Las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP no solo son un error político sino histórico que tienen 3 impactos directos, uno institucional, internacional y un impacto interno en la construcción de paz y aumento del conflicto armado.
La primera consecuencia es crear una desestabilización en la arquitectura institucional, hecho que a hoy no ha tenido precedentes desde la Constitución del 91, ya que el presidente Duque lo que hace es revivir normas que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional disfrazándolas de inconvenientes, e intentando vía congreso y con sus mayorías parlamentarias modificar la esencia de los acuerdos de la Habana, desacatando los pronunciamientos de la Corte que tienen la garantía constitucional de cosa juzgada, así Duque lo niegue nos lleva a un choque de trenes.
A nivel internacional la credibilidad del Estado colombiano queda en entredicho una vez más, demostrando que nuestra clase dirigente no está en la capacidad de crear políticas de Estado, sino que su estatura política se limita únicamente a crear políticas de gobierno que no superarán los 4 años; en un tema tan serio para la Comunidad Internacional como son los procesos de paz, es impresentable que el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos en sus declaraciones afirme que el actual gobierno no tiene obligación alguna de cumplir lo pactado en la Habana con las Farc ya que dicho acuerdo fue firmado en el gobierno anterior, afectando así la confianza que tuvieron todos los actores que acompañaron este proceso no solo desde la fase de negociación (países garantes, observadores y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), sino también en la fase de implementación, por ejemplo, los países cooperantes que destinaron fondos para poner en marcha proyectos productivos que por cierto a hoy siguen en veremos.
Por último, la implementación de los acuerdos a hoy es un fracaso ya que los modelos internacionales en negociación de conflictos armados sugieren que, una vez firmados los acuerdos se dé paso de inmediato a la puesta en marcha del sistema de justicia transicional. Para el caso de los Acuerdos de La Habana , la firma final se dio en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, es decir que a partir del día siguiente el modelo de justicia transicional ya debería estar en una fase avanzada; lo cierto es que a marzo de 2019, casi dos años y medio después apenas se está intentado dar el marco normativo a la JEP y ahora sumando este nuevo palo en la rueda gracias a las objeciones del presidente Duque fácilmente se podrá dilatar un año más en discusiones.
Por otra parte, la Dra. Patricia Linares presidenta de la JEP intenta dar un parte de tranquilidad al país manifestando que la institución sigue adelante; lo cierto es que si bien continúan con su trabajo este será a media marcha, lesionando los procesos y dejando a la Justicia Especial para la Paz en medio de un sabotaje político y jurídico.
En consecuencia, esto genera incertidumbre jurídica que afecta a los exguerrilleros que se encuentran aún en las zonas veredales y reforzándoles el argumento a las disidencias de que “el Estado no les cumplió lo acordado en términos de justicia ni en la implementación”. Con este escenario interno y este antecedente de cambio de reglas de juego, se cierra la posibilidad de algún acercamiento de proceso de paz con el Eln y a futuro deja un mal precedente para cualquier grupo armado que quiera negociar con el Estado colombiano, ya que es absurdo que después de 5 largos años de negociaciones que concluyeron con la firma del acuerdo final, un nuevo gobierno llegue a modificar todo lo acordado; sin lugar a dudas las Farc han sido una de las guerrillas más sanguinarias y violadoras de derechos humanos en América Latina, pero creer que faltando a la palabra del Estado se les va a castigar es un error, porque esto lo único que hace es generar un riesgo frente a la reactivación de una guerra que ya teníamos superada, parece que mas que pensar en las víctimas del conflicto armado este gobierno es un nostálgico de la guerra con las Farc.
* Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz
