante 2025 tienen un factor común: la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La misión de la UNP es proteger a las personas que, por sus acciones políticas, su perfil de liderazgo social o por riesgos latentes contra su vida, necesitan ser cuidadas por el Estado colombiano. Pero hoy, la UNP se volvió una élite encamionetada a la que se le olvidó cuidar. No tengo claro en qué momento inició, pero sí sé las barreras para exigir acciones de cuidado a la UNP. Yo mismo fui víctima de amenazas y de desplazamiento forzado por mi liderazgo social y hoy, luego de un año desde que levantaron mi esquema de seguridad, siento la tranquilidad de evidenciar las fallas en el servicio de la UNP sin sentir miedo de que me van a dejar desprotegido o que tomarán represalias en mi contra; ya eso pasó igual.

La UNP tiene falencias importantes para cuidar la vida de los liderazgos de este país, que explicaré en tres ejemplos: acceso, escoltas y camionetas. Para hablar de acceso a medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, toca que tengas el sustento que muestre que tu vida corre riesgo, el reconocimiento de alguna entidad a tu liderazgo social y un contacto en el CERREM para que apalanque tu solicitud. El CERREM es el comité que evalúa cada solicitud hecha a la UNP y, sin su aprobación, no es posible que te activen medidas de protección. El problema es que la información que llega al CERREM tiene errores y filtro ideológico. ¿Cómo se mide el miedo a ser asesinado? ¿Qué amenaza es más grave que otra? Miguel Uribe Turbay elevó solicitudes para el fortalecimiento de sus medidas y le fueron negadas. En mi caso, más de 36 amenazas, seguimientos, un atentado, múltiples hostigamientos a lo largo de tres años y un desplazamiento forzado se consideraron por el CERREM como “riesgo ordinario”.

Cuando hablamos de los escoltas, la cosa es peor. Empecemos con que son pocos los escoltas contratados de manera directa por la UNP, y muchos son excombatientes de las FARC-EP que prestan servicios de protección a sus mismos compañeros. Los demás escoltas suelen ser contratados a través de empresas de seguridad. Estas empresas cambian constantemente de razón social, cada uno o dos años. Ya incluso la Superintendencia de Industria y Comercio está investigando a estas empresas. A los escoltas de la UNP no les gusta trabajar para líderes sociales porque, en nuestro caso, no tenemos recursos para subsidiar sus viáticos al momento de tener que viajar. Por eso les gusta trabajar para políticos, porque ellos sí tienen la plata para pagarles el hotel o la comida. ¿Y los viáticos? Estas empresas les exigen a los escoltas que sean ellos los que cubran los gastos y en muchos casos no les devuelven el dinero completo por “errores administrativos” al solicitarlos.

Por último, las camionetas tampoco son de propiedad de la UNP. Las empresas tercerizadas son las propietarias y andar en ellas es más peligroso que no tener esquema de seguridad en absoluto. Muchas de las camionetas entregadas tienen fallas mecánicas graves, no tienen las revisiones suficientes, suelen tener más de 100.000 km recorridos y seguir en funcionamiento, aun cuando los convenios firmados exigen renovación de los vehículos después de dicho tope. Eso no es todo: muchos líderes sociales no tienen esquema de seguridad porque no hay vehículos suficientes, pero el Congreso de la República tiene lleno su primer piso de parqueadero con vehículos blindados abandonados, cubiertos de polvo, sin prestar servicio alguno. Además, las empresas de seguridad reservan los vehículos nuevos para sus amigos cercanos, políticos que les favorezcan y perfiles de alto interés para sus negocios. Congresistas como Alejandro García —Representante a la Cámara por Risaralda— ya tuvo que denunciar problemas con el uso de las camionetas blindadas, porque la camioneta es una moneda de intercambio. El mejor carro va para el que haga más favores.

Esta conversación no da espera, por el álgido escenario político actual y las elecciones del 2026 cada vez más cerca. La UNP tiene que intervenirse para erradicar la corrupción dentro de la entidad y quitarles el negocio a los únicos beneficiados: Jorge Arturo Moreno Ojeda (Alliance), Alan Perlman (Neosecurity), Alejandro Salvio (Blinsecurity) y Luis Wilson González (GMW). Porque hoy la UNP no cuida, sino que negocia con el miedo y terceriza la muerte.