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El pasado 28 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue encontrado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. El 24 y 25 de junio de 2025, la fiscal Marlenne Orjuela presentó sus alegatos finales en el juicio. Según su exposición, el también exsenador habría sido el determinador de una operación para manipular testigos. A través de su abogado, Diego Cadena, Uribe intentó —argumenta la Fiscalía— que Juan Guillermo Monsalve se retractara de sus señalamientos, en los que lo vinculaban a él y a su hermano Santiago Uribe Vélez con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve es un exparamilitar que actualmente está recluido en la cárcel La Picota, pagando una condena por secuestro. En entrevistas con el congresista Iván Cepeda, realizadas a finales de 2011, tanto Monsalve como Pablo Hernán Sierra, otro exparamilitar, aseguraron que el Bloque Metro de las autodefensas tuvo origen en la finca Guacharacas, que fue propiedad de la familia del expresidente Uribe. En ese lugar, el padre de Monsalve trabajaba como mayordomo.
En 2018, Diego Cadena presentó unas cartas ante la Corte Suprema, supuestamente escritas por tres internos de la cárcel de Cómbita —donde Monsalve pagaba condena— en contra de Iván Cepeda. En ellas decía que Cepeda, en 2012, los visitó para ofrecerles beneficios por declarar contra Uribe. Sin embargo, la fiscal sostuvo que esas cartas fueron “fabricadas, inducidas o manipuladas”: según la Corte Suprema, no habrían sido escritas por los internos. En audiencias, los supuestos autores ni siquiera sabían a dónde iban dirigidas las cartas ni sus alcances. Todo esto, para la Fiscalía, configura el delito de fraude procesal. El ente acusador reiteró que el abogado Diego Cadena presentó las cartas como emisario directo de Álvaro Uribe, aun cuando no tenía poder formal para ello.
En su última intervención, el expresidente Uribe negó cualquier contacto con Monsalve a través de terceros. Dijo que nadie en su nombre “fue a la cárcel a hablar con Juan G. Monsalve”, y pidió ser declarado inocente.
Desde Cuestión Pública hemos seguido el caso con una cobertura continua, análisis judicial y entrevistas a protagonistas. El pasado 17 de julio, entrevistamos al senador Iván Cepeda, quien actúa como presunta víctima en el proceso, y al abogado Miguel Ángel Del Río, representante de Deyanira Gómez —expareja de Monsalve y reconocida como víctima, pues fue hostigada tras revelar grabaciones entre Cadena y Monsalve, en las que hablaban de ofrecimientos para declarar a favor de Uribe. Ambos han sostenido que fueron objeto de un montaje judicial impulsado por el abogado Cadena, tal como lo denunció el periodista Daniel Coronell, quien también ha sido blanco de ataques tras sus revelaciones.
El mismo día de la entrevista con Cepeda, comenzaron en redes sociales ataques personales en mi contra. Desde la cuenta de X @JuanpTello —seguida por el expresidente Uribe y por congresistas del Centro Democrático como Christian Garcés y Paola Holguín— se publicaron insinuaciones que me vinculan con delitos sexuales sin ningún sustento. Desde entonces, estos señalamientos se han sostenido.
Estas agresiones se producen en un momento clave del proceso: a pocos días de que se conozca el fallo en primera instancia. En ese contexto, cubrir el juicio en contra del expresidente más influyente de los últimos tiempos en Colombia no solo implica seguir cada audiencia o revisar documentos judiciales, también significa asumir los costos personales de informar.
La cobertura periodística del juicio a Álvaro Uribe ha puesto a prueba no solo a los jueces y a los testigos, sino también a quienes lo documentamos. Ninguna de estas difamaciones en mi contra podrá frenar mi trabajo en pro de reportar con rigurosidad sobre el juicio y la sentencia que enfrenta uno de los hombres más poderosos del país.
*Periodista de Cuestión Pública
Por José Marulanda
