Las minas antipersonal amenazan a la niñez y la educación de Colombia

“Los niños y niñas están pagando con su vida o su integridad las consecuencias de un conflicto que sigue dejando cicatrices”: Alfonso Otoya.

Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cuántos menores de edad tienen que perder su futuro antes de que reaccionemos? En Colombia, la niñez sigue atrapada en un campo minado, literalmente. Las minas antipersonal y otros artefactos explosivos no solo ponen en riesgo sus vidas, sino que les roban uno de sus derechos más fundamentales: la educación. Tras este 4 de abril, Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Es momento de actuar.

Solo en 2024 se registraron 104 accidentes con artefactos explosivos, lo que representa un aumento del 3 % respecto al año anterior. Pero lo más alarmante es el incremento del 200 % en las víctimas menores de edad. Es decir, los niños y las niñas están pagando con su vida o su integridad las consecuencias de un conflicto que sigue dejando cicatrices profundas en nuestro país. En lo corrido de 2025, ya se han registrado 36 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar.

Sin embargo, el impacto de estas cifras va más allá de los números. Los desplazamientos forzados, los enfrentamientos armados y la presencia de minas antipersonal en territorios escolares han afectado directamente el derecho a la educación de miles de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Solo en Norte de Santander, más de 46.000 estudiantes tuvieron que suspender sus clases debido a la intensificación del conflicto según alertó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Para muchos, el aula dejó de ser un espacio seguro.

Así mismo, la interrupción del calendario escolar, la deserción y el rezago académico son otras de las consecuencias más graves de esta crisis humanitaria. Pero la problemática no se detiene ahí. La inseguridad en muchas comunidades ha provocado el desplazamiento de los docentes, el deterioro de la infraestructura escolar y ha incrementado el riesgo de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados.

Ante este panorama, la Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos (ERAE) se alza como una herramienta indispensable. En aquellos contextos donde el desminado es un proceso complejo, enseñar comportamientos seguros se convierte en la primera línea de defensa. Desde la Fundación Barco hemos implementado una estrategia educativa innovadora: solo en 2024 capacitamos a más de 4.315 personas en 12 municipios y llegamos a 57 instituciones educativas, formando a estudiantes y docentes en prácticas que salvan vidas.

Sin embargo, esta labor debe ir acompañada de un compromiso mayor por parte de las autoridades y de toda la sociedad. Es imperativo que se prioricen programas integrales de prevención y se implementen políticas que garanticen que cada niño y niña pueda asistir a la escuela sin temor. La continuidad educativa en entornos seguros es una responsabilidad compartida y, como tal, requiere de esfuerzos coordinados y sostenidos.

A pocos días de celebrado el 4 de abril, hacemos un llamado a la acción. No podemos permitir que la violencia siga arrebatando el futuro de nuestra infancia. La educación debe ser un santuario, no una zona de riesgo. Desde la Fundación Barco reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una Colombia donde ningún niño o niña tenga que elegir entre su seguridad y su derecho a aprender. Es hora de actuar, de unir esfuerzos y de garantizar que el futuro de Colombia no se vea empañado por la sombra de las minas antipersonal.

* Director de la Fundación Barco.