Las Indicaciones Geográficas: construir para distribuir es mejor que redistribuir

La expresión redistribuir es utilizada de manera masiva desde una petición de principio: que redistribuir es bueno y genera bienestar general. Se proponen reformas tributarias redistributivas. La petición de principio es la preferida de los dogmáticos. Se trata de una falacia común. Todos incurrimos en ella. Pretendemos probar nuestras verdades asumiendo otras. “Todo pasa por algo”, “El que sabe sabe”, “Zapatero a tus Zapatos”, “El interés general prima sobre el interés individual” son algunas de las muchas expresiones utilizadas que incorporan peticiones de principio. Otra de ellas es “debemos hacer reformas tributarias redistributivas y progresivas”.

No me malentiendan, puede que algunas peticiones de principio sean realmente comprobables si se reformulan, pero mi invitación es a cuestionar algunas de las afirmaciones que hacemos a diario, como si fueran una verdad revelada e irrefutable. Por ejemplo, por hablar de redistribuir poco se dice de la necesidad de aumentar el capital colectivo para que se puedan realizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y es que la redistribución de la riqueza suena siempre atractiva, hasta que nos acordamos de que no es lo mismo distribuir 10.000 millones que 1.

Si se quiere alentar el crecimiento del agro, debemos pensar en estrategias que incorporen la construcción del empresariado rural generador de valor. Si el campo colombiano sigue generando masivamente bienes genéricos, como arroz, papa, quinua o tomate, no vamos a poder generar valor ni cumplir con los ambiciosos propósitos sociales que se han propuesto en las campañas políticas.

Es prioritario que Colombia mire hacia la historia del desarrollo rural generador de valor, que no necesariamente ha pasado por reformas agrarias o asignación de minifundios. Esa era una realidad de los siglos 19 y 20, que no necesariamente tiene vigencia hoy en día. Por lo menos, estoy convencido de que no es suficiente.

En la Decisión 486, en los ADPIC, en regulaciones de la SIC, se encuentra una herramienta de lujo que espera para ser aprovechada por el agro colombiano: las Indicaciones Geográficas, y en particular, las Denominaciones de Origen. Las Denominaciones de Origen permiten a un consumidor asignarle atributos al producto por su origen geográfico, y los factores naturales y humanos que lo hacen único. “Champagne”, “Café de Colombia”, o “Parmigiano Reggiano” son solo algunos ejemplos. Los intentos de aprovechamiento en Colombia siguen siendo aislados y no hacen parte de una política pública sostenible para el campo.

Las Indicaciones Geográficas contribuyen a la construcción de valor colectivo, tecnifican el campo, aumentan el valor de los salarios de las personas asociadas, generan beneficios a los ecosistemas porque exigen colaboración de las empresas que explotan los recursos comunes para su preservación -pues no de otra forma pueden garantizar su sostenibilidad-, y aumentan naturalmente la productividad de las zonas rurales afectadas.

Colombia tiene hace tiempo una regulación sobre la materia, pero se requiere la incorporación de una verdadera política pública, que eduque a los campesinos y empresarios del campo en esta figura, que acompañe en la creación de asociaciones o, como los llaman en Europa, consejos reguladores, que inyecte recursos para la tecnificación de la producción y la estandarización de los protocolos, como primer paso necesario para su protección. De ahí, dinero para su posicionamiento internacional y la exportación.

Se oyen voces de renegociación de los TLC. La invitación que hacemos es a que, antes de asumir también como petición de principio que son malos, se revisen alternativas como la anotada, que pueden significar la atracción de recursos para el campo de manera sostenible. A veces las soluciones están en nuestras narices…

* Magíster de la OMPI y la Universidad Austral en Propiedad Intelectual, socio de la firma de abogados OlarteMoure, y profesor de diversas universidades.